Declararon Lima y Adzich y no se descartan más funcionarios involucrados; cerró Ethical

Tras la indagatoria al exdiputado radical Marcos Carasso, declararon ante la Justicia Federal Gonzalo Lima y Pablo Adzich por presunto tráfico de influencias.

Se trata del gerente de la empresa Ethical y del titular de la Cámara de Internación Domiciliaria de Córdoba, quien es socio del primero.

Ambos ya habían sido imputados por supuesta asociación ilícita y defraudación al Pami.

Según trascendió, no se descartan más funcionarios públicos involucrados.

En tanto, cerró sus puertas la firma Ethical, que se encuentra en el ojo de la tormenta por presunta sobrefacturación al Pami.

Carasso fue citado por el Juzgado Federal de Río Cuarto, tras allanamientos en la oficina que ocupaba en el Tribunal de Cuentas de la Provincia y en su domicilio particular de General Cabrera.

En la investigación están el juez Carlos Ochoa y el fiscal Rodolfo Cabanillas.

El dirigente radical se desempeñaba como director de Jurisdicción No Permanente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, pero a raíz del impacto político que generó el tema decidió renunciar al cargo.

El día de la indagatoria, el abogado defensor de Carasso, Maximiliano García, señaló que faltaban las declaraciones de dos personas más.

Según consultó Puntal, esas son Gonzalo Lima y Pablo Adzich, quienes también fueron imputadas por presunto tráfico de influencias al igual que Carasso.

A raíz del revuelo político que generó la noticia, el exintendente de Cabrera difundió un comunicado aclarando su situación judicial, al sostener que no cometió ninguna defraudación contra el Pami.

El delito de tráfico de influencias se encuentra “en el artículo 256 bis del Código Penal de la Nación Argentina y castiga a quien solicite, reciba o acepte dinero, dádivas o promesas para ejercer indebidamente su influencia ante un funcionario público, buscando que éste haga, retarde o deje de hacer algo relacionado con sus funciones”.

Y quien lo cometa “será reprimido con prisión de uno a seis años e inhabilitación para ejercer la función pública”.