Hasta ayer, un total de 54 funcionarios municipales presentaron sus respectivas declaraciones juradas.
Cabe recordar que están obligados el intendente, los secretarios, subsecretarios y directores, concejales, tribunos de cuentas, el fiscal municipal, los jueces de faltas y, en general, todo el personal que administre fondos o patrimonio del Estado local.
La declaración jurada es una exigencia tanto para los funcionarios que asumieron como para los que dejaron su cargo en el ámbito municipal.
El universo alcanzado por la norma es de 65 funcionarios aproximadamente, entre ellos algunos que repiten en el cargo y unifican su declaración patrimonial.
En el marco de la ordenanza que reglamenta el procedimiento, al Tribunal de Cuentas Municipal le corresponde archivar la documentación patrimonial por el término de diez años. Atesora una versión completa, en sobre un cerrado que puede ser abierto solamente bajo la orden de un juez, funcionario judicial o sumariante municipal.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas es el encargado de cuidar que cada una de las declaraciones cumpla con los requisitos formales de presentación, aunque no realiza un control sobre el contenido del documento. Así, algunos funcionarios que completaron el formulario debieron corregirlo.
Las declaraciones juradas contienen datos sobre la composición del patrimonio del funcionario al momento de la inscripción.
En paralelo, una segunda versión reducida (sin datos catastrales, de dominio o del grupo familiar) se envía al Ejecutivo municipal, para que sea publicada. Este documento solamente hace referencia a los bienes y los montos que hacen al patrimonio del funcionario en cuestión.
