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Ante la crisis, inmovilidad

A veces, también lo previsible puede provocar un shock. El país sabía que la inflación de marzo había sido alta, la había padecido en carne propia, pero la oficialización del 6,7% intensificó el sentimiento de preocupación en la gente y en la dirigencia y la sensación de que la Casa Rosada está ganada por el desconcierto y la impotencia.

La inflación es un elemento corrosivo para el poder adquisitivo pero también para la política.

Días antes de que se conociera el IPC que elabora el Indec, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había salido a admitir que daría por encima del 6% y que ascendería así otro escalón peligroso. El funcionario, uno de los más castigados por el kirchnerismo duro, también se aventuró en una definición de orden general y advirtió que el gabinete de Alberto Fernández deberá gobernar con quienes están alineados con el modelo económico.

La política argentina está tan dislocada que esa definición, que en realidad es una obviedad rampante, sonó como un desafío. En otro contexto, con otro oficialismo, la frase de Guzmán habría pasado inadvertida. En la actualidad, lo evidente suena osado.

Una de las explicaciones que el oficialismo ensaya para la inflación es que se trata de un fenómeno a nivel global. Es verdad: la guerra en Ucrania desestructuró a una economía internacional que venía sufriendo aún la resaca de la pandemia. Pero en el mundo se trata de un problema de un dígito, mientras que en Argentina está más cerca de los tres que de los dos.

El país ya arrastraba una inflación elevada -Mauricio Macri coronó su desastroso gobierno con un 53% en 2019 a pesar de su política de ajuste monetario y fiscal- que se intensificó por factores endógenos. Uno de esos factores es la política. En realidad, Argentina no sufre sólo la inflación, sino que su principal deficiencia es la falta de gestión sobre la inflación.

El gobierno de Fernández ensaya una y otra vez las mismas recetas que en infinidad de ocasiones han fracasado. Es como aplicar siempre la misma medicina a pesar de que la patología no cede, sino que, por el contrario, avanza. Y el médico, en este caso Fernández, se empecina con la misma droga.

En el Ejecutivo cohabitan visiones diferentes sobre cómo enfrentar la suba de precios; tal vez esa situación no sea particularmente anómala. Pero sí lo es la inexistencia de una instancia de mediación -en este caso la decisión del Presidente- que establezca cuál de las miradas prevalece. Fernández parece inclinarse por la concepción de Guzmán pero mantiene a Feletti, que oscila entre prohibiciones, acuerdos y pataleos.

Una reacción normal ante la magnitud de la crisis implicaría cambiar el equipo de gobierno, al menos el económico, que ya parece agotado y sin ideas originales para enfrentar los problemas persistentes. Sin embargo, la crisis en la coalición hace que la decisión de Alberto sea no doblegarse ante Cristina y no capitular de manera definitiva, pero tampoco quiere romper. La consecuencia evidente es el inmovilismo. A Guzmán, a esta altura, lo está salvando la ofensiva tenaz de la vicepresidenta y de su primogénito, Máximo.

Al Gobierno lo agobian además los dólares. O, mejor dicho, su escasez. Esa es la raíz de la crisis energética que ya se manifestó y cuyos efectos serán doblemente nocivos porque agravarán la sequía de divisas y la inflación.

El gobierno de Córdoba apareció en todos los medios nacionales en las últimas horas porque reclamó una audiencia urgente con el secretario de Energía, Darío Martínez, por la provisión de gas.

Martínez no sólo no respondió al pedido de audiencia; ni siquiera les atiende el teléfono a los funcionarios de Juan Schiaretti.

En la semana, 30 empresas cordobesas recibieron de las distribuidoras la notificación de una restricción de entre el 20 y el 30 por ciento en el suministro de gas. De ese total, 12 de ellas tienen alternativas para seguir funcionando; a otras 18 las deja en situación desesperante.

El mismo aviso recibieron compañías de Santa Fe y de parte de la provincia de Buenos Aires.

En el gabinete de Schiaretti manifiestan que el problema es doble pero que la matriz es común: la imprevisión. Argentina deberá importar este año entre 4 mil y 6 mil millones de dólares de gas; si hubiera terminado 650 kilómetros del gasoducto Néstor Kirchner, no sólo no tendría que importar nada sino que, además, podría exportar por entre 14 mil y 18 mil millones de dólares. “Nosotros construimos 3.000 kilómetros de gasoductos, pero la Nación no puede terminar 650. Es un despropósito”, indicó un miembro del schiarettismo.

Con el gasoil pasa lo mismo: como no se invirtió en refinerías, las petroleras argentinas exportan petróleo y tienen que importar el gasoil. Una ecuación insana.

Si el gobierno nacional hubiera actuado a tiempo, señalan en la Provincia, hoy no sería tan vulnerable ante los fuertes aumentos de precios que el gas y el gasoil han registrado en el mundo.

En el Panal manifiestan que, a pesar de que se presentó públicamente el acuerdo entre gobiernos, Bolivia comenzó a entregar menos gas. Y esa diferencia entre el anuncio y la realidad tendría que ver con los tiempos: el entendimiento con el gobierno de Luis Arce debió producirse a más tardar en noviembre; se firmó en abril.

La cuenca neuquina también está restringiendo el suministro aunque, en ese caso, se debería a una parada por mantenimiento.

Pero en el gobierno de Córdoba señalan que, además, en los hechos se está produciendo un aumento encubierto. Las mismas empresas a las que les restringieron el servicio recibieron el aviso de que si no reducen el consumo un 30 por ciento, deberán afrontar una multa. Es decir, podrán acceder al gas que necesitan, pero más caro.

“Nos confunde. Es verdad que hay menos gas pero avisan que puede haber si se paga más”, indicaron en el Panal.

Por eso la Provincia pide una reunión con Energía; para saber cuál es el cuadro de situación real.

Mientras tanto, las industrias ya advirtieron que los inconvenientes con el gas recalentarán aún más los precios internos: si se produce menos, plantearon, los artículos que saldrán de las fábricas tendrán otro valor. Resultado: un golpe más para los consumidores.

Otra cara de la misma moneda es lo que pasa con la cosecha: el sector manisero señaló que la escasez de gasoil y el paro de transportistas podrían repercutir en la cosecha. Argentina es la primera exportadora de maíz a nivel mundial.

Sin gasoil suficiente, con paros de transportistas por la situación que padecen, la cosecha corre peligro y, por lo tanto, también las exportaciones que generan divisas.

Es decir, la crisis energética ya encarna una amenaza en doble sentido: en más incrementos de precios internos y en menos ingreso de dólares, dos problemas que derivan en más crisis y acrecientan otros inconvenientes como, por ejemplo, el de las importaciones.

Ante ese cóctel, el gobierno nacional oscila entre la negación y la impericia. El Centro de Transportistas de Río Cuarto indicó que desde que YPF prometió intensificar la oferta de gasoil, se produjo el resultado contrario. Las decisiones tardan en producirse y, cuando llegan, mueren sin pena ni gloria.