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Buscando una vía de escape para recortar los costos

En los últimos días, y en particular después de las manifestaciones del sábado, el Gobierno busca aferrarse a la propuesta de Vicentin que empuja el gobernador santefesino Perotti y a la que adhieren los representantes de Juan Schiaretti en la Cámara de Diputados

Una válvula de escape que pueda ser presentada como prenda de consenso y de entendimiento y no como una derrota para nadie es el objetivo del momento en torno al caso Vicentin. Hay muchos que se juegan un incómodo posicionamiento y pujan por una alternativa, mientras puertas adentro del Gobierno ya debería iniciarse el análisis de la presentación en conferencia de prensa de la intervención y posterior expropiación de la firma. Fue un fin de semana en el que claramente la Casa Rosada recibió dos duros reveses con el fallo judicial que corrió del lugar de piloto al interventor Gabriel Delgado y lo sentó en la tribuna a alentar; y por otro, el de la masiva movilización que tuvo más protagonismo en la franja amarilla del país. El mapa de las elecciones con la Patagonia y el norte pintados de azul y el sector central de amarillo, pareció reproducirse el Día de la Bandera.

El Gobierno generó muchas consecuencias con el proyecto presentado en una conferencia de prensa que ya empieza a disputarle la relevancia a aquella que organizó a fines de 2017 el exjefe de Gabinete Marcos Peña. Ya hay al menos una conferencia de prensa de cada gestión para recordar. En primer lugar volvió a mostrar que en Diputados el oficialismo necesita de aliados para alcanzar el quórum y aprobar proyectos que considere importantes. No deja de exponer una debilidad legislativa con eso.

Contó con el respaldo del peronismo cordobés en algunos claves de este primer tramo de gobierno. Pero en este caso de la agroexportadora ese apoyo es más complejo porque tiene a los legisladores de Juan Schiaretti en una disyuntiva de hierro: darle la espalda a su base electoral o dársela al Gobierno, de quien necesita en épocas de crisis profunda en las finanzas públicas de todos los niveles.

También generó ruido adentro del oficialismo en donde conviven posturas del kirchnerismo paladar negro con Sergio Massa. Justamente el presidente de la Cámara de Diputados fue el que se reunió la semana pasada con representantes de las cadenas productivas del país y las Bolsas, todas entidades que expresaron su rechazo a la idea de expropiación de Vicentin. El Gobierno expuso allí la cara más amigable, de la mano de Massa. Muchos, en ese encuentro vía Zoom, creyeron que comenzaba a desarrollarse un plan B al que había sido expuesto en la conferencia. Ayer, esa señal se intensificó con la reunión de Alberto Fernández y el interventor/veedor Gabriel Delgado. El mensaje que salió de esa reunión mano a mano fue: “No nos aferramos a las herramientas”. Pero se encargaron de remarcar que no hay abandono de la expropiación como alternativa. Eso por ahora no aparece explícitamente.

Otras consecuencias en el plano político del proyecto fue que aglutinó a la oposición que venía mostrando algunas grietas internas. Ahora hay un bloque monolítico alrededor del rechazo. Hasta hace dos semanas estaban los del sector tuitero y los de la gestión. El Gobierno los abroqueló.

Sin lugar a dudas que la manifestación del sábado fue otra de las consecuencias más visibles también. Alberto Fernández creó una ruptura con un sector que, si bien no lo acompañaba, permanecía tímido y sin expresión. Le dio la oportunidad de ubicarse nuevamente debajo de las luces y de sumar el acompañamiento de muchos actores que por sí solos no se hubiesen manifestado. Estructuró una amenaza en términos políticos que no aparecía en el radar.

En Córdoba el panorama frente a ese escenario parece cristalino. El sector de Juntos por el Cambio aprovechó la posibilidad de afirmarse como opositor abrazado a una causa que le queda cómoda y de paso recuperó protagonismo. En el caso de la dirigencia del Frente de Todos, las voces apoyaron la expropiación y se mostraron cerrados tras la figura del presidente Fernández. Y en Hacemos por Córdoba la declaración del viernes, a través de un tuit, empezará hoy a tener algunos detalles más. El oficialismo provincial aclaró que no comparte la idea de la expropiación y que hay que abonar un camino alternativo. Eso por un lado tranquilizó a los actores que motorizaron la protesta en más de 20 localidades de la provincia, pero al mismo tiempo abrió la duda sobre si Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez darán quórum. Esa es la clave en Diputados: si hay quórum, el oficialismo después impondrá su mayoría simple para aprobar la expropiación, si es que llega al Congreso, algo que está cada vez más en duda.

La idea es encontrar una vía de escape que le quite costo político al Presidente, que decidió encabezar aquella conferencia y ahora podría no cumplir con los anuncios de estatizar Vicentin. Pero además, esa vía alternativa dejaría mejor posicionados a dos interlocutores clave de Fernández: Omar Perotti y Juan Schiaretti. Los dos gobernadores tienen una situación de alta complejidad y concentraron en sus territorios la mayor cantidad de protestas. No tienen demasiado margen para oponerse a esas manifestaciones. El costo sería demasiado elevado y por eso empujan un plan B en zona gris. Sería la forma de no tener que optar por una u otra vereda y comprar más dificultades que las que plantea el momento desde lo sanitario y lo económico. Pero además, pensando en los meses por venir, que tendrán niveles de desocupación récord para la década, altos índices de pobreza e indigencia y necesidad de recursos para intentar socorrer a los más necesitados.