Luego de una sucesión de casos puntuales cuya importancia fue sistemáticamente minimizada desde el oficialismo, con excusas de valor dudoso o el argumento de que se trataba de casos aislados, la existencia de favoritismos en la distribución de las vacunas contra el Covid-19 quedó demostrada de un modo tan escandaloso y elocuente que le costó el puesto a un funcionario que venía resistiendo embates y cuestionamientos desde el mismo desembarco de la pandemia en la Argentina. El alejamiento de Ginés González García no alcanza de ningún modo a reparar el daño propinado a la credibilidad del gobierno nacional y, lo que es mucho más grave, a la confiabilidad de un plan clave para paliar una crisis sanitaria cuyo impacto negativo no puede menos que multiplicarse con este tipo de tropiezos.
Desde hace meses el oficialismo viene respondiendo cada observación que se le realiza respecto de su manejo de la pandemia con un rechazo tajante que rara vez excluye la descalificación automática del interlocutor. Poco importa si las críticas son fundadas o no, si se basan en impresiones o en datos concretos, si provienen de adversarios políticos o de expertos independientes: siempre son arteros ataques de aliento conspirativo, cuando no directamente actos criminales que intentan sabotear los esfuerzos de las autoridades para cuidar a una población que para colmo es percibida como proclive a dejarse engañar.
Hoy queda claro que ninguno de estos cuestionamientos puede alcanzar ni remotamente la potencia destructiva emanada de las arbitrariedades cometidas desde el propio Gobierno. Que ya habían quedado evidenciadas, por ejemplo, a través de los permanentes vaticinios respecto de la marcha de la pandemia que una y otra vez se demuestran fallidos, o de la grosera apropiación partidista de la campaña de inmunización, detrás de la cual es indisimulable la pretensión de un aprovechamiento electoral como el que, paradójicamente, se le quiere endosar a los críticos. Pero ha sido llevado a extremos intolerables con el sistema paralelo para hacerles saltear a aliados, amigos y favorecedores los procedimientos legales, que arrancó con la reserva de tres mil dosis fuera del reparto oficial y terminó en el insólito “vacunatorio VIP” en el Ministerio de Salud.
Desde luego, esta propensión al favoritismo, a conseguir ventajas a través de contactos políticos, es un rasgo cultural desafortunadamente muy arraigado en la Argentina y obviamente en este gobierno, como dejó en evidencia no hace mucho la oferta de un puesto a su empleada doméstica por parte de la titular del Inadi, que por otro lado sigue en su cargo. Pero, cuando se observa a figuras públicas supuestamente dedicadas a servir y representar al pueblo o a los trabajadores desplazar a quienes tienen más derechos y necesidades que ellos, da la impresión de que el despliegue de miserias humanas ha quebrado una barrera ética invisible con la complicidad de un Estado que debería estar custodiándola.
Pero acaso la perla de este desaguisado la proporcione la designación, en reemplazo de González García, de quien se desempeñaba como su número dos y cuyo protagonismo en el plan de vacunación ha sido superior al del propio ministro renunciante. En este marco, suponer que Carla Vizzotti no estaba al tanto de las tres mil dosis reservadas a los vacunados de privilegio, o del propio “vacunatorio VIP”, requiere de una ingenuidad superior a la media incluso dentro de quienes aprueban el desempeño del Gobierno, que en esta materia se han quedado sin argumentos para defenderlo.