El Gobierno apelará el fallo que le dio cinco días para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
La Casa Rosada llevará la intimación del juez Martín Cormick a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al sostener que ya dio cumplimiento a la medida cautelar vigente
El Gobierno nacional decidió apelar la resolución judicial que le fijó un plazo de cinco días para cumplir de manera total con la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación se realizará ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, según confirmaron funcionarios involucrados en el expediente.
La decisión apunta contra la intimación dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, quien sostuvo que "no existe cumplimiento total" de la cautelar y advirtió que podrá aplicar multas por cada día de demora si el Ejecutivo no cumple dentro del plazo establecido.
En la Casa Rosada todavía analizan si solicitarán que la apelación tenga efecto suspensivo, lo que abriría una discusión específica sobre si la intimación continúa produciendo efectos mientras interviene la Cámara. Esa decisión aún no está tomada. La posición oficial, en tanto, es que el Ejecutivo ya acreditó ante la Justicia el cumplimiento de la medida cautelar, y ese argumento será uno de los ejes centrales de la presentación.
El historial del conflicto judicial
La apelación no reabre la discusión sobre la cautelar original, que quedó firme. Cormick la dictó en diciembre de 2025 y ordenó aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y con la actualización de los programas de becas estudiantiles. La medida fue confirmada luego por la propia Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, y el 25 de junio la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario del Ejecutivo por no estar dirigido contra una sentencia definitiva.
El litigio de fondo apunta contra el decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la ley pero subordinó su ejecución a la definición de las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar el gasto. Esa causa todavía no tiene sentencia definitiva.
En junio, la Secretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios firmaron un acta que contempló una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y mayores partidas para hospitales universitarios y becas. Con ese acuerdo, el Gobierno pidió que se levantara la cautelar, pero Cormick rechazó el planteo el 1 de septiembre al considerar que el Estado no había acreditado una solución definitiva al deterioro salarial.
La negociación volvió a fracasar el 17 de septiembre. El Ejecutivo mantuvo una propuesta adicional del 3% para los salarios universitarios, que los gremios rechazaron por considerar insuficiente la recomposición ofrecida.
Presupuesto 2027 y marcha universitaria
En paralelo al frente judicial, el Gobierno busca llegar a un acuerdo con las universidades en el marco del debate del Presupuesto 2027. El proyecto oficial contempla 7,3 billones de pesos para financiamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional calcula necesidades cercanas a 11 billones de pesos. La estrategia oficial es que un eventual acuerdo presupuestario permita también modificar el escenario judicial, aunque cualquier cambio en la cautelar deberá ser resuelto por los tribunales.
Mientras tanto, las universidades y los gremios mantienen las medidas de fuerza y ratificaron la realización de la Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.