El Gobierno argentino manifestó su "profundo desacuerdo" con la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
"Esta resolución ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbolá", indica un comunicado publicado por el presidente Javier Milei en su cuenta de X.
"Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana, y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población. Criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional", agrega la información.
En tanto, indica que Argentina "se solidariza con Israel, reafirma su derecho a proteger a su pueblo y exige la liberación inmediata de todos los rehenes".
"Hacemos un llamado a la comunidad internacional para condenar las acciones de Hamas y Hezbolá, defender la soberanía de Israel y actuar con justicia e imparcialidad en la búsqueda de una paz duradera en la región", finaliza el comunicado.
La CPI emitió hoy órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, así como contra líderes de Hamas, por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la guerra en la Franja de Gaza y los ataques en Israel del 7 de octubre de 2023, que desataron la ofensiva contra el grupo terrorista en ese territorio palestino.
Las órdenes de arresto fueron emitidas de manera unánime por los tres jueces de la CPI, el único tribunal capaz de juzgar a individuos de cualquier país por los crímenes más graves de la tipificación jurídica internacional, suscribiendo de esta manera las acusaciones formuladas por el fiscal de la corte, Karim Khan, relativas a la ofensiva israelí en Gaza y a los ataques de Hamas del año pasado en Israel.
A partir de esta disposición, tanto Netanyahu como Gallant son ahora fugitivos internacionales susceptibles de ser detenidos si viajan a cualquiera de los 120 países que están adheridos a la CPI, que tiene su sede en La Haya, Países Bajos.
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