También estableció los valores para los meses de agosto, septiembre y octubre
Tras fracasar en las negociaciones con el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Gobierno determinó por decreto en el Boletín Oficial de ayer el nuevo piso salarial que pasará de $234.315,12 a $254.231,91 para julio.
Además, adelantó las subas de los próximos meses: el piso será de 262.432,93 pesos en agosto, 268.056,50 en septiembre y 271.571,22 en octubre.
El Gobierno advirtió que podría volver a aumentar por decreto si no hay acuerdo.
De no haber sufrido la pérdida de poder adquisitivo desde finales de 2015 hasta la fecha, el salario mínimo en julio de este año sería de aproximadamente $540.000 y representaría más del 143%.
El poder adquisitivo del salario mínimo cayó 32% desde que gobierna Javier Milei y alcanzó niveles de 2001.
Pese a la suba dispuesta por la administración nacional, el sueldo básico se mantiene como el menor en 30 años y está todavía muy alejado del pedido inicial de la CGT, que había propuesto que saltara a $480.000.
El salario mínimo alcanza a "todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley Nº 20.744, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúe como empleador", según precisa la resolución publicada por el Gobierno a través del Boletín Oficial.
Luego de fracasar en la negociación en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la CGT emitió un fuerte comunicado titulado "Otra vez sopa: un ofrecimiento empresario que no está a la altura de las circunstancias".
En el texto habla de "insensibilidad social" por parte de los empresarios por la propuesta de $245.094 presentada por ellos. Muy lejos de los $480.000 que había pedido la central de trabajadores. Además, solicitó al Gobierno que no convalide esta "vergonzosa oferta".
Finalmente, el Gobierno resolvió determinar un piso apenas por encima del sugerido por el sector empresario.
En otro orden, las autoridades analizan otorgar un subsidio por hasta 12 meses para que empresas privadas contraten empleados públicos que pasen a “disponibilidad”. Esta es una de las ideas del flamante ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, en su plan para racionalizar el gasto estatal.
La intención es que, en el marco del objetivo para reducir personal y achicar la estructura del Estado que tiene en mente el principal ideólogo de la Ley Bases, los empleados que se encuentren en planta permanente pero pasen a quedar afectados por la reestructuración o reducción de organismos puedan insertarse en el sector privado formal.
El personal que no sea reubicado estará obligado a recibir capacitación o desarrollar tareas para otro organismo durante 12 meses, con goce de sueldo. Luego de ese período, si ese trabajador no encontró un puesto en el sector privado será despedido e indemnizado. La alternativa que baraja el Gobierno, que “no será inmediata” según explican, es que exista un régimen de “incentivos” a empresas para que contraten a los exempleados públicos.
“Cuando se fusionan o cerrás organismos, ¿qué haces con la gente? Se le protege el salario durante 12 meses y después se le da una indemnización. Vamos a hacer un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda ir a una empresa privada y le diga: ‘Probame’. Y esa plata, esos 12 meses se la vamos a dar a la empresa. Si el trabajador quiere se la damos a él, pero si elige se la damos a la empresa”, explicó recientemente Sturzenegger en declaraciones a Radio Mitre.
Por otro lado, la Afip encontró diversas inconsistencias entre contribuyentes inscriptos en el régimen de Monotributo, por lo que comenzó acciones tendientes a determinar su verdadera capacidad contributiva y a invitarlos a que se adhieran a los regímenes de regularización del nuevo Pacto Fiscal.
Así lo informó la Afip mediante un comunicado, en el que expresó que “tras las recientes mejoras en el Monotributo, la ampliación de los montos de facturación, la puesta en marcha del Nuevo Pacto Fiscal y la posibilidad de regularizar activos y deudas a una tasa del 0%, analiza a los contribuyentes que deben adecuar su situación fiscal”.
