El Gobierno de Javier Milei defendió este viernes la reforma que implementó en la Ley de Inteligencia, al argumentar que está “alineada con los más altos estándares democráticos”.
La administración libertaria salió así al cruce de los cuestionamientos que recibieron los cambios aplicados mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial sin un previo tratamiento parlamentario.
El texto normativo, entre otras modificaciones, reestructura la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y le otorga nuevas facultades.
En un comunicado, el Gobierno nacional afirmó: “Los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial a partir del liderazgo del presidente Javier Milei, requieren que la Nación cuente con un sistema de inteligencia nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”.
Uno de los puntos más criticados de la reforma reconoce a los agentes de inteligencia la posibilidad de aprehender personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, con la condición de dar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
“[Este punto] contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”, dijeron desde el interbloque Unidos (conformado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal).
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