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El Gobierno impedirá cortes de los servicios públicos por 180 días

Las empresas prestadoras de luz, gas por redes, agua corriente, telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable no podrán suspender su producto por mora o falta de pago de hasta 3 facturas desde el primero de marzo

El Gobierno resolvió que las prestadoras de servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable no podrán suspender los servicios por mora o falta de pago durante los próximos tres meses, en el marco de la emergencia por el coronavirus.

Según el contenido del decreto al que accedió la agencia NA, que será publicado hoy, los tres meses comenzarán a correr con retroactividad al primero de marzo último, con lo que por ahora se cumplirá hasta el 31 de mayo.

La medida dispone que quedarán alcanzados por este beneficio los usuarios con aviso de corte en curso.

Es para los usuarios residenciales de los sectores más postergados y para pequeñas empresas, cooperativas y empresas de salud.

Los usuarios morosos beneficiados por la normativa tendrán un margen de hasta 3 facturas consecutivas impagas o intercaladas antes de que las empresas puedan proceder al corte.

Si se tratare de servicios de telefonía fija o móvil, internet, y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, las prestatarias quedarán obligadas a mantener un servicio reducido, conforme se establezca en la reglamentación.

"Estas obligaciones -mantener un servicio reducido- se mantendrán por el plazo de 180 días corridos a contar desde la vigencia de esta medida", indica el decreto.

Por medio de otro decreto decidió suspender hasta el 30 de abril inclusive la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación a los clientes que no puedan cumplir con sus compromisos con el pago de cheques por falta de fondos.

También determinó la suspensión de la obligación establecida en el artículo 12 de la Ley N° 14.499, respecto de que las instituciones crediticias requieran a los empleadores, en forma previa al otorgamiento de crédito, una constancia o declaración jurada de que no adeudan suma alguna en concepto de aportes y/o contribuciones, o que, habiéndose acogido a moratoria, se encuentran al día en el cumplimiento de la misma.

Las decisiones dadas a conocer anoche se inscriben en la batería de medidas implementadas por el gobierno nacional para morigerar los efectos económicos del coronavirus.

En los considerandos del decreto de necesidad y urgencia que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, se sostiene que la situación económica actual "hace prever que el rechazo de cheques por falta de fondos, habrá de incrementarse por efecto de esa situación y no necesariamente por un inadecuado uso del instrumento por parte de los libradores".

Y que, "en tales circunstancias, la aplicación de las multas previstas para el caso de rechazo de cheques no sólo no cumpliría su finalidad, sino que agravaría la situación de sujetos ya afectados por la coyuntura económica descripta y el cierre de la cuenta e inhabilitación que impone el artículo 1° de la Ley N° 25.730 privaría a los agentes económicos afectados por estas de un elemento esencial para poder desarrollar sus actividades, perjudicando la posibilidad de realizar y recibir pagos, con el consecuente daño al conjunto de la economía".

No hay que perder de vista que el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, aseguró ayer que la autoridad monetaria evalúa reactivar antes del 31 de marzo el clearing de cheques para evitar rupturas en la cadena de pagos.

En medio de la pandemia de coronavirus, el Gobierno continúa avanzando con medidas para paliar las consecuencias económicas, sanitarias y sociales.