La licitación, lanzada por el Ministerio de Seguridad provincial para incorporar 15 drones de última generación al servicio operativo y de vigilancia, fue suspendida por el Tribunal antes de avanzar en adjudicaciones. El Ejecutivo aseguran que esos equipos formarían parte de una nueva unidad especializada de vehículos aéreos no tripulados con múltiples usos, desde patrullaje preventivo hasta apoyo en operativos judiciales y rescates.
Fuentes del oficialismo criticaron con nombres propios a los vocales que encabezan la mayoría que tomó la decisión. Se trata de Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas, y Fernanda Leiva, quienes según allegados al Ejecutivo “actuaron con un sesgo político y no técnico al bloquear la contratación”.
Desde el gobierno provincial señalaron que la intervención del Tribunal de Cuentas afecta la capacidad de la Policía de Córdoba para modernizarse en momentos en que la seguridad es una prioridad para la gestión de Llaryora. “Este tipo de trabas no sólo obstaculizan un proceso de modernización necesario, sino que también reflejan un uso político de un órgano que debería ser técnico e independiente”, dijeron voceros oficiales, en referencia a Corvalán y Leiva.
La mayoría del juecismo defiende su decisión argumentando que su función es la de controlar el cumplimiento de normativas en los actos administrativos y el uso de los fondos públicos, y que su voto en contra se basó en observaciones formales sobre el procedimiento de la licitación, más allá de la finalidad del equipamiento.
La polémica se inscribe en un clima de tensiones más amplio entre el Ejecutivo provincial y el Tribunal de Cuentas, donde el presidente del bloque de legisladores oficialistas, Miguel Siciliano, había denunciado previamente “obstrucciones del juecismo” en otros actos administrativos y decisiones de control fiscal.
El gobierno provincial asegura que buscará los mecanismos administrativos y jurídicos necesarios para revertir la medida y poder avanzar con la compra de los drones, mientras que sectores opositores sostienen que el control del Tribunal responde a su rol institucional de fiscalización más que a intereses políticos.
