El Gobierno quiere bajar el corte de etanol: fuerte impacto en Córdoba

El oficialismo finalmente dejó en claro ayer cuáles son sus planes para los biocombustibles en el marco de la reunión de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados a la que asistió el secretario del área, Darío Martínez. Tal como se adelantó ayer en este diario, la propuesta quiere bajar el corte de etanol y de biodiésel en los surtidores: el primero de ellos del 12 al 10 por ciento, mientras que para el segundo pasaría del 10 al 5 por ciento.

Pero allí no terminarían las novedades, porque el etanol tiene un escalón más de especificidad en la propuesta ya que el Gobierno decidió proteger la producción a base de caña de azúcar radicada en Tucumán, Salta y Jujuy porque de los 10 puntos de corte 6 quedarán para ese sector. Es decir que prácticamente no perderán niveles de producción, mientras en términos porcentuales crecerán porque deberán abastecer el 60% del corte total.

En cambio, la otra matriz con la que se elabora etanol, que es el maíz, recibirá la peor parte. Puntualmente el maíz de Córdoba tendrá el impacto más fuerte porque deberá resignar los 2 puntos de etanol que se disminuyen y en lugar de aportar los 6 actuales, sólo quedarán con 4. En porcentajes, pasarán de alimentar la mitad del mercado, al 40% si la propuesta oficial se aprueba.

Pero hay más. Entre las etanoleras de maíz se dividirán las aguas entre pymes y no pymes. Ayer, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, dejó en claro en varias oportunidades que el Gobierno quiere proteger a las pymes y que el resto, al tener otras condiciones, deberán correr con los mayores costos. Concretamente de ese lado quedará AcaBio, de Villa María, y Promaíz, de Alejandro Roca, las dos plantas más grandes que elaboran etanol a base de maíz. “Es insólito que se quiera castigar a las más eficientes y a las que más invirtieron en estos años”, se quejó Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz.

Para el directivo, “se trata de un proyecto ‘anti-Córdoba’ que impulsa el Ejecutivo Nacional. Nosotros no compartimos en absoluto que se quiera retroceder en el uso de biocombustibles cuando el mundo entero va hacia adelante, para tener una matriz energética más sustentable. Argentina ahora quiere dar marcha atrás. Si prospera, esto sin dudas complica muchísimo a las empresas de Córdoba y las pone en una situación muy delicada”, agregó Adam.

El encargado de dar detalles del proyecto, en la comisión que comenzó a sesionar pasadas las 17 y se extendió hasta las 20.30, no fue el secretario Martínez, sino el diputado del Frente de Todos por Santa Fe, Marcos Cleri. Él fue el que avanzó sobre datos concretos que contiene la propuesta oficialista que desconocía la gran mayoría de los asistentes a la reunión, entre los que había representantes de distintas cámaras empresarias y diputados de diferentes bloques.

Cleri no dudó en destacar que se busca proteger al sector de los ingenios azucareros “que emplean a 70 mil personas en el Norte”, y remarcó la necesidad de “dar un paso hacia adelante y sancionar una nueva ley y no una prórroga”.

Allí Cleri volcó información inexacta sobre la capacidad de producción de las dos plantas más grandes de etanol de maíz, a las que atribuyó capacidad para sostenerse sin la ayuda que necesitan las pymes. Puntualmente, el legislador indicó que AcaBio tiene una capacidad de elaborar 300 mil metros cúbicos al año, cuando la capacidad instalada de la planta de Villa María es de 175, aunque tiene inversiones en marcha para alcanzar los 250 mil metros cúbicos anuales. Además, Cleri remarcó que Promaíz puede producir 450 mil metros cúbicos y en realidad la planta de Alejandro Roca puede elaborar 210 mil, poco más de la mitad. “Entre ambas podrían absorber toda la cuota de las de caña”, indicó el diputado santafesino que lamentó que el Estado no haya seguido adelante con la expropiación de Vicentín para hacer una YPF de la agroindustria.

Tanto Martínez como Cleri enfocaron en la judicialización que abrieron las plantas de etanol el año pasado cuando transitaron sin aumentos de precios y paralizaron su producción. De hecho, ambos coincidieron en la necesidad de un nuevo marco normativo “que nos saque del contexto judicial”.Como se recordará, Bio4 fue la primera en recurrir a los tribunales federales para que se le reconozca un mayor precio por la producción que le entregaba a las petroleras, y el juez Carlos Ochoa hizo lugar al planteo. Eso abrió la posibilidad de que otras empesas siguieran ese camino.

Finalmente Cleri se refirió al biodiésel, donde su provinia es gran protagonista. Allí destacó que se producen 1.250 toneladas para exportación. “Y cuando vimos a dónde exportaban, vimos que iba a Europa a través de Holanda y Bélgica. Pero el 30% iba a Malta y nos llamó la atención. Después descubrimos que en realidad se trata de un paraíso fiscal”, disparó el diputado del Frente de Todos.

Por último, el secretario Martínez también remarcó que “en la ley 26093 hubo cosas que no funcionaron y además hay un escenario distinto. En 2006 no se tenía en cuenta el impulso a Vaca Muerta que se dio en 2010, por ejemplo”. Y agregó: “La nueva norma debe contener la discusión ambiental, la transición energética, cuidado de puestos de trabajo, fortalecer las pymes y entender el impacto en otros sectores”.