En una contrapropuesta, el Gobierno reduce las empresas a privatizar y acota facultades delegadas

Presionados por la posibilidad de una derrota en el recinto, el Gobierno envió en la tarde de ayer una contrapropuesta con modificaciones al nuevo dictamen sobre la ley de “Bases” en debate en la Cámara de Diputados. En uno de los capítulos más conflictivos, el de privatizaciones de las empresas públicas, el oficialismo decidió acortar de 36 a 27 las compañías a ser declaradas sujetas de privatización total, mientras que otras tres –Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica- podrán ser privatizadas parcialmente.

Las siete empresas que quedaron fuera del nuevo listado son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice); Casa de la Moneda; Fabricaciones Militares; Radio Universidad de Córdoba; Radio Universidad del Litoral; Vehículo Espacial Nueva Generación SA y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).

En cambio, permanecen en el listado Aerolíneas Argentinas; Ferrocarriles Argentinos; Correo Oficial; Enarsa; Belgrano Cargas, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, entre otras.

La contrapropuesta descomprimió la tensión en torno a la aprobación en particular del megaproyecto del Gobierno. En efecto, tomó varias de las sugerencias de los bloques de oposición dialoguista, que reclamaban no solo acortar y segmentar el número de empresas a ser privatizadas; también reclamaban especificar las potestades que tendrá la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones para ejercer el control de los procesos, en cuanto se pongan en marcha.

En la contrapropuesta, el oficialismo establece que la Comisión Bicameral “podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo”. Asimismo, se establece que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) actuarán en colaboración permanente con esta comisión.

Por otra parte, en su contrapropuesta el oficialismo también accedió a eliminar la declaración de emergencia en materia fiscal, con lo cual quedarán en seis la cantidad de emergencias a ser declaradas: económica, financiera, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa.

En lo que el oficialismo no dio el brazo a torcer es en el artículo referido a la toma de deuda en moneda extranjera; en efecto, en la contrapropuesta se insiste con derogar el artículo primero de la norma aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández que establece límites para contraer deuda externa.

Esta última propuesta es el gesto que esperaba la oposición dialoguista para encauzar el debate en particular de la iniciativa, prevista para mañana. “En principio este nuevo texto acerca bastante las posiciones, vamos a evaluarlo”, indican desde los bloques del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal.

La Nación evalúa avanzar en un nuevo pacto fiscal con gobernadores

Tras la escalada de tensión, el presidente Javier Milei evalúa la posibilidad de trazar un nuevo pacto fiscal junto a los gobernadores, que reclaman fuentes de financiamiento para sus provincias.

Luego del debate en torno a la chance de coparticipar el Impuesto País, en el marco de la ley de ómnibus, el Gobierno evalúa una convocatoria para acercar posiciones, de la cual aún no hay precisiones. Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió la intención de iniciar un camino para tratar el paquete fiscal, pero especificó que tendrá lugar al término del proceso legislativo en el Congreso y sujeto a la aprobación de la ley ómnibus.

"Con respecto a la reunión con gobernadores, se evaluará con qué actores deberemos reunirnos para avanzar, pero es algo que no está planteado ni confirmado. Estamos abocados a terminar la tarea legislativa de la ley ‘Bases’", explicó en su habitual conferencia de prensa.

“No hay apuro”

Sin fecha ni horario, desde la gestión aseguran que "no hay apuro" para tratar el paquete fiscal, que solo se conversará si se aprueba la ley, y enfatizan en que, hoy "lo importante es la ley, no lo impositivo". “Los apurados son los gobernadores. Es un tema de ellos porque son los que se van a desangrar con el ajuste", subrayó una fuente de Gobierno.

A diferencia de lo expuesto por el diputado Miguel Ángel Pichetto, quien aseguró que el Gobierno oficializaría este jueves la convocatoria a la reunión, desde el entorno de Milei descartan la existencia del llamado. "No hay ninguna reunión ya confirmada", sostuvo Adorni, al tiempo que prometió que se sentarán a dialogar "con cada uno de los actores que sean necesarios para intentar superar el proyecto original de la ley".

Cabe recordar que el ministro del Interior, Guillermo Francos, una de las piezas claves del Presidente para la negociación, fue de los primeros en hablar de la voluntad de trazar un nuevo pacto fiscal aunque sin detalles.