La crisis de fin de año y el enemigo interior

En Argentina, el fin de año no parece ser un período de tiempo sino una enfermedad. Recurrente, persistente, rara vez no se manifiesta ese síndrome que ubica al país al borde del desastre.

Los síntomas suelen ser la economía, siempre la economía, el deterioro social y el malestar de la sociedad, que se extiende pero que sólo excepcionalmente cruza los límites.

Se están cumpliendo 20 años desde la explosión de 2001, cuando el país entero saltó por los aires, cuando no sólo se sucedían los presidentes sino que tambaleaban las instituciones, y no parece haber sido precisamente un período de acumulación de aprendizajes.

Lo que acaba de ocurrir en el Congreso de la Nación es una constatación: la política no está a la altura de la crisis. Argentina arrastra una deuda impagable, las reservas está exhaustas y la inflación supera el 50% pero, en ese contexto, quienes conducen el país o pretenden hacerlo, quienes generaron la deuda o quienes deben encontrarle una solución, no pudieron, ni parecieron querer tampoco, encontrar un modo de generar un mínimo de certeza en medio de tanta incertidumbre. Porque eso es un presupuesto; al menos un principio de organización.

De un lado y otro, ahora, por supuesto, se lanzan acusaciones para desprenderse de la responsabilidad y adjudicársela por completo al adversario.

Siempre, o al menos en una enorme mayoría de las ocasiones, ese tipo de fracasos son atribuibles principalmente al oficialismo. Porque es el actor político que debe sondear los canales que le permitan construir una mayoría legislativa. En este caso, el Frente de Todos pareció encaminarse ciegamente al fracaso sin revisar su libreto ni sus procedimientos: siguió actuando como si no hubiera existido una elección y la correlación de fuerzas no hubiera cambiado. La frutilla del postre fue el discurso de Máximo Kirchner, que difícilmente pueda considerarse un exabrupto antes que una acción intencionada.

Pero la oposición no puede evadirse por completo de lo que ocurrió en esas 22 eternas horas de debate. Porque la lógica de su conducta aparece más guiada por la especulación política, y por la necesidad de expresar un tipo de antikirchnerismo capaz de aglutinar la representatividad de ese sector, que por la responsabilidad institucional.

Por supuesto que la política es eso, un juego de posicionamientos que tienen en cuenta el presente y el futuro, pero en algún momento, en alguna instancia, debe considerarse también la coyuntura en la que se despliega la actividad política: la crisis no puede ser sólo una figura retórica.

Juntos por el Cambio, que está dividido en diez en Diputados, enumeró una serie de críticas al oficialismo y al presupuesto que eran, en muchos puntos, atinadas. ¿Pero hubiera variado su actitud, su rechazo al proyecto, si el oficialismo lo modificaba? Esa fuerza política está embarcada en una interna compleja y descarnada que lleva a cada sector a sobreactuar posturas para no perder terreno en la carrera hacia 2023.

El mismo interrogante puede aplicarse para el Interbloque Federal, en el que se encuentran los tres diputados del schiarettismo. ¿Hubiera votado distinto si el gobierno revisaba el proyecto o su posición estaba previamente determinada por el discurso que ha venido hilvanando en los últimos meses y por la necesidad de no aparecer ligado al kirchnerismo? Hacemos por Córdoba viene de una elección legislativa en la que perdió por 29 puntos y, a diferencia de lo que ocurrió en el primer tramo de gobierno de Alberto Fernández, de ahora en adelante, con el 2023 en la mira, no puede encarar acciones que a los ojos de los cordobeses lo liguen a un oficialismo que en Córdoba cae antipático y, encima, está debilitado.

¿Tenía algo por hacer el gobierno nacional en ese contexto? Bastante más de lo que hizo. Sondear cambios, mostrarse dispuesto a la negociación, auscultar los pliegues de la oposición para ver hasta dónde podía aprovecharse en alguna medida de la interna en la que está inmerso Juntos por el Cambio. Por ejemplo, después de la votación, la Coalición Cívica salió a decir que “voltear el Presupuesto” no debió ser una opción.

El gobierno ni siquiera ensayó una estrategia para sacar provecho de esas grietas.

La administración podrá funcionar sin presupuesto; de hecho, Fernández prorrogará el actual. Sin embargo, lo que cristaliza el capítulo en Diputados es la incapacidad de la política para captar lo grave del momento. Además, abre un enorme margen de discrecionalidad.

Ahora, el flujo de fondos desde la Nación hacia las provincias es una incógnita y estará sujeto a la voluntad de la Casa Rosada. En ese plano, Córdoba no parece tener por delante un 2022 promisorio. La gobernación se asienta en que el manejo de los recursos propios le permite no estar supeditada a los fondos que lleguen de la Nación. La economía cordobesa le permite priorizar la política.

Juan Schiaretti apuesta a la construcción de un proyecto nacional, enfrentado al kirchnerismo, y en el plano interno a la preservación de sí mismo como figura gravitante. En el PJ aseguran que está la decisión tomada de dar internas en toda la provincia en marzo de 2022; el único cargo que no estará en discusión será el de jefe del partido, que quedará para el gobernador; de ahí para abajo se habilitará la disputa entre los grupos internos. Es la remake de una vieja máxima de la política: divide y reinarás.

¿Qué pasará en Río Cuarto? En marzo podría finalmente expresarse una competencia que ha permanecido reprimida.

El intendente Juan Manuel Llamosas, mientras tanto, sostiene un criterio que baja desde la Provincia: que el acento debe ponerse en la gestión porque esa es la única vía que puede conducir a un doble destino: que el PJ siga gobernando la ciudad en 2024 y que él mismo alcance proyección provincial.

En el plano financiero, siempre central, Llamosas acaba de cerrar un frente no menor: canceló la deuda de 14,8 millones de dólares que su administración tomó en 2017 y ahora tiene por delante un panorama aliviado.

El Municipio anunció el pago de la última cuota, que se efectivizó el viernes, con bombos y platillos. Y, en el mismo acto, le transfirió la responsabilidad de la deuda a la gestión anterior.

En realidad, lo que soslayó el gobierno de Llamosas es que, incluso si es verdad que la deuda de 2017 se tomó para cancelar compromisos asumidos por el radicalismo, la decisión de que el crédito fuera en dólares le corresponde enteramente. Incluso, cuando se anunció la emisión del bono, hubo advertencias de los riesgos que se asumían al endeudarse en dólares y el Municipio las desoyó una por una.

Lo que sí tiene para festejar el gobierno de Llamosas es haber resuelto una decisión inapropiada y claramente perjudicial -con la devaluación la deuda tomada en 2017 saltó de 260 millones a más de 1.500 millones de pesos- de una manera que no implicó un colapso ni una crisis.

Con una desmesurada deuda por pagar, la gestión de Llamosas revisó gastos, equilibró las cuentas, y pudo finalmente cancelar lo que el propio Llamosas llegó a calificar como “impagable”. Lo hizo, en parte, con la ayuda de la Provincia, como le reprocha la oposición. Pero ese aspecto no deja de ser, en tiempos de crisis, también un activo.

Ahora, el oficialismo encara sus últimos dos años y medio con un horizonte de vencimientos financieros despejado. Pablo Antonetti, secretario de Economía, sostiene que en adelante el pasivo representará solamente el 3,52 por ciento del presupuesto.

Ese umbral de deuda no sólo le permitirá destinar recursos propios a realizar obras públicas sino, eventualmente, recurrir a nuevo endeudamiento para potenciar aún más la capacidad de financiamiento en una época preelectoral.

Pero si el frente financiero está despejado, en el Palacio empiezan a exteriorizarse las diferencias internas, las peleas por los posicionamientos. Un episodio sintomático se produjo durante la semana: un área del Municipio, la Secretaría de Deporte y Turismo que conduce Agustín Calleri, aclaró públicamente, a través de un comunicado, que no tenía nada que ver con la polémica tirolesa que se instaló en el lago de Villa Dalcar. Pero no se limitó a esa aclaración; a la vez le trasladó la responsabilidad a la Secretaría de Gobierno que conduce Camilo Vieyra.

Es decir, hubo un intento de transferencia de costo político no hacia la oposición sino hacia el oficialismo.

Calleri fue el primero de los secretarios que blanqueó su intención de ser candidato a intendente. Un apuro que no acostumbran cometer los políticos con trayectoria.

Los oficialismos suelen estar en problemas cuando no encuentran a sus adversarios fuera sino dentro de sí mismos.