El núcleo del reclamo gira en torno a los artículos 5 y 6 de la norma, que establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, y la recomposición de todos los programas estudiantiles. Los gremios universitarios sostienen que el Ejecutivo adeuda una recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la administración de Javier Milei, además de la actualización de las partidas para becas estudiantiles.
Un conflicto judicial con varios frentes
El recorrido judicial del caso es extenso. La cautelar original fue dictada en diciembre de 2025, tras el amparo colectivo impulsado por representantes del CIN y de distintas universidades nacionales. El planteo busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a la identificación de fuentes específicas de financiamiento.
El Gobierno intentó frenar el proceso por distintas vías: recusó a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte Suprema bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria. Ambos planteos fueron rechazados. El 25 de junio, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso extraordinario del Ejecutivo por falta de sentencia definitiva y dejaron firme la cautelar.
El 10 de junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes firmaron un acta en la que el Estado se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento, una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de 50.000 millones de pesos y una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano a partir de junio. El acuerdo también fijó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias.
Sin embargo, el CIN calificó ese convenio como una gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo y señaló que no cubría todos los requisitos que la norma establece. El 1 de septiembre, Cormick rechazó el pedido del Gobierno de levantar la cautelar, al concluir que el Estado no había logrado demostrar el impacto positivo de los acuerdos sobre los perjuicios graves de imposible reparación ulterior.
