Lo deseable, lo posible y la tendencia a fanatizar todo

Córdoba, que en los últimos días se ha afianzado como el segundo distrito con más casos de coronavirus por día en el país, está entrando en el mes más crítico de la pandemia. Según evalúan en el gobierno, durante junio los contagios seguirán creciendo y se espera que el pico, y por lo tanto el momento límite, se produzca en la tercera semana.

El pronóstico que surge desde el oficialismo es que el sistema sanitario, que hoy ya tiene a las clínicas y los hospitales de los principales centros urbanos al tope de sus capacidades y en situación de estrés permanente, se irá tensando cada vez más. El índice de utilización de camas críticas Covid ronda el 70 por ciento pero incluso desde el Ejecutivo admiten que el restante 30 por ciento está ocupado por otras patologías, algunas de las cuales no se atendieron hace un año y ahora no pueden seguir postergándose.

El panorama está a años luz de ser alentador.

¿Por qué entonces, si existe conciencia de que el nivel de complejidad irá acrecentándose, el gobierno de Juan Schiaretti decidió, después de 9 días de una cuarentena estricta que no lo fue tanto, permitir que vuelvan las actividades no esenciales y que los chicos retornen a los colegios? ¿No existe una contraposición evidente y riesgosa entre el diagnóstico del cuadro sanitario y la receta para combatirlo?

El oficialismo argumenta que el esquema que instrumentará hasta el 11 de junio apunta a conseguir un equilibrio entre lo que debe hacerse y lo que es posible llevar adelante. Es decir, las medidas tendrían que seguir siendo estrictas pero el gobierno entiende que está limitado por la capacidad social de absorción de las restricciones y por la situación económica.

“Es lo que se podía hacer. Hay que ir analizando la situación permanentemente para no quedarnos cortos ni para pasarnos de rosca porque después la gente no cumple”, graficó un funcionario.

Córdoba definió un esquema de restricciones intermedio, entre el que rigió hasta el 21 de mayo, que era laxo a pesar de que los casos estaban en franco crecimiento, y el que se aplicó en los últimos 9 días.

Una parte de la línea argumental del oficialismo provincial es veraz. El cumplimiento de la cuarentena que vence hoy fue inferior al que se registró en otros períodos en que se volvió de fase. Hubo una predisposición menor a acatar las restricciones a pesar de que la virulencia de la segunda ola podría hacer pensar que el temor iba a imponerse y a derivar en encierro.

En parte, el acatamiento más bajo se debió a que no se instaló en las calles un sistema de control similar al del año pasado;esta vez, existió una permisividad mayor. Pero sería engañoso adjudicar el comportamiento social a ese único factor: también se constató una resistencia de la gente vinculada no sólo a la rebeldía o al cansancio sino fundamentalmente a la situación económica.

A quienes tienen un comercio o un emprendimiento se les hace cada vez más difícil sobrellevar los períodos de inactividad impuestos por la pandemia. Porque, además, a pesar de que existen planes de asistencia estatal, no alcanzan la magnitud del año pasado, cuando la Nación directamente pagaba los sueldos. Quienes tienen empleados, deben afrontar los salarios;quienes trabajan en la informalidad ya no perciben el ingreso del IFE y se ven obligados, a pesar de que el virus ronda, a salir a conseguir unos pesos.

La coyuntura es una suma de imposibilidades. Individuales, sociales y gubernamentales.

Con ese cóctel entre manos, el gobierno provincial trata de conseguir un equilibrio.

Y, en ese punto, la intermitencia es justificable y comprensible. Que las actividades no esenciales vuelvan a abrir para permitir su supervivencia contiene fundamentaciones económicas, productivas, laborales y sociales.

Pero hay un segundo aspecto en el que avanzó la Provincia que es más controvertido porque parece motivado por la discrecionalidad y hasta por una configuración política que contempla aspectos discursivos y de diferenciación.

En la Provincia señalan que los casos seguirán subiendo y que el sistema sanitario se tensará aún más. ¿Entonces por qué se levantan restricciones?

¿Era absolutamente necesario, ahora que Córdoba se enfrenta a su hora más compleja, con una estadística que alcanzó casi los 5.000 casos diarios, volver a la presencialidad escolar, excepto en los secundarios de las ciudades más grandes? ¿Es indispensable, cerca del pico de casos, con días fríos, que los chicos vayan a las aulas?

Uno de los conceptos que planteó el gobierno provincial para pedirle a la gente que circule lo menos posible es que llevamos el virus con nosotros. ¿Por qué lo llevaríamos a un comercio y no al colegio? Si allí no hay consecuencias económicas urgentes, ¿no sería más prudente que los niños y adolescentes continúen en la virtualidad?

Como suele ocurrir en toda situación compleja, existen factores múltiples. Pero lo que ocurre con la presencialidad es parte de un fenómeno que viene produciéndose en la política y la sociedad argentinas: casi todo se convierte en un elemento fanatizante y desata, por lo tanto, aseveraciones o eslóganes que toman la forma de convicciones innegociables. En las últimas semanas se está a favor o en contra de la presencialidad, sin medias tintas, y aparecen consignas que dramatizan de tal modo la situación que se imposibilita la racionalización del problema.

Por supuesto que lo deseable, en términos educativos y sociales, es que los chicos vayan a la escuela, que aprendan de sus maestras y profesores, que se abracen a sus compañeros y amigos, que anden sin barbijos en el aula y que no tengan miedo a contagiarse. Pero, en este caso, lo ideal está limitado por el contexto, por lo posible. Y el contexto insoslayable es que existe una pandemia que contagia a 40 mil personas por día en el país y que mata a 600.

Tal vez, si no nos aferráramos a consignas que suenan a vida o muerte, se podría llegar al consenso de que la presencialidad debe sostenerse mientras las condiciones lo permitan y reemplazarse por la virtualidad cuando los casos crecen por miles y casi no hay camas.

La irreductibilidad de las posiciones, el fanatismo, genera una situación circular que, en ocasiones, es fogoneada por la política:hay posiciones gubernamentales que se definen en función de lo que opina un sector de la población y, después, se genera un encierro discursivo.

La presencialidad es una muestra de lo que ocurre en la política y la sociedad: la predisposición a que los problemas sean cuestiones fanatizantes.

En parte, eso es lo que está ocurriendo en Córdoba con las clases presenciales. El gobierno de Schiaretti, respondiendo a un reclamo de su electorado tradicional, definió en febrero que la presencialidad pasaba a ser una prioridad absoluta. El gobernador declaró públicamente que, pasara lo que pasara, las escuelas seguirían abiertas. Pero, esta vez, quien tiene el dominio de la situación es la pandemia. Y es su dinámica la que termina definiendo las chances que tiene un discurso de sostenerse en el tiempo.

La Provincia quedó encorsetada por su propio discurso, con el que se diferenció del sesgo más restrictivo de Alberto Fernández, y hoy le cuesta tomar decisiones en ese plano sin aparecer contradiciéndose.

De todos modos, porque en definitiva el virus manda, desde el Panal aclaran que el esquema que empezará a regir desde mañana llega hasta el límite de lo que sería el inicio del período más complejo en la provincia. Después, todo podría volver a cambiar.