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Ni defensa ni contraataque

El caso de las vacunas generó un escenario que suele ser inusual en la política: la imposibilidad de contraargumentar para enfrentar las críticas. El gobierno, ante una única vía de salida.

En política suele ser inusual que el oficialismo le ceda a la oposición un activo absoluto, un hecho que habilita de manera total la crítica y, a la vez, anula la posibilidad de defensa y, más aún, de contraataque. Eso ha ocurrido en Argentina con el caso de las vacunas VIP, que implicó un cimbronazo político para el gobierno de Alberto Fernández y desacreditó el plan de vacunación, que no sólo tiene un fin sanitario sino también electoral.

El oficialismo sintió en carne propia esa imposibilidad argumental que generó el escándalo. Durante la semana que pasó, después de haber despedido expeditivamente a Ginés González García, Fernández ensayó desde México una contraofensiva con munición gruesa, y el insustancial Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, salió por los medios a dar la misma pelea.

Esa estrategia beligerante duró apenas un día. Porque no prendió, porque los argumentos se deshacían ni bien se soltaban. Está bien que la Justicia debe investigar los posibles actos de corrupción de la era Macri, ¿pero qué tiene que ver con la discusión puntual de las vacunas? ¿Exonera al gobierno? ¿La supuesta existencia de negociados en el gobierno anterior vuelve menos grave el hecho de que haya privilegiados que recibieron la vacuna por acomodo?

El oficialismo se encontró con un reproche social sumamente extendido. Porque, además, el escándalo sirvió como una reafirmación de las ideas negativas más arraigadas con respecto a la política argentina pero, sobre todo, con respecto al kirchnerismo.

Según una encuesta reciente de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, al 67,9% de los argentinos no le sorprendió la existencia de privilegiados en la vacunación. Se lo esperaban, como cuando uno se prefigura que una persona en la que no cree va a actuar mal y, efectivamente, lo hace. Pero, en esta ocasión, la previsibilidad no actuó como una anestesia que amortiguara el efecto de la revelación. El 59,5% considera que es “muy reprochable” lo que ocurrió, mientras que el 12,6% señaló que es “algo reprochable”. Es decir, hay una reprobación instalada en 72 de cada 100 argentinos. Sólo el 6,5% contestó que no hay “nada reprochable” en lo que ocurrió.

Esos números casi destierran la posibilidad de la controversia, de la discusión. Porque casi toda la opinión está de un solo lado y, por lo tanto, es uno de esos excepcionales episodios en que se disipa la alternativa de sostener una fundamentación en sentido contrario.

La oposición, por supuesto, no ha podido privarse de caer en discursos empalagosos, en moralinas mesiánicas de una dudosa consistencia generada por actos propios; pero, en definitiva, también esa actitud encuentra su génesis en la situación original: la existencia comprobada y confesa de una casta que recibió sin esperas la vacuna contra el Covid en un país en que las dosis no sobran y que está a merced de la pandemia.

¿Cómo se sale de ese encierro? ¿Tiene posibilidades de redimirse el gobierno de Fernández en un año electoral en el que se juega nada menos que el caudal de poder con el que afrontará sus años por venir?

Ante la clausura argumental y la pérdida de credibilidad, el único camino que le queda es la acción. Algo de eso ha mostrado el gobierno en los últimos días: aparecieron dos millones de vacunas -rusas y chinas-, se protocolizaron los criterios de vacunación y se expuso abiertamente toda la información disponible sobre la marcha del operativo. De pronto, el gobierno pareció activarse y, a la vez, abrirse.

Suele ser un defecto de la política argentina, en el que el gobierno actual acaba de volver a caer: la transparencia siempre es a posteriori, una consecuencia. Nunca es una actitud inicial sino una reacción.

Byung-Chul Han, filósofo coreano-alemán, sostiene en “La Sociedad de la Transparencia” que la política es una acción estratégica y que, por eso mismo, posee intrínsecamente una esfera secreta. “Una transparencia total la paraliza”, dice.

Sin embargo, en el contexto de una pandemia y con el antecedente generado por sí mismo, al gobierno nacional no le queda otra opción que erradicar cualquier resabio de opacidad.

Esa exigencia además se derramó en cascada hacia el resto de los estados, tanto provinciales como municipales.

En Córdoba, donde el operativo tropezó en la semana con la exigencia de que los mayores de 70 años podrían inscribirse después de soportar un intrincado trámite digital, también empezaron a publicarse los datos sobre cómo se están distribuyendo las vacunas. De pronto, y como consecuencia del escándalo, la información pasó a ser pública. Salvo excepciones. En Río Cuarto, por ejemplo, sigue resistiendo el paradigma anterior: Valeria Alaniz, titular del COE Regional, continúa retaceando la información como si no estuviera en un área sanitaria pública sino en la actividad privada.

Al gobierno nacional sólo le queda la transparencia y la eficiencia, poner en marcha el lento operativo de vacunación y hacerlo sin dobleces. De su pericia dependerá, en gran parte, su suerte electoral. Aunque, en paralelo, también está obligado a domar la inflación, sobre todo en la canasta básica, si es que pretende atenuar el malhumor y acrecentar sus chances.

Del escándalo que desató Ginés, por estas horas Fernández puede rescatar dos aspectos que atemperan la negatividad. Uno es que ocurrió en febrero, a más de 6 meses de la elección, lo que le otorga la posibilidad temporal de una recuperación. El segundo es que, hasta ahora, no han aparecido nuevos nombres que engrosen la lista original de privilegiados. Los medios nacionales siguen girando, una y otra vez, sobre los mismos. No contribuye a devolverle el crédito que perdió pero, al menos, evita que se sigan alimentando el descontento y la indignación.