El grabado obligatorio de autopartes, que arrancó en diciembre de 2015 y que no estuvo exento de polémicas, terminó con un escándalo después de que el gobierno provincial denunciara por estafa a la empresa Grababus y le endilgara una evasión impositiva de alrededor de 40 millones de pesos.
Como consecuencia del enfrentamiento, el gobierno de Juan Schiaretti decidió suspender la obligatoriedad del grabado por los próximos seis meses, con la posibilidad de que ese plazo se prorrogue.
En Río Cuarto, Grababus funciona en Trejo y Sanabria 853 y tiene una tarifa de 710 pesos para los autos. En el ingreso, un gran cartel señala que se trata de una dependencia de la Policía de la Provincia. “División Verificación y Grabado de Autopartes”, se lee en el letrero.
Una concesión polémica
La concesión a la empresa Grababus siempre estuvo signada por la polémica. En 2015, cuando el sistema arrancó, Cambiemos denunció que se trataba de una estafa a los cordobeses. A mediados de 2016, se descubrió que el sistema de Grababus no era inalterable sino que los números y las letras grabadas podían adulterarse sin demasiado esfuerzo.
Ahora, la Provincia le quitó el negocio a Grababus por una serie de irreguladidades, entre ellas haber procedido a una tercerización irregular para no pagar el canon.
La decisión del gobierno quedó plasmada en el Boletín Oficial.
Según la Provincia, la empresa evadió más de 21 millones de pesos por el impuesto a los Sellos, otros 9 millones por Ingresos Brutos; en total, se le endilga un perjuicio al Estado de 40 millones.
En Río Cuarto, Grababus funciona en Trejo y Sanabria 853 y tiene una tarifa de 710 pesos para los autos. En el ingreso, un gran cartel señala que se trata de una dependencia de la Policía de la Provincia. “División Verificación y Grabado de Autopartes”, se lee en el letrero.
Una concesión polémica
La concesión a la empresa Grababus siempre estuvo signada por la polémica. En 2015, cuando el sistema arrancó, Cambiemos denunció que se trataba de una estafa a los cordobeses. A mediados de 2016, se descubrió que el sistema de Grababus no era inalterable sino que los números y las letras grabadas podían adulterarse sin demasiado esfuerzo.
Ahora, la Provincia le quitó el negocio a Grababus por una serie de irreguladidades, entre ellas haber procedido a una tercerización irregular para no pagar el canon.
La decisión del gobierno quedó plasmada en el Boletín Oficial.
Según la Provincia, la empresa evadió más de 21 millones de pesos por el impuesto a los Sellos, otros 9 millones por Ingresos Brutos; en total, se le endilga un perjuicio al Estado de 40 millones.
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