La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto llamó a indagatoria para abril a 6 militares acusados de torturas a soldados argentinos durante la guerra de Malvinas, con lo que se reactivó la causa que estaba frenada desde fines de 2019. El general Oscar Parada y los militares Jorge Cadelago, Emilio Samyn Duko, Jorge Díaz, Horacio Vlcek y Jorge Masiriz deberán presentarse en tribunales entre el 13 y el 22 de abril. Las querellas celebraron el avance de la investigación, pero exigieron mayor celeridad, considerando que son numerosas las partes implicadas.
Se concretan así las citatorias que se habían dictado en mayo de 2020, dirigidas a exoficiales del Ejército que durante la guerra integraron el Regimiento de Infantería N° 5, dependiente de la III Brigada con asiento en Curuzú Cuatiá, Corrientes.
Las actuaciones penales se circunscriben a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú.
En febrero del año pasado, Borruto ya había dictado el procesamiento de los militares Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini, imputados por torturas contra más de 20 soldados del mismo Regimiento de Infantería N° 5.
La jueza federal encuadró los hechos como crímenes de lesa humanidad y remarcó que luego del conflicto bélico las Fuerzas Armadas desplegaron tareas de inteligencia y de acción psicológica para evitar que estas denuncias se conozcan y garantizar la impunidad de estos crímenes. La causa se inició en 2007, tiene 120 denuncias y ya cuenta con 95 imputados.
Laurentina Alonso, abogada de la querella del Centro Ex-Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, dialogó con Puntal sobre la causa y destacó que los hechos están sumamente probados tras la desclasificación de los archivos militares años atrás. Junto con ella, hay otras querellas como la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco y querellas particulares de víctimas, entre otros.
“La causa se inició en 2007 y recién en 2018 se citó a indagatoria a 18 oficiales y suboficiales del Regimiento 5, algo que surgió a partir de un requerimiento que realizó la Fiscalía con ayuda de la Procuraduría de Crímenes de la Nación, que comenzó a trabajar con los archivos desclasificados y cruzarlos con los testimonios desde el 2015”, dijo Alonso, y agregó: “Allí comenzaron a conocerse todas las actas en las que los soldados denunciaban haber sido víctimas de torturas, malos tratos, que sus compañeros habían muerto por hambre y no por situación de combate, y los documentos que estaban con secreto militar. Se hizo una plataforma fáctica en la que se juntaron los hechos, las actas en los que las víctimas en el año ’82 indicaban haber sido afectadas y perjudicadas, las actuaciones de las Fuerzas Armadas, y se hizo un análisis de las cadenas de mando”.
- ¿Qué información se obtuvo a partir de estas actas?
- En las actas, quienes denunciaban indicaban quiénes habían estado presentes en los hechos, estuvo todo muy documentado, estaba todo escrito y puesto bajo secreto militar. De allí también surge cómo las Fuerzas Armadas durante la dictadura utilizaba el trabajo de inteligencia y contra inteligencia, intentando de que la opinión pública no se enterara de lo que sucedía en Malvinas y hablando con los medios para que no entrevistaran a los conscriptos, metiendo a personas de los servicios de inteligencia entre los grupos de heridos que volvían para que los entrevistaran y sacaran referencias sobre sus posiciones ideológicas, y siguieron utilizando estos servicios para infiltrarse en los centros de excombatientes que se formaron luego de la guerra.
La abogada comentó que “cuando se hizo la desclasificación de los archivos se conoció todo lo que quisieron ocultar, incluso se deja explícito que nadie debía saber lo que había ocurrido. En las cartillas de recomendaciones a los soldados, les indicaban que luego de haber dado su vida por la Patria, ahora lo que les pedía la Patria era que se callaran, que no hablaran de dónde estuvo o con quién estuvo, que debían callar como héroes”. Y afirmó: “Luego, las causas no avanzaron por las presiones que hubo y que siguen existiendo, a las víctimas que van a declarar los agreden los que estaban entre los grupos y les dicen que son héroes o víctimas”.
Alonso se refirió a las demoras que tuvo el juicio, con la justificación de la pandemia del coronavirus, siendo que otras causas por delitos de lesa humanidad continuaron de manera virtual con normalidad.
“Se había dado orden de dar agilidad a este tipo de causas, pero hubo mucha dilación considerando que los imputados viven en distintos puntos del país, al igual que las víctimas, viven en distintas provincias”, explicó la abogada, y señaló que desde el Consejo de la Magistratura le indicaron a los jueces a cargo de la causa que es la Policía Federal la que tiene que brindar los medios para que se pueda contactar a todas las partes.
“El Covid fue una excusa para demorar el desarrollo de la causa, pero ahora se consiguió que se llevaran a cabo las indagatorias en abril”, completó Alonso.
Para abril se citaron a indagatoria a 6 oficiales y suboficiales, “en el análisis de los hechos se van abriendo las cadenas de mando de acuerdo en los hechos, se observó que las prácticas estaban naturalizadas, todos sabían de lo que sucedía, y tanto estaqueamientos como los enterramientos se hacían en todas las unidades”, comentó la abogada querellante.
En este sentido, comentó que hicieron un cálculo de las personas que están implicadas y señaló: “Observamos que para poder desarrollar la causa necesitaríamos 300 años, la verdad que es lamentable el rol de la Justicia argentina, sobre todo en este tipo de causas”.
La causa
Hubo más de 120 denuncias de excombatientes por estaqueamientos, golpes y enterramientos,
La Justicia Federal llamó a indagatoria en 2018 a 18 miembros del Ejército.
Fue a pedido del fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, y se incluía la solicitud de detención de 26 acusados, y alcanzaba 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería N°5. Las mismas se concretaron a fines de 2019.
Tras las indagatorias, en febrero del 2020 se procesó por primera vez a cuatro militares por violaciones a los derechos humanos contra soldados en la Guerra de Malvinas en el marco de la causa 1.777/07 caratulada ‘Pierre Pedro Valentín s/ delito de acción pública’.
La jueza Borruto tomó esta definición respecto a Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino por los delitos de imposición de tormentos en varios hechos en perjuicio de soldados conscriptos durante el conflicto bélico.
De acuerdo con el relato de los denunciantes, los militares los ataban al suelo helado de las islas con sogas, como en una crucifixión, y los dejaban a la intemperie durante horas, mientras nevaba y se les congelaban los miembros del cuerpo.
Además, los soldados contaron en sus declaraciones que recibían golpes, eran obligados a sumergir distintas partes del cuerpo en el agua helada o enterrados como forma de castigo por robar comida para no morir de hambre.
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