Otro enfoque para una crisis costosa

Guillermo De Rivas comprobó esa dualidad en carne propia en un brevísimo período de tiempo. Con apenas 8 meses en la intendencia, vivió su primera crisis política:cuatro marchas en sólo un mes. Ahora que la paciencia es tan corta, lo es aún más cuando se instala la sensación de que todos, a toda hora y en cualquier lugar, pueden sufrir un robo en la calle o en su propia casa. El sentimiento de vulnerabilidad es un multiplicador de costo político. Y un acelerador de procesos.

¿Pero por qué el destinatario exclusivo de la queja y el malestar fue el gobierno municipal si la seguridad es una obligación de la Provincia?Ahí hay un fenómeno nuevo: existe una suplantación de las responsabilidades políticas. El malhumor se enfocó principalmente en el Palacio Municipal y ya no en el actor fundamental en la lucha contra el delito:la Policía.

Y ocurrió, en parte, porque la propia concepción de la campaña electoral de De Rivas operó en ese sentido:alimentó la idea de que el intendente ya no iba a colaborar en la prevención sino a convertirse en la figura central de la política de seguridad. Ahora, en el Municipio admiten que lo que sirvió en campaña se transformó en un lastre para el jefe comunal porque “se compró” un problema pero no tiene el tablero ni las herramientas para abordarlo. Y están tratando de dar marcha atrás: una de las estrategias que empezaron a ejecutarse en los últimos días es un intento por “deconstruir” en el imaginario de la gente la idea que se generó en campaña de que el intendente puede monopolizar la estrategia contra el delito.

A De Rivas se le configuró un escenario especialmente negativo. Porque al hecho de que la inseguridad sobrepasa la capacidad de actuación del Municipio, se sumó una situación que en política suele ser difícil de sobrellevar:la dificultad para construir un discurso efectivo ante un problema. El gobierno local sintió, sobre todo, la falta de un antagonista que le sirviera para descargar al menos parte de la responsabilidad. No pudo culpar a la gestión anterior porque formó parte, no pudo culpar a la Provincia por razones obvias, y tampoco pudo hacerlo con ningún otro actor social. Es decir, transitó la crisis sin una válvula de escape discursivo. Tampoco consiguió, aunque intentó, intervenir en la dinámica ni en la circulación de la discusión comunitaria sobre los hechos delictivos.

Pero, además, tuvo algunas otras inconsistencias:

- No hizo una correcta lectura del contexto ni de la situación social y subestimó la magnitud del malestar: recién a la cuarta marcha al frente del Palacio Municipal pareció asumir que el fuego no iba a apagarse solo.

- Mostró que, al menos por ahora, le falta volumen político para afrontar una crisis. Parece ser un gobierno que empieza y termina en el intendente y, por lo tanto, que deriva en él los aciertos pero también todos los traspiés. Las marchas contra la inseguridad lo sorprendieron y, al principio, no sólo no supo cómo responder sino tampoco con quién. Esa suele ser tarea de funcionarios y concejales que, al menos hasta los últimos días, brillaron por su ausencia.

Pero, además, la crisis provocó un escenario de desacuerdo entre la Provincia y el Municipio. Un desacuerdo en dos sentidos:en el dimensionamiento del estado de situación en la ciudad y, por lo tanto, en el tratamiento ideado para abordarlo.

En el Palacio Municipal aseguran que así como no alcanzó a leer la profundidad del malestar de la gente, el gobierno local sí se prefiguró desde el inicio que el cuadro de inseguridad se estaba agravando. No tanto por lo numérico -en Córdoba manejan estadísticas que hablan de una baja en la cantidad de hechos en Río Cuarto- sino por la tipología: más violencia, más armas de fuego, robos a cualquier hora y en cualquier barrio.

De Rivas pidió que no se fueran policías para el operativo verano en las sierras sino que, al contrario, se reforzara la dotación en Río Cuarto. La respuesta fue que la cantidad de agentes era la adecuada para la ciudad.

En el Palacio sostienen que el intendente también planteó que la tendencia a “espectacularizar” los operativos tampoco era efectiva. “La gente nos saca la ficha y nos dice que es circo”, graficó un funcionario.

Pero ese escenario comenzó a cambiar en los últimos días. El gobierno municipal modificó su actitud y su respuesta ante el problema pero también la Provincia pareció asumir que había subestimado la cuestión riocuartense. No sólo hubo movimientos a nivel legislativo -con el endurecimiento del régimen para menores de edad- sino también en los procedimientos: ya hay operativos en las calles que no son tan eventuales y se prometió un refuerzo estructural de la Policía.

En parte, esa nueva visión estuvo motivada no sólo por una relectura política sino, además, por la llegada de Cristian Gómez, jefe de la Departamentales Sur, a la ciudad. “Se metió en Río Cuarto y vio dos cosas:que el clima en las manifestaciones estaba espeso y podía derivar en cualquier episodio. Pero, además, trató de entender más a fondo:cuando vio que acá hay entre 16 y 17 asentamientos irregulares, dijo que el abordaje tiene que ser más parecido al que se hace en Córdoba que a los de Villa María o San Francisco”, indicaron en el Palacio.

Los diagnósticos sobre las causas de la inseguridad, que siempre son complejas, tampoco sirven como instrumento político:la gente no espera explicaciones sino soluciones. Ese fue un planteo que surgió claro en las manifestaciones. Pero no pueden dejar de estar los marcos referenciales para contrarrestar una crisis. Y ahora, las dos visiones, la de la Municipalidad y la de la Provincia, parecen estar coincidiendo.

A partir de ese alineamiento, el gobierno de Martín Llaryora decidió intervenir sobre un resorte fundamental en la lucha contra la inseguridad:la Justicia. Desde hacía meses la gestión municipal venía planteando que la tarea de los fiscales era disfuncional: por lo bajo los acusaban de descompromiso y desinterés. “Desde el día uno dijimos que en Tribunales no nos dan pelota, que persiguen más a los policías que a los delincuentes y que en Río Cuarto las unidades judiciales no abren a la noche. Según la ley, tienen que estar abiertas las 24 horas pero acá a la noche están cerradas. Los ayudantes de fiscal a la noche te apagan el teléfono y no se pueden hacer procedimientos hasta el otro día”, es el relato que surge desde el Municipio. El fiscal general, Juan Manuel Delgado, se enteró el viernes, cuando estuvo en Tribunales, de que es verdad que las unidades judiciales en Río Cuarto son propensas a ser diurnas. La Mesa Judicial que se conformó en las últimas horas y que exigió la intervención directa del ministro de Justicia, Julián López, y del jefe de los fiscales apunta a generar otra intensidad de trabajo de parte de la Justicia riocuartense. “En un día metieron 32 órdenes de allanamiento;veníamos con un ritmo de 2 o 3 por semana”, señalaron desde el oficialismo.

El gobierno de De Rivas también procedió a cambiar su abordaje. Primero, abandonó la pasividad y mostró iniciativa:convocó a las instituciones, en un intento por dejar de correr desde atrás. Además, también activó al Concejo Deliberante para tratar de dotar de más herramientas a la Guardia Local, que ha sufrido un prematuro desgaste de imagen:ahora, el Municipio pide que en cada móvil vaya también un policía.

Paralelamente, el propio intendente ejecutó una corrección en su discurso y en los últimos días comenzó a manifestar que apoya una baja en la edad de imputabilidad. Es un endurecimiento en el tono y en la concepción para coincidir con la opinión socialmente predominante.

De Rivas está aplicando otra receta para intentar superar una crisis que llegó más lejos de lo que al principio se imaginó.