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La Justicia convalidó los boletos de compraventa que Herrera omitió en su declaración jurada

El juez Fernando Caunedo señaló en el auto de procesamiento de Alberto Márcico que Herrera tiene derechos sobre los inmuebles que el ídolo de Boca después vendió a otras personas. Por lo tanto, en contraposición con lo que dijo su abogado, el subsecretario de Deportes debió consignar esos bienes en su declaración patrimonial

La Justicia Nacional convalidó los cinco boletos de compraventa que Martín Herrera, subsecretario de Deportes de la Municipalidad, presentó en la demanda que le inició a Alberto “Beto” Márcico por venderle cinco departamentos en Buenos Aires por un total de 735 mil dólares y no entregárselos jamás. Por lo tanto, el funcionario debió consignar esos derechos en su declaración jurada patrimonial ante el Municipio.

La semana pasada, este diario publicó una nota en la que se reveló que los cinco inmuebles que Herrera le compró a Márcico pero que el ídolo de Boca les vendió a su vez a otra personas no aparecen en la declaración jurada que el subsecretario presentó el 7 de enero de este año. El funcionario sólo admitió poseer bienes por 10,4 millones de pesos pero omitió activos por casi 85 millones.

El abogado de Herrera, José Luis Pelleriti, aseguró en una nota periodística que esos departamentos no debían informarse como propios porque la operación no está finalizada y que serán incluidos en la declaración jurada cuando el litigio termine. Sin embargo, la ordenanza 747/98 no admite dudas: deben declararse los bienes pero también los derechos que existen, en este caso, sobre inmuebles.

En el auto de procesamiento en contra de Márcico, el juez Fernando Mario Caunedo establece que Herrera tiene derecho sobre los cinco departamentos. En todos los casos, Herrera fue quien primero compró los inmuebles que, posteriormente, el exjugador de fútbol vendió a otras personas.

Márcico señala en su declaración que no hubo una estafa sino que los legítimos compradores fueron quienes adquirieron los bienes después de Herrera porque, en realidad, el exarquero nunca tuvo la intención de comprar los departamentos, es decir de hacer una operación inmobiliaria, sino sólo un negocio financiero conveniente.

El juez desbarata ese argumento de Márcico: señala que incluso si se hubiera tratado de una operación financiera, si Herrera hubiera prestado los 735 mil dólares, como dice Márcico, y los boletos de compraventa fueran sólo una garantía, la actitud del exdelantero igual fue fraudulenta porque vendió a terceros los mismos inmuebles que debían actuar como reaseguro para el actual funcionario.

El “Beto” Márcico basa su argumentación en una oportunidad en la que Herrera efectivamente le prestó 160 mil dólares -está acreditado en la causa- y recibió a cambio intereses por 28.800 dólares, es decir 18 por ciento anual, una jugosa ganancia que es difícil conseguir actualmente en el mercado.

Sin embargo, el juez señala que se trata de casos distintos porque, incluso, cuando se certificó el préstamo de 160 mil dólares se hizo a través de un contrato de mutuo y no de boletos de compraventa.

Esas argumentaciones del juez no hacen más que reafirmar la convalidación de los boletos de compraventa originales y los derechos de Herrera sobre los inmuebles. Por lo tanto, el subsecretario de Deportes debió consignar esos bienes como patrimonio en vez de omitirlos en una declaración jurada que, además, muestra casi todos sus casilleros vacíos.

Según esa declaración jurada, Herrera solamente posee el 100% de dos departamentos en Río Cuarto y el 50 % de otro y la mitad de una Chevrolet Tracker. Dice no tener acciones ni plazos fijos, ni plata en efectivo depositada en alguna cuenta bancaria.

En 2016, el actual gobierno introdujo un cambio fundamental en las declaraciones de bienes: ese año, a través de una modificación de la ordenanza 747/98, el detalle de los bienes de los funcionarios dejó de ser secreto -la documentación permanecía guardada en una caja de seguridad del Banco Nación y sólo se abría si la Justicia así lo exigía- para convertirse en público. Desde entonces, la información aparece en el portal de transparencia del Municipio.

A partir de ese momento, la transparencia de las declaraciones juradas pasó a convertirse en un elemento del discurso oficial: para la actual gestión, la publicación de los bienes es un acto de transparencia porque les permite a los ciudadanos hacer un seguimiento de la evolución patrimonial de los funcionarios. Esa posibilidad entra en crisis si la información es incompleta y omite nada menos que 85 millones de pesos.

Cuando considera la aceptación o no de los argumentos de Márcico, el juez señala: “La posición de la defensa no convence pues contradice los propios actos del imputado. Ratifico que los indagados celebraron boletos de compraventa con todas las formalidades exigidas, concediendo un derecho de propiedad en expectativa sobre un bien en construcción a cambio de un precio que se abonó en su totalidad, a perfeccionarse con la tradición de la cosa o entrega de la posesión y la formalización de la respectiva escritura traslativa de dominio (...)Por esos motivos, si Alberto Márcico interpreta que le firmó esos boletos de compraventa a Herrera en garantía del préstamos de dinero, tampoco debió disponer libremente de los inmuebles afectados en garantía, pues la naturaliza misma de la caución refuerza al inversor la seguridad de que su derecho será satisfecho”.

Es decir, esos boletos son un derecho para Herrera y, por lo tanto, su no aparición en la declaración jurada de bienes se aparta de la letra de la ordenanza modificada en 2016.

Entre las sanciones previstas, que están contenidas en el artículo 2 de la ordenanza 747/98, se establece que los incumplimientos en las declaraciones juradas patrimoniales y las inconsistencias constituyen causal de indignidad e irregularidad en el ejercicio de la función pública.