La causa se inició a partir de la denuncia presentada por Laciar, quien relató haber recibido reiterados mensajes amenazantes y de contenido agresivo desde una cuenta de Instagram. Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la fiscalía ordenó diversas diligencias para establecer la identidad del emisor y determinar su localización, en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía Judicial.
En la madrugada del 28 de octubre, los equipos especializados del MPF realizaron allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de Córdoba, con intervención del Equipo de Tácticas Especiales Recomendadas (ETER) y la Sección Cibercrimen. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron un teléfono celular y efectuaron la extracción inmediata de información relevante desde otros cuatro dispositivos móviles, utilizando la herramienta tecnológica CAPTA (Captura Ágil de Prueba Técnica Auditable), un desarrollo exclusivo de la Policía Judicial de Córdoba que permite obtener evidencias digitales certificadas y auditables en tiempo real.
Horas después de conocerse la imputación, Soledad Laciar compartió una sentida publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que confirmó la denuncia y expresó alivio por la intervención judicial: “Hoy se hizo pública una denuncia hecha por mí hace ya un tiempo por amenazas que he recibido en reiteradas oportunidades de un perfil de esta red social. Quiero agradecer a la Justicia, al fiscal que interviene, al MPF y en especial a quien era mi abogado, Alejandro, que jamás me soltó la mano y siempre me cuidó, hoy desde otro lugar, pero siempre presente”.
En su mensaje, la mujer que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia policial en Córdoba también habló del desgaste emocional que significó sostener esa exposición pública durante cinco años: “Creo que a cinco años del asesinato de mi hijo y con una sentencia confirmada por el TSJ es hora de poder vivir un poquito en paz. Siempre entendí el dolor de todos. Soporté agravios irreproducibles. Pero hace dos meses dije basta. Hace cinco años que busco justicia completa. Solamente eso. Y es lo que voy a seguir buscando más firme que nunca”.
Finalmente, Laciar cerró su publicación con una reflexión que reafirma su reclamo por la responsabilidad institucional en el crimen de su hijo: “Yo no puse el arma en la mano de nadie. Yo no planté ninguna escena. Yo no oculté. Yo no mentí. Yo no callé. Lo dijo su jefa de ese momento. Tampoco lo dije yo. #JusticiaPorBlas, hoy y hasta el día que todos los responsables respondan por sus actos”.
El asesinato de Valentino Blas Correas, ocurrido en agosto de 2020, marcó un antes y un después en la discusión sobre el gatillo fácil y la violencia institucional en Córdoba. El joven de 17 años viajaba en un automóvil junto a un grupo de amigos cuando el vehículo fue interceptado y baleado por efectivos policiales en una esquina céntrica de la ciudad.
En marzo de 2023, la Cámara Octava del Crimen condenó a prisión perpetua a los cabos Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33), al considerarlos culpables del delito de “homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego”, además de tentativa de homicidio contra los jóvenes sobrevivientes. Otros efectivos policiales también recibieron condenas por encubrimiento agravado, tras comprobarse que plantaron un arma en el vehículo de las víctimas con el fin de justificar los disparos.
Desde entonces, Soledad Laciar ha encabezado una lucha sostenida por verdad y justicia, transformándose en una de las voces más escuchadas contra los abusos de las fuerzas de seguridad en la provincia. Ha participado en actos, campañas y espacios institucionales que promueven la reforma policial y la capacitación en derechos humanos dentro de las fuerzas.
Las amenazas recibidas por Laciar no constituyen un hecho aislado. Desde la sentencia del caso Correas, la mujer ha sido blanco de ataques en su domicilio, en redes sociales y mensajes intimidatorios que intentan acallarla. Sin embargo, su respuesta pública ha sido de firmeza y serenidad: “No busco venganza, busco justicia”.
El fiscal Bringas resolvió imputar al sospechoso bajo la figura de amenazas calificadas, contemplada en el artículo 149 bis del Código Penal, que prevé penas agravadas cuando el hecho se realiza con armas o mediante un medio idóneo para infundir temor público, como lo son las redes sociales. El sujeto fue identificado, se encuentra bajo investigación judicial y su teléfono celular será sometido a peritajes específicos por parte del Laboratorio de Informática Forense de la Policía Judicial.
La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas.
