Por primera vez, la Justicia dictó perpetua a una banda completa
Nunca antes los tribunales locales habían aplicado la pena máxima a semejante cantidad de acusados. Fueron 5 los que anoche recibieron la pena máxima por el crimen de Cristian Díaz. Indignación entre los defensores
Cada uno reaccionó como pudo. Uno se agachó y entrelazó sus manos en la nunca. Otro tamborileaba los dedos sobre la palma de su mano tatuada, otro se mordía el labio y el resto miraba al piso con la vista en otro sitio, acaso intentando hacerse a la idea de una vida en el encierro.
Eran las 21.45 del miércoles cuando la secretaria -que llevaba 14 horas seguidas en los Tribunales de Río Cuarto- leyó un fallo que marcará un mojón en la Justicia local: por primera vez les aplicaron prisión perpetua a los cinco integrantes de una banda.
El voto unánime de 8 ciudadanos comunes que integraron un jurado popular, y el de los dos jueces técnicos habilitados para sufragar, acabó condenando a Fabián Eduardo Rosales Neyra (alias “Totó”), Oscar Saúl Rosales Neyra (“Cacho”), Ricardo Miguel Rosales Neyra (“Picho”), Hugo David Ríos (“Chuchina”) y Sergio David Sosa (“Quenquena” o “Carita”) a la pena máxima del Código Penal.
Todos ellos fueron culpados de haber montado una organización delictiva en el barrio Las Delicias. ¿El objetivo?: armarse y esperar el momento propicio para aplicar un ataque letal a una familia con la que estaban enfrentados, los Díaz.
El 1 de mayo de 2017 fue la fecha elegida. Ese día, los escarceos entre “La banda de los Rosales Neyra” y “Los Díaz” se iniciaron con una amenaza de muerte a Claudio Díaz, pariente de la víctima. Bastó que uno de los agresores le hiciera con los dedos de la mano la señal de que iban a dispararle para que la vieja disputa hiciera eclosión y acabara con una muerte: la de Cristian Díaz.
La espiral de violencia no acabó ahí. Semanas después habría venganza en Las Delicias y uno de los miembros de la banda de los Rosales Neyra, Juan Manuel Alva, sería rematado en el piso como si la vida no valiera nada.
Pero, aunque ambos casos estuviesen ligados, para el tribunal presidido por el juez Emilio Andruet esa era otra historia. Lo que debían determinar ayer era si los cinco que colapsaron el banquillo de los acusados y obligaron a anexar un sillón de madera eran miembros de una pandilla que planeó fríamente sus movimientos y cumplió roles delimitados para eliminar a una persona.
El maratónico alegato del fiscal de Cámara Jorge Medina fue por ese camino. Convenció al jurado de que quienes estaban en el banquillo actuaron de manera coordinada y premeditada. La exposición duró una hora y 45 minutos y en ese tiempo Medina repasó cada uno de los testimonios y de las llamadas cruzadas entre los integrantes de la banda que, a su criterio, demostraban una aceitada planificación para armarse primero y para atacar a los Díaz, después.
El tramo final de su alocución, Medina lo reservó para los ciudadanos comunes que tenía a pocos metros de distancia y que, por primera vez, se calzarían el traje de jueces, en semejante causa.
“En sus manos está hacer justicia y que Río Cuarto no se transforme en un lugar inseguro como hoy lo es el conurbano de las grandes ciudades del país. Muchas veces habrán escuchado aquello de que ‘entran por una puerta y salen por la otra’, los espoleó, y agregó: ‘Bien, ahora son ustedes los que tienen la chance de revertir eso’”.
Para Medina, no quedaron dudas de que los cincos acusados participaron de la emboscada en contra de Cristian Díaz, que acabó con un disparo en el cráneo, tendido sin vida en el patio de la casa 16 del Pasaje Público al 1.200, de Las Delicias. Por eso en el pedido a los jueces propició que se les aplique a todos la prisión perpetua como coautores de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación premeditada de más de tres personas.
Se trata de una pena desacostumbrada no sólo en Río Cuarto sino dentro del sistema penal argentino, pues no resulta sencillo demostrar una confabulación entre varias personas, en las que cada uno cumple una función específica para perpetrar un homicidio. Medina mencionó como el antecedente más reciente de una organización montada para matar el Caso José Luis Cabezas. Aunque en esa oportunidad la Justicia les aplicó 20 años a los integrantes de “La banda de los horneros”.
Para sorpresa del auditorio, Medina volvió levemente sobre sus pasos y dijo que, en el caso de que los jueces no compartan su criterio, pediría una pena común de 20 años de cárcel por homicidio calificado por el uso de arma de fuego.
Pero esa puerta que abrió el propio fiscal sería clausurada horas después, cuando los jurados populares se encerraron a deliberar y redactaron, junto con el aval de los jueces Pablo Bianchi y Carlos González Castellanos, la pena colectiva más dura que se haya registrado en la historia judicial de Río Cuarto.
Ya en la vereda de Tribunales y junto a un racimo de familiares de los detenidos que lloraban desconsolados, Rolby Valdivieso -el defensor los hermanos Rosales Neyra-, no podía con su indignación.
“De ninguna manera estoy de acuerdo con lo que acaba de pasar: la figura que agrava el homicidio por la participación de más de 3 personas es para bandas organizadas para cometer homicidios, no para un caso aislado como éste”, replicó.
Minutos después, la camioneta del Servicio Penitenciario se llevaba en una cabina sin ventanillas a los cinco acusados que acaban de recibir todo el peso de ley.
Alejandro Fara
Redacción Puntal
Eran las 21.45 del miércoles cuando la secretaria -que llevaba 14 horas seguidas en los Tribunales de Río Cuarto- leyó un fallo que marcará un mojón en la Justicia local: por primera vez les aplicaron prisión perpetua a los cinco integrantes de una banda.
El voto unánime de 8 ciudadanos comunes que integraron un jurado popular, y el de los dos jueces técnicos habilitados para sufragar, acabó condenando a Fabián Eduardo Rosales Neyra (alias “Totó”), Oscar Saúl Rosales Neyra (“Cacho”), Ricardo Miguel Rosales Neyra (“Picho”), Hugo David Ríos (“Chuchina”) y Sergio David Sosa (“Quenquena” o “Carita”) a la pena máxima del Código Penal.
Todos ellos fueron culpados de haber montado una organización delictiva en el barrio Las Delicias. ¿El objetivo?: armarse y esperar el momento propicio para aplicar un ataque letal a una familia con la que estaban enfrentados, los Díaz.
El 1 de mayo de 2017 fue la fecha elegida. Ese día, los escarceos entre “La banda de los Rosales Neyra” y “Los Díaz” se iniciaron con una amenaza de muerte a Claudio Díaz, pariente de la víctima. Bastó que uno de los agresores le hiciera con los dedos de la mano la señal de que iban a dispararle para que la vieja disputa hiciera eclosión y acabara con una muerte: la de Cristian Díaz.
La espiral de violencia no acabó ahí. Semanas después habría venganza en Las Delicias y uno de los miembros de la banda de los Rosales Neyra, Juan Manuel Alva, sería rematado en el piso como si la vida no valiera nada.
Pero, aunque ambos casos estuviesen ligados, para el tribunal presidido por el juez Emilio Andruet esa era otra historia. Lo que debían determinar ayer era si los cinco que colapsaron el banquillo de los acusados y obligaron a anexar un sillón de madera eran miembros de una pandilla que planeó fríamente sus movimientos y cumplió roles delimitados para eliminar a una persona.
El maratónico alegato del fiscal de Cámara Jorge Medina fue por ese camino. Convenció al jurado de que quienes estaban en el banquillo actuaron de manera coordinada y premeditada. La exposición duró una hora y 45 minutos y en ese tiempo Medina repasó cada uno de los testimonios y de las llamadas cruzadas entre los integrantes de la banda que, a su criterio, demostraban una aceitada planificación para armarse primero y para atacar a los Díaz, después.
El tramo final de su alocución, Medina lo reservó para los ciudadanos comunes que tenía a pocos metros de distancia y que, por primera vez, se calzarían el traje de jueces, en semejante causa.
“En sus manos está hacer justicia y que Río Cuarto no se transforme en un lugar inseguro como hoy lo es el conurbano de las grandes ciudades del país. Muchas veces habrán escuchado aquello de que ‘entran por una puerta y salen por la otra’, los espoleó, y agregó: ‘Bien, ahora son ustedes los que tienen la chance de revertir eso’”.
Para Medina, no quedaron dudas de que los cincos acusados participaron de la emboscada en contra de Cristian Díaz, que acabó con un disparo en el cráneo, tendido sin vida en el patio de la casa 16 del Pasaje Público al 1.200, de Las Delicias. Por eso en el pedido a los jueces propició que se les aplique a todos la prisión perpetua como coautores de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación premeditada de más de tres personas.
Se trata de una pena desacostumbrada no sólo en Río Cuarto sino dentro del sistema penal argentino, pues no resulta sencillo demostrar una confabulación entre varias personas, en las que cada uno cumple una función específica para perpetrar un homicidio. Medina mencionó como el antecedente más reciente de una organización montada para matar el Caso José Luis Cabezas. Aunque en esa oportunidad la Justicia les aplicó 20 años a los integrantes de “La banda de los horneros”.
Para sorpresa del auditorio, Medina volvió levemente sobre sus pasos y dijo que, en el caso de que los jueces no compartan su criterio, pediría una pena común de 20 años de cárcel por homicidio calificado por el uso de arma de fuego.
Pero esa puerta que abrió el propio fiscal sería clausurada horas después, cuando los jurados populares se encerraron a deliberar y redactaron, junto con el aval de los jueces Pablo Bianchi y Carlos González Castellanos, la pena colectiva más dura que se haya registrado en la historia judicial de Río Cuarto.
Ya en la vereda de Tribunales y junto a un racimo de familiares de los detenidos que lloraban desconsolados, Rolby Valdivieso -el defensor los hermanos Rosales Neyra-, no podía con su indignación.
“De ninguna manera estoy de acuerdo con lo que acaba de pasar: la figura que agrava el homicidio por la participación de más de 3 personas es para bandas organizadas para cometer homicidios, no para un caso aislado como éste”, replicó.
Minutos después, la camioneta del Servicio Penitenciario se llevaba en una cabina sin ventanillas a los cinco acusados que acaban de recibir todo el peso de ley.
Alejandro Fara
Redacción Puntal