Provinciales | horror | hallazgo | Cadáver

El horror detrás del placard: la madre de Facundo Novillo y el monstruo que volvió del pasado

El hallazgo de un cadáver oculto en el placard de un departamento en pleno centro de Córdoba volvió a poner en escena a Horacio Grasso, el expolicía condenado por el crimen del pequeño Facundo Novillo. La voz de Laura, madre de la víctima, expone una historia marcada por amenazas, impunidad y un dolor que no cesa

El departamento del 3° B, en la calle Buenos Aires 315, a pocas cuadras de la Plaza San Martín, se convirtió en una tumba clandestina. Un olor nauseabundo que los vecinos venían denunciando desde hacía tiempo, y el paso de los albañiles convocados para arreglar las paredes descascaradas del lugar, revelaron lo que nadie imaginaba: un cadáver maniatado y tapado con cemento en el fondo de un placard. El inquilino, Horacio Antonio Grasso, no estaba. Lo habían trasladado a la Penitenciaría de Bouwer 24 horas antes por violar, una vez más, la prisión domiciliaria que gozaba desde 2021.

El hallazgo reavivó un nombre que para muchos ya era sinónimo de violencia y muerte: Grasso, el expolicía condenado a 27 años de prisión por el asesinato de Facundo Novillo Cancinos, un niño de 6 años que murió acribillado durante un asalto disfrazado de operativo narco en Colonia Lola, el 26 de marzo de 2007. El caso sacudió Córdoba entonces, y vuelve hoy a estremecerla.

Entre el espanto por el cuerpo sin identificar hallado y las dudas que rodean a la custodia penitenciaria, la voz que emerge con más fuerza es la de Laura, la madre de Facundo. Su testimonio a Puntal desnuda una década y media de amenazas, soledad, olvido judicial y un dolor que no da tregua.

Facundo tenía seis años y estaba sentado en un Renault junto a su madre, cuando una bala de FAL, arma de guerra, lo alcanzó. La disparó Horacio Grasso, vestido de policía pese a estar cesanteado, en medio de un intento de robo a una familia vinculada al narcotráfico. Iba acompañado por un militar, que aportó el arma, y otro cómplice. Fingían un operativo. En realidad, era un asalto. Fue un ajuste de cuentas con sello policial.

“Ese día, lo veo a mi hijo muerto, la cabeza destrozada. A él nadie me lo devuelve. Yo sólo quería justicia”, dice Laura.

La justicia llegó en 2009 cuando Grasso fue condenado a 27 años de prisión. El militar recibió 23. El tercer integrante de la banda fue sobreseído. Pero la paz no llegó.

En 2019, un juez de Río Cuarto le concedió a Grasso la prisión domiciliaria por supuestos problemas de salud: diabetes, arritmia y artrosis. La madre del condenado se hizo responsable, y volvió a la ciudad capital para vivir junto a ella. Poco después, Grasso la agredió violentamente. Fue internado en un psiquiátrico, luego devuelto a la cárcel y, en 2021, otra vez le dieron prisión domiciliaria. Esta vez, en un departamento familiar del centro cordobés.

Ahí vivió, en la calle Buenos Aires, bajo vigilancia del Patronato del Liberado y el Centro de Control de Personas con Tobilleras Electrónicas. Una vigilancia tan laxa que nadie detectó, durante cuatro años, la existencia de un cadáver oculto en el placard.

Los vecinos habían advertido: olores insoportables, ruidos extraños, perros desnutridos. Pero Grasso seguía ahí, como un fantasma con uniforme.

El 3 de julio, un juez revocó la domiciliaria y lo envió de nuevo a Bouwer. Al día siguiente, su hermano Javier, también con antecedentes de violencia, ingresó al departamento con obreros. Fue entonces cuando se abrió el placard y se descubrió el cuerpo. En avanzado estado de descomposición, tapado con cemento, maniatado. Aún no ha sido identificado.

Laura no va a la tumba de su hijo desde hace nueve años. “Me amenazaron. Una vez fui al cementerio de San Vicente y me encontré con el nicho roto, el cajón sobresalía. Después me dijeron que iba a terminar como mi hijo si seguía hablando”, relata.

La mujer cree que esas amenazas venían del entorno narco que Grasso frecuentaba. Lo dice sin rodeos: “En Colonia Lola se sigue vendiendo droga. Yo hablé, hice denuncias, y me costó caro”.

Tras la profanación del nicho, trasladó los restos de Facundo al cementerio San Jerónimo. Pero allí también fue amenazada y no pudo volver más.

Su única compañía es su otro hijo, de 13 años. “Tuve que decirle ‘¿sabés que estuvimos comprando sahumerios a dos locales de donde vivía el asesino de tu hermano?’”, cuenta, con la voz quebrada al enterarse que Grasso vivía en pleno centro de la ciudad.

El departamento donde apareció el cadáver pertenece a la familia Grasso. Lo administra el hermano del condenado, Javier, quien fue el primero en llegar al lugar luego del traslado de Horacio. El padre de ambos era odontólogo y les dejó varias propiedades: una casa en barrio General Paz, otra en Colón al 400 y el departamento del horror.

El sábado 5 de julio, cuando los albañiles descubrieron una tapa de cemento en un placard y rompieron la pared, supieron que algo estaba mal. El cuerpo estaba ahí, inerte, irreconocible. Se presume que llevaba casi dos años oculto. Nadie había preguntado por esa persona.

La fiscal Celeste Blasco, de Feria Judicial, tomó la causa. El cuerpo aún no ha sido identificado. No hay detenidos. Grasso permanece en Bouwer, pero no está imputado por el hallazgo. Por ahora.

Mientras tanto, Laura fue una de las primeras en señalar vínculos entre fuerzas de seguridad y bandas narcos en Córdoba. Hoy, vive rodeada de miedo.

Facundo tenía 6 años. Murió por una bala de guerra. Su asesino cumplía prisión domiciliaria en el centro de Córdoba y sin embargo caminaba entre la gente. Nadie lo detenía. Nadie supo del cuerpo que ocultaba tras una pared de cemento.