Intervienen la empresa Hotesur de la familia Kirchner
El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer la intervención judicial de la empresa Hotesur, de la familia Kirchner, en el marco de una causa judicial donde existen pedidos de indagatoria sobre la expresidenta Cristina Kirchner por presunto lavado de dinero.
El magistrado ordenó la intervención de la empresa, dueña del hotel Alto Calafate, en la causa que se sospecha por el alquiler de plazas hoteleras al empresario detenido Lázaro Báez.
La hipótesis investigativa es que Báez, uno de los empresarios más beneficiado por licitación de obra pública, pagó a modo de retornos los alquileres a la familia Kirchner: unos 27 millones de pesos.
El gerenciamiento de Hotesur estaba en manos de Idea S.A, la empresa cuyo titular es Osvaldo Sanfelice, socio de máximo Kirchner en emprendimientos inmobiliarios, y el fiscal Gerardo Pollicita remarcó que el 20 de diciembre pasado los accionistas de aquella primera empresa votaron la renuncia de sus directores titulares y suplentes y no designaron a ninguna persona.
Al quedar acéfalo, recordó el juez Ercolini en su fallo, la IGJ incluso había sugerido la intervención judicial con facultades de administración y coadministración. "Resulta necesaria la intervención que aquí se decreta, dado que así se puede conservar el patrimonio de la empresa cautelada y continuar con los negocios desarrollados hasta el momento”.
El magistrado ordenó la intervención de la empresa, dueña del hotel Alto Calafate, en la causa que se sospecha por el alquiler de plazas hoteleras al empresario detenido Lázaro Báez.
La hipótesis investigativa es que Báez, uno de los empresarios más beneficiado por licitación de obra pública, pagó a modo de retornos los alquileres a la familia Kirchner: unos 27 millones de pesos.
El gerenciamiento de Hotesur estaba en manos de Idea S.A, la empresa cuyo titular es Osvaldo Sanfelice, socio de máximo Kirchner en emprendimientos inmobiliarios, y el fiscal Gerardo Pollicita remarcó que el 20 de diciembre pasado los accionistas de aquella primera empresa votaron la renuncia de sus directores titulares y suplentes y no designaron a ninguna persona.
Al quedar acéfalo, recordó el juez Ercolini en su fallo, la IGJ incluso había sugerido la intervención judicial con facultades de administración y coadministración. "Resulta necesaria la intervención que aquí se decreta, dado que así se puede conservar el patrimonio de la empresa cautelada y continuar con los negocios desarrollados hasta el momento”.