En veinte años, 63 curas fueron acusados de abuso en Argentina
Dentro de esa cifra hay 17 religiosos que fueron condenados, 22 con procesos judiciales en marcha y 24 que no fueron judicializados pese a que existen denuncias consistentes en su contra. La red de víctimas, en alerta
En los últimos 20 años se comprobó un total de 63 denuncias por abuso sexual dentro de la Iglesia argentina. En por lo menos 19 de esos casos, la Iglesia trasladó al acusado a otro destino y cinco de esos curas o religiosos han recibido denuncias de abusos en más de un lugar.
Así lo reveló una investigación periodística del diario La Nación que puso de relieve la principal problemática que hoy enfrenta la Iglesia no sólo en nuestro país sino en el mundo.
Por ese motivo, desde el primer día de este mes, en todas las diócesis empezó a circular un protocolo que elaboró el Vaticano para enfrentar estos casos y evitar que queden impunes.
“Respecto a ese protocolo que mandó Bergoglio, considero que es un barniz más que aparenta ser transparente pero no lo es”, dijo a Puntal Carlos Lombardi, el abogado especialista en Derecho canónico que asesora a la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina.
La carta apostólica establece que cada obispado lleve un registro público de curas abusadores que sea de fácil acceso para los denunciantes. “Pero eso es más de lo mismo, ¿qué garantías tienen los denunciantes de que vayan a darle curso a las investigaciones? Ninguna”, dijo el letrado.
A diferencia de lo que ocurrió en varios países, como Estados Unidos, Chile, Irlanda, Australia o Alemania, en la Argentina nunca hubo una investigación oficial, a nivel global. No la hizo la Justicia y tampoco la Iglesia. Por el contrario, la Iglesia argentina ocultó durante años a sus sacerdotes y religiosos acusados de abuso sexual. Según admite la propia Iglesia, el mecanismo implementado para este encubrimiento fueron, en muchos casos, los traslados: al enterarse de la denuncia contra alguno de los curas o religiosos en su diócesis, era una práctica habitual que los obispos los enviasen a otra jurisdicción sin alertar sobre la acusación detrás de ese movimiento.
"La práctica [de los traslados de religiosos acusados] ha sido habitual, no solamente aquí sino en todos lados. Eso está reconocido en los países donde se han hecho las investigaciones más profundas, como Estados Unidos o Alemania", admite el obispo de la localidad cordobesa de San Francisco, Sergio Buenavuena, en una entrevista con La Nación.
Críticas al obispo
Buenavuena es coordinador del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal argentina y el máximo responsable de lidiar con el problema dentro de la Iglesia. "[La de los abusos] es una de la crisis más graves que tiene la Iglesia en los últimos tiempos", dijo. También lo admite el Papa. "Es necesario cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar a la Iglesia", dijo.
Lombardi, el abogado de la red de víctimas de abusos eclesiásticos, calificó de lamentables las expresiones del obispo porque entendió que es parte de un sistema de encubrimiento que continúa hasta estos días.
“Como sostiene el exsacerdote mexicano Alberto Athie, existen tres niveles de responsabilidad institucional: el primero es el del cura abusador; el segundo es el del obispo encubridor, el que aplica las normas pergeñadas en el Vaticano para proteger a los violadores, y el tercer nivel es el de aquellos que han elaborado premeditadamente el sistema, concetrando en el Código de Derecho Canónico el auténtico huevo de la serpiente”, replicó el letrado.
Agregó que desconfía de la toma de conciencia de la gravedad de estos casos por parte de la Iglesia. Lombardi hizo alusión a algunos de los casos que la red está siguiendo de cerca y se preguntó por qué, por ejemplo, el arzobispo de La Plata, el riocuartense Víctor Manuel Fernández, sigue sosteniendo al cura Eduardo Lorenzo, denunciado por el abuso sexual a un joven, y pese a eso nombrado en un colegio religioso de Tolosa, el instituto Nuestra Señora del Carmen.
La lista de los 63 denunciados incluye 17 casos con condena judicial, 22 con proceso judicial en marcha y 24 no judicializados, pero con denuncias consistentes en su contra (en cuatro de ellos hubo un proceso que quedó trunco). Además, la Iglesia misma admitió la culpa o sancionó a los involucrados en por lo menos 23 de esos casos. En 12 les quitó el estado clerical, la máxima pena que aplica la institución.
Así lo reveló una investigación periodística del diario La Nación que puso de relieve la principal problemática que hoy enfrenta la Iglesia no sólo en nuestro país sino en el mundo.
Por ese motivo, desde el primer día de este mes, en todas las diócesis empezó a circular un protocolo que elaboró el Vaticano para enfrentar estos casos y evitar que queden impunes.
“Respecto a ese protocolo que mandó Bergoglio, considero que es un barniz más que aparenta ser transparente pero no lo es”, dijo a Puntal Carlos Lombardi, el abogado especialista en Derecho canónico que asesora a la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina.
La carta apostólica establece que cada obispado lleve un registro público de curas abusadores que sea de fácil acceso para los denunciantes. “Pero eso es más de lo mismo, ¿qué garantías tienen los denunciantes de que vayan a darle curso a las investigaciones? Ninguna”, dijo el letrado.
A diferencia de lo que ocurrió en varios países, como Estados Unidos, Chile, Irlanda, Australia o Alemania, en la Argentina nunca hubo una investigación oficial, a nivel global. No la hizo la Justicia y tampoco la Iglesia. Por el contrario, la Iglesia argentina ocultó durante años a sus sacerdotes y religiosos acusados de abuso sexual. Según admite la propia Iglesia, el mecanismo implementado para este encubrimiento fueron, en muchos casos, los traslados: al enterarse de la denuncia contra alguno de los curas o religiosos en su diócesis, era una práctica habitual que los obispos los enviasen a otra jurisdicción sin alertar sobre la acusación detrás de ese movimiento.
"La práctica [de los traslados de religiosos acusados] ha sido habitual, no solamente aquí sino en todos lados. Eso está reconocido en los países donde se han hecho las investigaciones más profundas, como Estados Unidos o Alemania", admite el obispo de la localidad cordobesa de San Francisco, Sergio Buenavuena, en una entrevista con La Nación.
Críticas al obispo
Buenavuena es coordinador del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal argentina y el máximo responsable de lidiar con el problema dentro de la Iglesia. "[La de los abusos] es una de la crisis más graves que tiene la Iglesia en los últimos tiempos", dijo. También lo admite el Papa. "Es necesario cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar a la Iglesia", dijo.
Lombardi, el abogado de la red de víctimas de abusos eclesiásticos, calificó de lamentables las expresiones del obispo porque entendió que es parte de un sistema de encubrimiento que continúa hasta estos días.
“Como sostiene el exsacerdote mexicano Alberto Athie, existen tres niveles de responsabilidad institucional: el primero es el del cura abusador; el segundo es el del obispo encubridor, el que aplica las normas pergeñadas en el Vaticano para proteger a los violadores, y el tercer nivel es el de aquellos que han elaborado premeditadamente el sistema, concetrando en el Código de Derecho Canónico el auténtico huevo de la serpiente”, replicó el letrado.
Agregó que desconfía de la toma de conciencia de la gravedad de estos casos por parte de la Iglesia. Lombardi hizo alusión a algunos de los casos que la red está siguiendo de cerca y se preguntó por qué, por ejemplo, el arzobispo de La Plata, el riocuartense Víctor Manuel Fernández, sigue sosteniendo al cura Eduardo Lorenzo, denunciado por el abuso sexual a un joven, y pese a eso nombrado en un colegio religioso de Tolosa, el instituto Nuestra Señora del Carmen.
La lista de los 63 denunciados incluye 17 casos con condena judicial, 22 con proceso judicial en marcha y 24 no judicializados, pero con denuncias consistentes en su contra (en cuatro de ellos hubo un proceso que quedó trunco). Además, la Iglesia misma admitió la culpa o sancionó a los involucrados en por lo menos 23 de esos casos. En 12 les quitó el estado clerical, la máxima pena que aplica la institución.