Baja de imputabilidad: Montero dijo que lo de Nación es simplista y sin financiamiento

En la previa del debate en Diputados por la baja de la imputabilidad, la secretaria general de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, dijo ayer a Puntal que el proyecto de la Nación es “simplista y sin financiamiento”.

Y se preguntó: “¿Garantiza dicha ley infraestructura para todo el país?”.

Montero pidió partidas específicas y resaltó lo que se hace en la provincia de Córdoba.

-¿Cómo ve el proyecto para bajar a 14 años la edad de imputabilidad?

- El Sistema Penal Juvenil está hoy en el centro del debate nacional. En Córdoba venimos avanzando con seriedad y planificación, como lo dejó claro el gobernador (Martín Llaryora). Pero me pregunto: ¿realmente cree el Gobierno de Javier Milei que el proyecto de ley que enviaron al Congreso garantiza la infraestructura necesaria para todo el país? No establecer partidas específicas para las provincias vuelve difícil hablar de una política seria para un tema que supuestamente les importa. Y esto puedo debatirlo con datos.

-¿Cuáles son?

-Córdoba licitó el Campus Papa Francisco, una obra destinada a jóvenes que cometieron delitos, con 125 plazas distribuidas en 5 módulos, áreas de salud, deportes y espacios comunes, por $ 18.000 millones sólo en infraestructura. A eso habrá que sumar equipamiento, sistemas de seguridad, recursos humanos y equipos profesionales. En este debate, Córdoba no habla desde la teoría. Habla desde la experiencia, la inversión y una legislación propia.

-¿Qué otros datos?

-Desde 2025, la Provincia viene abordando la complejidad del problema con un nuevo marco legal, como lo señaló el gobernador, que le da al Estado más instrumentos para intervenir. Mientras a nivel nacional se proponen soluciones simplistas y sin financiamiento, en Córdoba se implementan estrategias de fondo.

-¿Cómo es en la provincia?

-A partir de la Ley de Procedimiento Penal Juvenil, sancionada por amplia mayoría en la Legislatura, se creó un dispositivo para la contención y tratamiento de menores de 16 años de edad con delitos complejos. Fue dotado de profesionales y personal específico y se trabaja junto a la UNC para su capacitación.

-¿Y qué resultados arrojó?

-En 7 meses de vigencia, 27 jóvenes fueron alojados por orden judicial y otros 103 permanecen bajo programas alternativos. Por eso, podemos aportar con autoridad a este debate.

-¿Cuál es la diferencia con la Nación?

-Lo que decimos, lo hacemos. No se trata sólo de armar leyes, sino de definir seriamente qué hacer y con qué recursos.