En Río Cuarto no hay organismos que controlen los precios congelados
El Gobierno lanzó el mes pasado un congelamiento de precios para tratar de contener la elevada inflación que sigue produciéndose principalmente en la canasta alimentaria. Son 1.432 productos, cuyos precios deberían retrotraerse al 1° de octubre.
Sin embargo, ni bien se lanzó el programa comenzaron los problemas. El Centro que nuclea a los almacenes y autoservicios de toda la provincia señaló que los proveedores les llevan la mitad de los productos de la canasta congelada a un precio superior al que deberían venderlo.Es decir, tendrían que comercializar a pérdida más de 700 artículos.
Ahora, este diario realizó un relevamiento para saber si hay instituciones u organismos, ya sea provinciales, municipales o nacionales, que estén haciendo controles en las calles como los que se ven en Buenos Aires.
En provincia de Buenos Aires se están realizando los controles para tratar de garantizar la presencia de los precios máximos.
Por ahora, ningún área oficial está realizando relevamientos. Es decir, los precios se congelaron pero no hay instancias del Estado que estén constatando que los riocuartenses paguen por los productos lo que fijó la resolución de la Secretaría de Comercio Interior. Según la disposición, los valores al público no sólo debían retrotraerse al 1° de octubre sino, además, permanecer inalterados hasta el 7 de enero.
El 20 de marzo del año pasado, cuando se decretó la primera cuarentena por la aparición del coronavirus en el país, rápidamente se produjo un fuerte incremento en el valor de los alimentos. En ese contexto de emergencia, el Gobierno decretó precios máximos. Y, entonces, estamentos estatales y organismos salieron simultáneamente por la ciudad a constatar el cumplimiento del decreto 408/2020.
“Pusimos en marcha los operativos para controlar los precios de los alimentos en comercios de la ciudad. Estamos trabajando en un primer nivel de constatación de los precios establecidos por el poder Ejecutivo nacional, en contraposición con los que efectivamente se comercializan en los centros comerciales. Si se confirma una infracción se emplaza a los comerciantes a adecuarse a la normativa vigente”, decía un comucado que emitió la Municipalidad en mayo del año pasado.
En aquella ocasión salieron a la calle, en un operativo conjunto, agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), de la Municipalidad y de la Defensoría del Pueblo.
En la versión 2021 de los precios congelados ninguno de esos organismos salió a la calle para relevar los precios. El gobierno municipal está alineado con la postura que tiene la gobernación, enfrentada políticamente con la gestión de Alberto Fernández. Durante la actual campaña, esa división se acentuó aún más.
En las últimas semanas, cuando el gobierno nacional convocó a los gobernadores para sumarse al control, JuanSchiaretti no acudió y, posteriormente, el comunicado de la Provincia apuntó a que se analizaría la situación, se convocaría a las partes y se estudiaría la posibilidad de aplicar los controles. Hasta ahora, no se ha producido una etapa de concreción.
Como consecuencia, el Municipio no está controlando.
Pero tampoco los organismos nacionales fueron instruidos para realizar operaetivos en el territorio.
En Buenos Aires, desde hace dos semanas se ven imágenes de controles en las calles. En Río Cuarto no. Hubo una delegación local de un organismo nacional que consultó si debían hacer los operativos por los precios;hasta ahora no hubo respuesta.
Una idea era que salieran algunos militantes pero, hasta el momento, no ha habido nada oficial. El problema es que los militantes no tienen, por ejemplo, la facultad para emplazar a un comercio incumplidor.
En Buenos Aires, los controles fueron puestos en macha por la Defensoría del Pueblo de la Provincia.
Este diario consultó al defensor del Pueblo de Río Cuarto, Ismael Rins, que señaló que no tuvo ninguna comunicación de parte del gobierno nacional.
“Podríamos hacer un relevamiento pero tendrían que darnos las facultades necesarias porque si no, si hay una infracción, no podemos conminar a nadie. Actualmente no estamos en la situación de emergencia sanitaria que generaba la pandemia y debería producirse una disposición nacional para que hagamos los relevamientos”, indicó Rins.