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Los contadores fueron a la Justicia por una resolución de la Afip

Se trata del Régimen de Información de Planificaciones Fiscales nacionales e internacionales por el cual deben entregar datos de sus clientes a ese organismo.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas ( CPCE) presentó finalmente ayer una medida cautelar ante la Justicia Federal en vías de reclamar la derogación de la Resolución General 4838 de la Afip mediante la cual el organismo recaudador dispuso la implementación de un "Régimen de Información de Planificaciones Fiscales (nacionales e internacionales)”. Eso, según explican desde el Consejo que reúne a los contadores y profesionales de la Economía, violaría el secreto profesional con el que garantizan a sus clientes que la información brindada no será difundida.

Ante la falta de respuesta a un primer reclamo administrativo presentado oportunamente ante la Afip que pedía la suspensión de la aplicación de la Resolución y su derogación -tarea que hicieron juntos los 23 consejos de Ciencias Económicas que conforman la Federación Argentina-, la entidad cordobesa resolvió seguir el camino que consideró "necesario y legítimo para defender" a los colegas, profesionales de Ciencias Económicas.

Como ya se dijo, el CPCE considera que la instrumentación del Régimen Informativo que se cuestiona “pretende imponer una carga pública a un sujeto ajeno a la relación jurídico-tributaria, como es el asesor fiscal, mediante una norma de inferior jerarquía a la ley. Sin una ley que, en forma clara, precisa y expresa, le delegue tal facultad”.

En esa línea, el Consejo señala que es “violatoria del principio de legalidad, así como de otros principios constitucionales. Es importante destacar que la derogación solicitada no implica afectación alguna a las rentas fiscales, sino que sólo se refiere a un régimen de información que atenta contra normas legales”.

Agrega que no es menor colocar en cabeza de los llamados "asesores fiscales” un régimen de información que importa “violentar el derecho a la intimidad de raigambre constitucional así como también las leyes que -en cada jurisdicción- protegen el secreto profesional”.