Regulación: presentan un proyecto de ley para etiquetar contenidos generados con Inteligencia Artificial

Carolina Basualdo trabaja en un proyecto para etiquetar contenidos realizados con inteligencia artificial.

Por este motivo, la diputada nacional estuvo conversando con Puntal AM.

La iniciativa, que será ingresada formalmente al Congreso la semana próxima, apunta en una primera etapa a personas jurídicas: medios de comunicación, agencias de publicidad y plataformas de streaming.

Transparencia y protección digital en la era de la inteligencia artificial

El proyecto se estructura en cuatro ejes: transparencia informativa, protección de la identidad y la semblanza digital, derechos de los trabajadores culturales e integración democrática. Basualdo explicó que la elaboración del texto incluyó mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, universidades y el Colegio de Abogados de Córdoba, en un proceso que la diputada definió como de cocreación.

Deepfakes electorales, uno de los focos

Uno de los puntos que motivó la iniciativa es el uso de videos falsos generados con IA durante campañas electorales. Basualdo mencionó lo ocurrido en la última campaña con imágenes de Mauricio Macri como ejemplo de la confusión que este tipo de contenidos puede generar en la ciudadanía. En ese sentido, el proyecto contempla restricciones específicas para el período electoral, con la mira puesta en que, de aprobarse, rija para las elecciones de 2027.

La diputada señaló que la Unión Europea es quien más ha avanzado en esta materia a nivel global, y que la iniciativa tomó parte de esa legislación como referencia. También mencionó intentos similares en Brasil y en algunos estados de Estados Unidos, aunque aclaró que ninguno de esos proyectos ha alcanzado aún un nivel de desarrollo comparable al europeo.

Sanciones y alcance del proyecto

El proyecto incluye penalizaciones económicas que van desde 5 hasta 50.000 salarios mínimos, vitales y móviles. Las multas se incrementan cuando el contenido involucra imágenes de menores de edad o personas con discapacidad. El ciudadano común queda fuera del alcance de esta primera versión, al igual que las investigaciones científicas y los trabajos académicos.

En cuanto a la autoridad de aplicación, el texto prevé la creación de un registro y deja en manos del Poder Ejecutivo nacional la definición del ministerio o secretaría que quedará a cargo del control.

Basualdo reconoció que al interior del bloque legislativo conviven posiciones diversas: algunos diputados comparten la necesidad de regular el tema, mientras otros muestran resistencias. De las mesas de trabajo también surgieron inquietudes vinculadas a la violencia digital a través de la IA, un eje sobre el que la diputada anticipó que se abrirá una nueva instancia de debate.