Estuvieron en el recinto Mariela Flores y Martín Sperani, los papás de Joaquín Sperani, el niño asesinado en Laboulaye, y también su otro hijo, Nahuel.
Joaquín fue asesinado por un compañero de 14 años el 29 de junio de 2023.
“Estamos muy emocionados con la aprobación de la ley. Hay un antes y un después, Ahora podemos gritar justicia”, dijo ayer Mariela en diálogo con Puntal.
“Se introdujo un cambio histórico al Código Procesal Penal”, sostuvo ayer a este diario el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas.
La propuesta modifica la Ley 8.123 del Código Procesal Penal y su objetivo es reconocer a las víctimas y ordenar y hacer operativos estándares mínimos de tutela en materia de trato digno, información, participación, asistencia, protección y reparación, asegurando su efectividad en el proceso penal, en armonía con el ordenamiento vigente y con las garantías del debido proceso.
“Esta ley no nos devuelve a Joaquín, pero marca un antes y un después en cuanto a los derechos para las víctimas, que son olvidadas y silenciadas en el proceso judicial”, sostuvo Mariela.
Y añadió: “Hoy podemos decir que es el paso para que las víctimas puedan gritar justicia porque por primera vez se reconocen sus derechos”.
“Ahora las víctimas van a poder decir: exijo justicia porque tengo derechos. Nosotros gritábamos justicia, pero no teníamos derechos. Si bien no le pudimos brindar a Joaquín la justicia que se merecía, nuestra lucha no fue en vano y pudimos honrar su nombre”, puntualizó.
“La ley fue votada por unanimidad y eso significó mucho para nosotros porque se nos escuchó como queríamos. Se dejó de lado la grieta y hubo voluntad política para que las víctimas tuvieran derechos. Hoy sentí que nos reivindicaron y nos dieron nuestra dignidad y para todas las víctimas de la provincia. Hoy podemos gritar justicia como corresponde”, acotó.
“Queremos agradecer al ministro de Justicia (Julián López) que se hizo eco de lo que nosotros estábamos pasando, como así también a los legisladores que escucharon nuestros reclamos”, afirmó.
Y agregó: “También celebramos que se haya aceptado el apartado de violencia institucional, ya que en el departamento Roque Saénz Peña tenemos el caso de Álvaro Zarandón”.
Llamosas, quien también es presidente de la Comisión de Seguridad, aseguró a Puntal que “la votación por unanimidad de la ley es fruto del trabajo conjunto de todos los bloques legislativos que hicieron su aporte junto al Ministerio de Seguridad que preside Julián López”.
“La norma le da un rol protagónico a las víctimas de delitos e incorpora el ítem de violencia institucional”, explicó.
“Es un salto de calidad como consecuencia de una causalidad”, finalizó Llamosas.
