Opinión | Juan Schiaretti |

Los hospitales y la herida de Macri y Juez

El gobierno de Schiaretti decidió pasar a la ofensiva en el conflicto con el personal de Salud. En la oposición, Juntos por el Cambio en Córdoba entró en una fase oficial de congelamiento

Puede decirse que el gobierno de Juan Schiaretti abandonó su estrategia defensiva en el conflicto con el personal de los hospitales y pasó, todavía tibiamente, todavía de modo exploratorio, a la ofensiva. Una ofensiva enfocada, sobre todo, en el discurso.

Hasta la semana pasada había respondido ante cada escalada de la protesta con una propuesta salarial mejorada, con una nueva concesión. El 30 de noviembre definió y dio a conocer el aumento más fuerte de todos. Y no era una propuesta sino una decisión: desde el 1° de diciembre en los hospitales públicos pasó a cobrarse hasta un 90 por ciento más. Por ejemplo, un médico de guardia en el interior, donde se originó la protesta, saltó de 181.790 pesos a 343.729 pesos de bolsillo.

Una suba que, por su magnitud, estaba pensada y configurada para cerrar el conflicto. O, al menos, para debilitarlo profundamente. Sin embargo, junto con el aumento el gobierno provincial inauguró una modificación de su postura pública ante la protesta: se plantó de otra manera. Detalló cada uno de los sueldos que cobrarán los médicos, los enfermeros y el personal en general como una forma de mostrarle a la sociedad que los salarios en los hospitales han pasado a ser, nominalmente, más altos que los de la gran mayoría de los trabajadores.

Pero, además, y eso fue lo que molestó particularmente a los líderes de la protesta, la Provincia remarcó que esos sueldos se pagarán con el esfuerzo de todos los cordobeses. En los hospitales se interpretó, no sin razón, que se trató de un intento por ir erosionando el apoyo de la gente al reclamo.

El gobierno comenzó a actuar en el conflicto en dos frentes y ya no sólo en uno: con el alza salarial persiguió el objetivo de atenuar la magnitud de la protesta; y, además, desplegó recursos, sobre todo discursivos, en una pulseada por la opinión pública. No lo hizo de manera frontal, no con quienes son considerados como los héroes de la pandemia, sino aún incipientemente.

Pero como la protesta no se terminó, como el personal de Salud consideró que los números podían parecer tentadores pero que la estructura del aumento continuaba siendo perjudicial e insuficiente, entonces la Provincia pasó a una segunda fase de la ofensiva: en una entrevista que se publicó en este diario, la ministra de Salud, Gabriela Barbás, declaró, todavía como si fuera un fenómeno puntual y no extendido, que hay sectores en los hospitales que rechazarán cualquier propuesta que se les haga, incluso la mejor imaginable, porque persiguen intereses no salariales sino políticos. Es decir, buscan hacerle daño al oficialismo en una época ya abiertamente electoral.

Barbás no generalizó pero sembró una semilla discursiva.

La Provincia parece estar preparándose ante la posibilidad de que las medidas de fuerza se extiendan.

Pero, además, se está insinuando una complicación adicional: la extensión del conflicto. El SEP de José Pihen, que siempre firma los acuerdos salariales antes que el resto y condiciona así a los demás gremios, ahora señaló que las concesiones a los médicos habilitan a discutir nuevamente los sueldos de la administración pública. Ni siquiera Pihen puede hacerse por siempre el desentendido.

Schiaretti ha actuado para sofocar rápidamente las exigencias salariales pero, hasta ahora, la lógica de negociación que le dio resultado en los años anteriores parece haber perdido parte de su eficacia.

Antes de la protesta en los hospitales, la Provincia tenía un diagnóstico: sólo la inestabilidad general del país y el financiamiento de la Caja de Jubilaciones podían dar dolores de cabeza. Sin embargo, la situación en el área de la Salud se debe por supuesto a la inflación pero, también, en buena medida a un proceso sostenido de deterioro de los sueldos públicos. La manifestación del problema se produjo, de manera casi previsible, en un tiempo electoral.

La oposición provincial podría capitalizar ese contexto pero no lo hace. En parte porque parece no saber cómo actuar, en parte porque está más dedicada a sus propios dramas de convivencia. La promocionada reunión entre Mauricio Macri y Martín Llaryora, elegido por Schiaretti para sucederlo, todavía es un capítulo abierto y traumatizante.

En la entrevista que hoy publica este diario, Luis Juez, líder del Frente Cívico y aspirante a ser candidato a gobernador, no ahorra calificativos ni disimula: el encuentro entre el expresidente y su rival lo descolocó, le molestó profundamente. Tanto que Juez confirma que ordenó suspender la firma del reglamento interno, que habilitaba la interna abierta reclamada por la UCR y que estaba a horas de rubricarse, porque primero quiere tener en claro a qué juega cada uno de sus aliados pero, fundamentalmente, Macri. El senador pretende, y así lo dice, un encuentro con el referente del Pro, ese que impulsa a Rodrigo de Loredo para la candidatura a gobernador de Juntos por el Cambio y a la vez se reúne con el schiarettismo, para tener de él una explicación y una definición.

El líder del Frente Cívico asegura que, de acuerdo a las respuestas de Macri, definirá qué hacer. Otra vez, el fantasma de la ruptura.

Porque, además, la reunión intensificó las sospechas que Juez traía de arrastre: para él, la noticia no fue más que un elemento confirmatorio que, además, debe servir para convencer a quienes tenían dudas de una posible traición de alguno de los socios.

Entre Macri y Juez no hay onda. Ni un gramo. Como prueba sirve un episodio que el senador relata en la entrevista como para dejar en evidencia dos definiciones de Macri que podrían entenderse como mentiras palmarias: en una reunión con Ernesto Martínez, presidente del Frente Cívico, el ex jefe de Estado aseguró que ya no tiene ningún compromiso político con Schiaretti y que persigue como objetivo ganar Córdoba.

Eso es lo que destaca Juez de la reunión. Sin embargo, hay otro elemento que también es sintomático: el líder del Frente Cívico cuenta que ese día en que se reunió con Martínez, la última vez que vino a Córdoba, Macri en realidad había pedido verse con él, con Juez. Sin embargo, el senador le dijo que no y mandó al exmandatario a hablar con el titular formal del Frente Cívico, una figura de segundo orden. Macri, expresidente de la Nación y millonario desde la cuna, seguramente tomó la actitud como un insulto, como un ninguneo inadmisible.

Es curioso: Juez, que viene tragándose todos los sapos que el radicalismo le sirve en bandeja con tal de no caer en una ruptura que le sería funcional nuevamente al peronismo, parece sólo haberse indigestado ante la posibilidad de tener que hablar con Macri. No aceptó verlo cuando el expresidente lo sondeó.

Ahora es él quien pide un cara a cara, el que espera respuestas. Mientras tanto, Juntos por el Cambio en Córdoba entró en una fase de congelamiento, de stand by, al menos hasta que Macri deje tierras qataríes y reemplace el fútbol y los palcos con jeques por la política.