El Centro de Jubilados y Pensionados Municipales presentó en la Justicia una medida cautelar en representación de 515 afiliados para que no se aplique la reforma jubilatoria que la Legislatura aprobó el 20 de mayo y que, según el planteo, vulnera el “núcleo duro previsional” establecido por el Tribunal Superior de Justicia.
Esta misma semana, la Cámara de Apelaciones en lo Civil N 2 emitió un amparo que le ordenó a la Caja de Jubilaciones abstenerse de aplicar los artículos de la ley 10.694 hasta tanto se defina la cuestión de fondo. Los camaristas entendieron que existía verosimilitud en el reclamo y que el riesgo de vulneración de derechos era real.
Ahora, la presentación, realizada por el abogado Ignacio Fernández Sardina, es colectiva. El primer tramo de argumentación en el amparo se refiere a la legitimidad del Centro de Jubilados para representar los derechos de todos sus integrantes. Y señala que, si bien la afectación es individual, el interés es homogéneo entre un grupo de personas ante el hecho de que el daño fue provocado por una única causa o evento. En este caso, el daño -pérdida en los haberes- fue generado por la reforma jubilatoria votada por el oficialismo en la Unicameral.
Argumentos
Lo que plantea el Centro de Jubilados, cuyo presidente es Mario Alesci, es que se dicte una medida cautelar que evite la aplicación de la ley en los 515 afiliados. Esto sería hasta tanto se defina la constitucionalidad o no de la normativa aprobada en Córdoba.
La nueva ley tuvo un tratamiento exprés en la Legislatura y, según explicó el gobierno provincial, era indispensable para reducir gastos en 6.500 millones de pesos en una Caja de Jubilaciones que tiene un rojo total proyectado para el año de 35.000 millones de pesos.
Sin embargo, la reforma encontró resistencia de jubilados que están yendo a la Justicia para frenar su aplicación. La primera cautelar salió en Córdoba capital y esta semana hubo una resolución similar en Río Cuarto en favor de una pensionada docente.
El núcleo argumental del amparo del Centro de Jubilados es que el articulado viola el “límite infranqueable” que definió el Tribunal Superior a partir del caso Bossio. Ese núcleo duro no puede tener restricción alguna y debe representar el 82% móvil del sueldo líquido del trabajador activo; es decir, el 82% móvil de la remuneración mensual del cargo desempeñado al momento de jubilarse, descontado el aporte previsional.
El Centro de Jubilados sostiene que ese piso se perfora con la ley 10.694. Uno de los reproches, además, es que el Legislativo no declaró la emergencia económica que justifique las medidas que afectan a los jubilados.
“Los jubilados están buscando un alivio para sus bolsillos. La delicada situación que atraviesan comenzó con los ilegales aumentos no remunerativos que otorgó el intendente Llamosas, a lo que se suma la reforma previsional inconstitucional, que pone a los jubilados y pensionados en una situación de extrema gravedad y totalmente desvinculados de lo que percibe un activo”, manifestó Fernández Sardina.
Los cuestionamientos apuntan, sobre todo, al desacoplamiento de los aumentos, que los jubilados cobrarán con dos meses de retraso, y al “aporte” del 20% para los sueldos de más de 102.000 pesos. También se ataca la decisión de recalcular el haber inicial para un nuevo jubilado.
En el escrito se fundamenta la necesidad de la medida cautelar en el hecho de que se trata de un sector vulnerable, en el que las jubilaciones tienen carácter alimentario y, además, en el que existe un peligro inminente de deterioro de su calidad de vida.
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