Marcelo Pérez, el abogado y docente de Cabrera, que viene protagonizando una seguidilla de hechos de violencia, fue nuevamente encarcelado luego de recibir una nueva imputación.
Ayer, la fiscalía de Segundo Turno de Javier Di Santo le imputó un nuevo delito: lo acusó de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, lo que antes se conocía en el Código Penal como estupro.
Se trata del mismo profesor y letrado que salió a la luz pública en vísperas de la última Navidad, cuando la joven con la que se encontraba en un departamento de un tercer piso de Río Cuarto -Agostina Camaño, de 18 años- se arrojó desesperada al vacío para huir de las agresiones de Pérez.
Por ese episodio, el abogado tuvo una breve estadía en el Servicio Penitenciario Número 6, pero allí se las ingenió para evitar el contacto con los presos comunes, pues hizo una petición a las autoridades carcelarias para que lo colocaran en el pabellón destinado a exintegrantes de las fuerzas de seguridad.
Después de pasar un mes preso, Pérez logró que le revocaran la prisión preventiva, aunque no transcurrió mucho tiempo antes de que volviera a ser noticia.
Denunciado por la madre de la víctima
La noche del martes 9 de abril, a las 23, la madre de una adolescente de 15 años radicó en la comisaría de General Cabrera una nueva denuncia contra Pérez, esta vez por abuso sexual.
El dato fue dado a conocer horas después por el comisario a cargo de la Departamental Juárez Celman, Pedro Gallardo.
En la misma conferencia de prensa, Gallardo confió que se presentó a la Policía el padre de Pérez, quien habría sido agredido por familiares de la víctima.
La última denuncia contra Pérez fue investigada por el fiscal Di Santo, quien ordenó una serie de medidas probatorias, como la revisión médica de la adolescente que habría sido abusada y una serie de pericias psicológicas y psiquiátricas que garanticen la credibilidad de sus dichos.
Ahora, la situación procesal de Pérez se agravó porque Di Santo, después de analizar esas pericias y escuchar detenidamente las declaraciones en Cámara Gessell de la chica, consideró que hay elementos suficientes para imputarlo de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, un delito cuya escala penal va de los 3 a los 6 años de cárcel.
Además de abogado, Pérez se desempeña como docente en un instituto escolar de General Cabrera. Sería allí donde tomó contacto con la adolescente, y a fines del año pasado, cuando la víctima aún tenía 14 años de edad, se habría concretado el abuso sexual.
Incluso la Justicia no descarta que, después de que Pérez recuperó su libertad, haya vuelto a mantener contacto con la menor de edad.
De todos modos, no será Di Santo quien deberá decidir qué hará con Pérez, sino el fiscal de Cuarto Turno Daniel Miralles, el mismo que lo está investigando por el grave episodio que se produjo en el edificio Alegro II, de calle Moreno 657.
De esta forma, se unifican las dos causas en un mismo fiscal. Miralles recibió ayer la nueva denuncia contra Pérez y tiene dos opciones: podría ordenar la inmediata detención del abogado cabrerense y en los próximos días resolver si le dicta una nueva prisión preventiva, o podría continuar la pesquisa con el acusado en libertad.
Finalmente hoy, el fiscal Miralles confirmó que volvió ser detenido.
El pronóstico no es favorable al imputado pues el hecho protagonizado el 23 de diciembre con la joven que terminó con serias lesiones es un antecedente que puede influir en la decisión judicial.
El estupro ya no forma parte del Código Penal
El delito que la Justicia le imputó al abogado cabrerense Marcelo Pérez está emparentado con el estrupro, pero no es exactamente lo mismo.
Hasta mayo de 1999, el artículo 120 del Código Penal decía que cometía estupro el que mantuviera contactos carnales con una menor de entre 12 y 15 años, aunque no hubiese empleado métodos de intimidación y la víctima no estuviera privada de la razón.
Con la reforma de aquel artículo, dispuesta por medio de la ley 25.087, varió la tipificación del delito sexual.
Desde entonces, la Justicia debe probar que el autor se aprovechó de la inmadurez sexual de una menor de entre 13 y 16 años, que es precisamente lo que la fiscalía de instrucción le atribuyó a Pérez.
También debe acreditarse una relación de preeminencia del autor sobre la víctima u otra circunstancia equivalente, situación que el fiscal Di Santo también tuvo en cuenta antes de decidir la imputación de ese delito.
Se trata del mismo profesor y letrado que salió a la luz pública en vísperas de la última Navidad, cuando la joven con la que se encontraba en un departamento de un tercer piso de Río Cuarto -Agostina Camaño, de 18 años- se arrojó desesperada al vacío para huir de las agresiones de Pérez.
Por ese episodio, el abogado tuvo una breve estadía en el Servicio Penitenciario Número 6, pero allí se las ingenió para evitar el contacto con los presos comunes, pues hizo una petición a las autoridades carcelarias para que lo colocaran en el pabellón destinado a exintegrantes de las fuerzas de seguridad.
Después de pasar un mes preso, Pérez logró que le revocaran la prisión preventiva, aunque no transcurrió mucho tiempo antes de que volviera a ser noticia.
Denunciado por la madre de la víctima
La noche del martes 9 de abril, a las 23, la madre de una adolescente de 15 años radicó en la comisaría de General Cabrera una nueva denuncia contra Pérez, esta vez por abuso sexual.
El dato fue dado a conocer horas después por el comisario a cargo de la Departamental Juárez Celman, Pedro Gallardo.
En la misma conferencia de prensa, Gallardo confió que se presentó a la Policía el padre de Pérez, quien habría sido agredido por familiares de la víctima.
La última denuncia contra Pérez fue investigada por el fiscal Di Santo, quien ordenó una serie de medidas probatorias, como la revisión médica de la adolescente que habría sido abusada y una serie de pericias psicológicas y psiquiátricas que garanticen la credibilidad de sus dichos.
Ahora, la situación procesal de Pérez se agravó porque Di Santo, después de analizar esas pericias y escuchar detenidamente las declaraciones en Cámara Gessell de la chica, consideró que hay elementos suficientes para imputarlo de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, un delito cuya escala penal va de los 3 a los 6 años de cárcel.
Además de abogado, Pérez se desempeña como docente en un instituto escolar de General Cabrera. Sería allí donde tomó contacto con la adolescente, y a fines del año pasado, cuando la víctima aún tenía 14 años de edad, se habría concretado el abuso sexual.
Incluso la Justicia no descarta que, después de que Pérez recuperó su libertad, haya vuelto a mantener contacto con la menor de edad.
De todos modos, no será Di Santo quien deberá decidir qué hará con Pérez, sino el fiscal de Cuarto Turno Daniel Miralles, el mismo que lo está investigando por el grave episodio que se produjo en el edificio Alegro II, de calle Moreno 657.
De esta forma, se unifican las dos causas en un mismo fiscal. Miralles recibió ayer la nueva denuncia contra Pérez y tiene dos opciones: podría ordenar la inmediata detención del abogado cabrerense y en los próximos días resolver si le dicta una nueva prisión preventiva, o podría continuar la pesquisa con el acusado en libertad.
Finalmente hoy, el fiscal Miralles confirmó que volvió ser detenido.
El pronóstico no es favorable al imputado pues el hecho protagonizado el 23 de diciembre con la joven que terminó con serias lesiones es un antecedente que puede influir en la decisión judicial.
El estupro ya no forma parte del Código Penal
El delito que la Justicia le imputó al abogado cabrerense Marcelo Pérez está emparentado con el estrupro, pero no es exactamente lo mismo.
Hasta mayo de 1999, el artículo 120 del Código Penal decía que cometía estupro el que mantuviera contactos carnales con una menor de entre 12 y 15 años, aunque no hubiese empleado métodos de intimidación y la víctima no estuviera privada de la razón.
Con la reforma de aquel artículo, dispuesta por medio de la ley 25.087, varió la tipificación del delito sexual.
Desde entonces, la Justicia debe probar que el autor se aprovechó de la inmadurez sexual de una menor de entre 13 y 16 años, que es precisamente lo que la fiscalía de instrucción le atribuyó a Pérez.
También debe acreditarse una relación de preeminencia del autor sobre la víctima u otra circunstancia equivalente, situación que el fiscal Di Santo también tuvo en cuenta antes de decidir la imputación de ese delito.