El objetivo era implementar un sistema para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en todo el país. Como los municipios suelen no disponer de los fondos ni de la capacidad técnica para llevar adelante ese tipo de emprendimientos, el programa se financió desde la Nación.
Sin embargo, según la resolución del juez Julián Ercolini, se produjo una larga serie de irregularidades que habría causado un perjuicio de unos 246 millones de pesos.
Las auditorías iniciadas por la Sigen en 2012 se repitieron en 2016. Allí, se constató la persistencia de las irregularidades que el juez reprocha. “Durante ese lapso, se habría utilizado el marco legal del Proyecto, para disimular lo que constituía, en realidad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales, situación que, sumada al desorden administrativo imperante, facilitó la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicado para la ejecución de muchos de los proyectos comprometidos, se habría desviado hacia fines que, a la fecha, resultan desconocidos, ocasionando un perjuicio al erario público estimado en 246.000.000 de pesos, si se toman en cuenta los proyectos cuyos plazos de ejecución se encuentran vencidos y cuyas rendiciones de cuentas no han sido presentadas y/o aprobadas”, se lee en la resolución.
Entre las irregularidades detectadas, el juez federal enumera:inexistencia de un mapa crítico, ausencia de manuales de procedimiento, incumplimiento de requisitos administrativos, aprobación de proyectos inconsistentes, falta de procedimientos de rendición, plazos de rendición muy extensos, ausencia de rendiciones de cuentas, carencia de informes de inspecciones de obras, informalidades en los expedientes. Una de esas informalidades la protagonizó Stanicia, que presentó documentación en idioma extranjero sin traducir.
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