Río Cuarto | juicio

El expolicía Oyarzábal no apelará y va a ir a juicio por encubrimiento

Así, queda allanado el camino para que el exhombre fuerte de la Policía de la Provincia enfrente el primer proceso. No es el único: la Justicia Federal lo detuvo y lo acusa de ser parte de la banda de narcolavado

Rosa Sabena llevaba años acusando a Oyarzábal en la causa por la desaparición de Nicolás. Después de su detención en el ámbito federal, se reactivó el caso en la Provincia.

 

El exjefe de Investigaciones, el sabueso que tenía a su cargo las principales pesquisas de la ciudad, deberá enfrentar el primer juicio penal en su contra, acusado de encubrir a los delincuentes que debía perseguir.

Ayer su abogado defensor, Rolby Valdivieso, confirmó a Puntal que no se va a oponer a la decisión de la jueza de Control, que la semana pasada ordenó que Oyarzábal sea sentado en el banquillo de los acusados por el delito de “encubrimiento para el favorecimiento personal”.

De esa forma, se ve allanado el camino al juicio, que, en caso de que se normalice la actividad tribunalicia, podría llevarse a cabo este mismo año en los Tribunales provinciales.

Desde hace años, Rosa Sabena lo había señalado como uno de los funcionarios policiales que, en lugar de investigar a quienes fueron condenados por el secuestro de su hijo Nicolás, acabó encubriéndolos.

El señalamiento de Sabena no se agotó en Oyarzábal. La abogada también llevó a la Justicia a la agente Nancy Salinas -cuyo juicio parecía inminente antes de que se paralizaran las audiencias penales- y al comisario Fernando Pereyra.

Este último fue el único que logró ser sobreseído por la Justicia provincial.

Como un castillo de naipes, bastó que una carta trastabillara para que la situación del exhombre fuerte de la Policía Gustavo Oyarzábal se viniera a pique y arrastrara todas las barajas.

La sucesión de reveses para el exjefe de Investigaciones arrancó a comienzos del 2019, cuando -para sorpresa de muchos- fue separado de la fuerza policial en forma abrupta y sin que se dieran a conocer los motivos.

Semanas después de esa impactante noticia, el panorama se fue despejando con otro hecho conmocionante: una comitiva de la Fuerza Policial Aeroportuaria irrumpió en la casa de Oyarzábal los primeros días de febrero de 2019 para llevárselo detenido en el marco de la investigación por la causa federal que se dio a conocer como el narcolavado.

Desde entonces, las únicas veces que el expolicía salió de su celda se vincularon con citaciones a declarar por parte del Juzgado Federal o cuando desde los Tribunales provinciales lo llevaron esposado a las salas de juzgamiento para que declarara como testigo en las causas en las que había actuado como investigador. Por ejemplo, en el juicio por el crimen de Claudia Muñoz.

En plena feria extraordinaria, la jueza de Control y Garantías, Luciana Alba, emitió un fallo que le inflige a Oyarzábal un nuevo revés, pues ratificó la decisión del fiscal de Instrucción, Javier Di Santo, de enviarlo a juicio por encubrimiento en la causa Sabena.

Se lo acusa de haber mantenido diálogos telefónicos en dos oportunidades con Lucía “Cory” Vargas, en noviembre de 2008, con el objetivo de favorecerla cuando tanto ella como el resto de los integrantes de la familia Vargas Parra se encontraban en el centro de las sospechas por la desaparición de Nicolás Sabena.

También se le endilgan otras dos comunicaciones en días posteriores: una a Adelina Flores, la esposa de José “Pepe” Vargas, ya fallecida, y otra al propio Pepe Vargas, ambas con el mismo fin de favorecer la situación de la familia sospechada.

La decisión del Juzgado de Control fue tomada el 29 de abril pasado y, aunque la defensa aún estaba en condiciones de oponerse a la elevación a juicio, confirmó ayer que se allanará a la resolución. Así, el juicio recaerá en la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto.

Podría no ser el único en contra de Oyarzábal.

En el Juzgado Federal se lo imputó por la presunta protección y colaboración que brindaba a los integrantes de la banda que operaba en la ciudad para el lavado de activos que provenían del narcotráfico. Es la causa por la que lleva más de un año detenido.