Las maniobras ocurrieron en 2015 y 2017, en Río Cuarto y localidades de la zona. A más de 6 años del inicio de la investigación, el fiscal de Tercer Turno, Fernando Moine, concluyó la instrucción y requirió la citación a juicio.
Los sospechosos, Jorge Barbura, Clarisa y Osvaldo Blasón están imputados por los delitos de estafas -en 3 hechos-, de libramiento de cheques a sabiendas de su imposibilidad legal de pago y contraorden maliciosa de pago.
Las estafas tuvieron como damnificados a dos contratistas rurales que brindaron servicios de cosecha y embolsado de maíz. Otra afectó a un transportista que habían convocado para trasladar la producción a Rosario. En ninguno de los casos habrían pagado lo acordado, según consta en las denuncias formuladas.
En cuanto a los fraudes con cheques, en uno de los hechos supuestamente efectuaron un pago con un valor que había sido denunciado como extraviado. En otro, libraron el cheque con pago diferido y a las semanas lo denunciaron también como extraviado. En ambas situaciones, se frustraron los cobros.
El ardid
Los investigadores consideran que los imputados se asociaron para defraudar a un grupo de personas, para luego proceder a insolventarse y, en forma sincronizada y simulada, vaciar sus patrimonio mediante la sistemática creación de nuevas firmas, como la sociedad anónima Agro Imperio o una serie de fideicomisos, logrando mediante dicho ardid estafar a sus víctimas y evadir el cumplimiento de sus obligaciones.
Para el abogado querellante, Paulo Espamer, "resulta repudiable que alguien se aproveche de su profesión y buena fe de las víctimas para beneficiarse patrimonialmente, en abierta violación al principio según el cual nadie puede enriquecerse defraudando a otro, razón por la cual en la etapa de juicio deberían ser severamente condenados, con el fin de logar una sanción ejemplificadora para el resto de la sociedad".
Al ejercer su defensa, los contadores acusados esgrimieron una serie de dificultades que se les habría presentado en medio de los negocios desarrollados.
Entre los argumentos mencionan las consecuencias de inundaciones de campos, la interrupción de un negocio con un acopio de la zona y un embargo que les trabó la empresa Cargill.
Por otra parte, sostuvieron que no era necesario avanzar con una causa en el fuero penal, cuando se encuentran inmerso en un proceso civil, donde -aseguran- distintos acreedores pudieron acceder a resarcimientos.
Desde enero de 2015
Los hechos que le adjudican a los imputados comenzaron a producirse en 2015. Uno de ellos en enero de ese año y otros dos en junio y julio. Mientras que uno de los casos de estafa es registrado en julio de 2017.
A Barbura, la Fiscalía le adjudica las dos maniobras efectuadas mediante pagos con cheques: calificadas como “frustración maliciosa de pago de cheques” y “bloqueo de cheques”.
Mientras que tanto a Barbura como a Blasón -padre e hija- los imputan por estafa reiterada.
Para el fiscal, la prueba recolectada es suficiente para concluir la instrucción y el miércoles pasado requirió la citación a juicio de los tres acusados.
Las figuras referidas al pago con cheques sin provisión de fondos, contemplan una pena de seis meses a cuatro años de prisión, e inhabilitación especial de uno a cinco años.
En tanto, el delito de estafa prevé en el Código Penal Argentina una pena de hasta 6 años de prisión.
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