Los legisladores opositores Gregorio Hernández Maqueda, Matías Gvozdenovich, Alejandra Ferrero, Rodrigo Agrelo y Walter Nostrala presentaron el pedido por las causales de “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, negligencia grave y posible comisión de delitos”.
Grasso fue condenado a 27 años de cárcel por el homicidio de Facundo Novillo Saravia, un niño que murió al quedar en medio de un tiroteo entre bandas rivales en Colonia Lola de la ciudad de Córdoba, en el año 2006.
Grasso, luego de recorrer varios penales, llegó a la cárcel de Río Cuarto, en 2018. A los pocos meses de arribar al Establecimiento Penitenciario N°6 solicitó la domiciliaria por cuestiones de salud.
Echenique Esteve autorizó que Grasso cumpla la presión en la ciudad de Córdoba. El beneficio logrado en 2019 fue revocado porque agredió a su madre; al cabo de un tiempo Echenique Esteve volvió a otorgársela con el argumento de que el Servicio Penitenciario no podía cuidar adecuadamente de su salud. Fue en 2021.
A principio de año, Grasso fue trasladado al complejo carcelario de Bouwer por incumplir el beneficio de la domiciliaria, por disposición del juez Facundo Moyano Centeno.
Los legisladores también apuntan a otros funcionarios que no cumplieron con las medidas que establece la prisión domiciliaria, ya que hubo un incumplimiento reiterado de Grasso al no permanecer en su sitio de detención.
