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Sin cabos sueltos

Fue el peor final, aunque no el menos previsible. Se veía venir. El mismo fiscal que anduvo a la deriva durante los casi cuatro meses que duró el juicio oral y (no tan) público contra Marcelo Macarrón terminó ejerciendo su mejor defensa. No había cartas bajo la manga: ni el as de espadas, ni el ancho de bastos ni el cuatro de copas. Nada. A pesar de su hermetismo y sus ocasionales guiños al periodismo –“Falta mucho”, “No puedo adelantar opinión”, “Cada testigo aporta lo suyo”, “No hay que adelantarse” -, la pálida actuación del fiscal Julio Rivero fue la crónica de un final anunciado: el pedido de absolución para el imputado.

El alegato de Rivero fue en realidad una encendida defensa del imputado y sus hijos. A tal punto que el verborrágico Marcelo Brito tuvo que desechar buena parte de lo que había preparado para convencer al jurado popular de la inocencia de su cliente. No hizo falta. Técnicamente, si el fiscal no acusa, se termina el juicio. Pero Brito alegó igual, entre otras cosas, para felicitar al fiscal, el impensado (¿?) y entusiasta colaborador en su defensa del viudo. Sus hijos –los del imputado- lo escuchaban sorprendidos. Detrás de ellos, Juan Dalmasso, el hombre que hizo renunciar a su madre a la querella y participó de la marcha de las organizaciones feministas para reclamar justicia por Nora, los acompañó solidario.

El alegato de Rivero fue una descripción inconexa de los desaciertos procesales en que incurrieron durante los últimos tres lustros sus colegas Javier Di Santo, Fernando Moine, Marcelo Hidalgo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Todos fiscales que siguen en carrera –algunos, como el propio Rivero, incluso fueron ascendidos- y gozan de buena salud. Son los engranajes de un Ministerio Público Fiscal y un Poder Judicial que Rivero elogió sin pudor.

El fiscal cuestionó a la Policía provincial y elogió a la Judicial, pero omitió decir que a Facundo Macarrón lo imputaron sobre la base del trabajo de esta última; atribuyó a Alberto Bertea, por entonces secretario de Seguridad de la Provincia, la llegada del comisario Rafael Sosa y su banda para inculpar a un perejil, exculpando a Daniel Lacase; pero insinuó que la acusación de Pizarro debió incluir a Daniel Lacase y Silvia Magallanes como autores intelectuales del homicidio de Nora –y que Macarrón debió ser acusado como partícipe necesario-, pero no pidió que se los procesara por falso testimonio; defendió el sistema de jurados populares y pidió mayor apego a la oralidad, pero nada dijo de la inusual cantidad de testimonios y pruebas que se incorporaron a este proceso por lectura; elogió con desmesura a la bióloga molecular Nidia Modesti y atacó sin piedad al bioquímico Daniel Zavala, quien sostuvo y sostiene que encontró semen en la escena del crimen, en sintonía con lo determinado años después por el laboratorio del FBI.

¿Otro amante?

Soberbio, petulante, desordenado, sin convicción para mantener la acusación de Pizarro ni valor para cambiarla, Rivero –igual que Brito- prefirió polemizar con los periodistas, sin nombrarlos. Y quejarse airadamente de que hubo un juicio “adentro” y otro “afuera” de la sala de audiencias, del que dijo haber sufrido presiones “mediáticas y sociales” (sic). Agregó, orgulloso, que en los “dos juicios” que se realizaron en simultáneo –en la sala y en los medios-, en uno se respetaron las garantías constitucionales, mientras que en el otro se juzgó con liviandad “a policías, forenses, al Ceprocor, a Lacase, a Magallanes, a Rohrer y a la propia Nora Dalmasso”, a quien definió como “una mala víctima”.

“Acá hay un solo juicio –advirtió Rivero-: el que se le hace a Marcelo Macarrón conforme al hecho imputado por el fiscal Pizarro”. Pero no explicó por qué, si tenía tantas dudas sobre la acusación de Pizarro, no lo convocó para que lo auxiliara en el debate. Ni por qué suscribió con tanto entusiasmo su renuncia a la prueba genética sin proponer siquiera un careo entre Modesti y Zavala, o la convocatoria a otros genetistas que ilustraran al jurado en una discusión que obviamente excedía (técnicamente) a las partes.

Rivero cuestionó a Di Santo por imputar a Facundo Macarrón sobre la base de prejuicios sexuales; a Miralles, por aferrarse a la prueba genética; y a Pizarro, por hablar de un sicario cuando todos los forenses coincidieron en que antes de morir Nora tuvo relaciones sexuales consentidas con su victimario. “El Poder Judicial de Córdoba es de excelencia”, dijo muy suelto de cuerpo. “El mejor Poder Judicial es el de Córdoba”, agregó para no dejar dudas. Pero fue ese mismo Poder Judicial el que –se quejó- no le proporcionó ni una prueba, ni siquiera un indicio, que vinculara a Macarrón con el crimen de su esposa. Sólo el espíritu corporativo que prima en Tribunales evita considerar su alegato como una pieza verdaderamente delirante. ¿Primará este espíritu también en la Legislatura de Córdoba o alguien se animará a pedir el juicio político del fiscal/abogado? Hasta ahora, pese a su repercusión mediática, ningún dirigente político se hizo eco de lo que pasó en el juicio. Y el único magistrado que osó cuestionarlo, Emilio Andruet, será acusado por Brito ante el tribunal de ética de la Asociación de Magistrados.

El juicio oral era la última esperanza de buscar justicia por Nora Dalmasso. Pero en casi cuatro meses de audiencias lo único que se logró fue revictimizar a la víctima. Rivero sostuvo en su alegato que a Nora no la mató un sicario, ni su marido, ni su amante confeso –el nunca citado Guillermo Albarracín- ni su amante nunca probado (Rohrer). Pero insistió en que la persona que la ahorcó la conocía y tuvo sexo consentido con ella. ¿Entonces había un tercer amante? ¿Esta es la “perspectiva de género” en la que Rivero encuadró su deslucida actuación en este juicio? En un acto de cinismo que ya es habitual en Río Cuarto, prometió enviar todos los cuerpos del expediente para que se retome la investigación del crimen de Nora… ¡que está prescripto!

Oxímoron

El previsible epílogo del juicio contra Macarrón es resultado de un novedoso oxímoron judicial: Rivero inauguró la figura del fiscal defensor, el representante del Ministerio Público Fiscal que, en lugar de acusar, defiende al imputado. Su actuación no deja cabos sueltos y apaña la patética puesta en escena que fue el juicio oral y (no tan) público que consumió la mitad del año judicial.

Porque este no fue un juicio, sino apenas una parodia. Si hubiera actuado un fiscal, el jurado popular podría haber merituado las pruebas para votar por la inocencia o culpabilidad del imputado. Pero, a pesar de la orfandad probatoria, incluso eso era un riesgo. ¿Y si tantas mentiras escuchadas a lo largo de las audiencias predisponían al jurado popular contra el imputado? ¿Y si, como ocurrió en otros casos, lo condenaban a pesar de la falta de pruebas? Plantearlo ahora es contrafáctico, pero la ausencia de la querella fue determinante en este juicio. No había que dejar cabos sueltos. Juan Dalmasso dio el primer paso. Rivero, el último. Con su previsible pedido de absolución, impidió que votara el jurado popular.

El oxímoron Rivero le hace honor al Poder Judicial de Córdoba, que corona con la impunidad el penoso derrotero judicial que tuvo la investigación del homicidio de Nora Dalmasso. Que, por cierto, no descansa en paz.

Por Hernán Vaca Narvaja. Especial para Puntal