Con la exposición de los abogados defensores del exministro de Salud, Diego Cardozo, este miércoles concluyó la etapa de alegatos en el juicio por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal. La audiencia dejó declaraciones técnicas, explicaciones controvertidas y una metáfora que no pasó desapercibida.
El último turno en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación fue para la defensa de Cardozo, a cargo de los abogados Germán Matheu y Maximiliano García. El exfuncionario está acusado de encubrimiento agravado y omisión de deberes de funcionario público, por su presunta inacción ante los hechos que derivaron en la muerte de cinco recién nacidos y ocho bebés con severos daños entre marzo y junio de 2022.
En una presentación extensa, los letrados buscaron desarticular el eje de la acusación: que Cardozo supo antes del 6 de junio de 2022 sobre hechos sospechosos en el Neonatal y no actuó en consecuencia.
"Lo único probado es que era ministro de Salud. De allí, los acusadores infieren sin pruebas que él sabía. Eso no es justicia, es suposición", afirmó el abogado Germán Matheu ante el jurado popular.
Pero fue en un intento por ilustrar su punto que el abogado ofreció una comparación que resultó chocante: “¿Ustedes creen que el ministro de Educación es avisado cuando las tizas llegan rotas a la escuela?”. La frase, con la que pretendía graficar que un ministro no puede estar al tanto de todo lo que ocurre en su cartera, se sintió inadecuada para el contexto de un juicio que investiga la muerte de bebés. El paralelo entre elementos escolares y vidas humanas fue calificado por más de un asistente como “burdo” y “desafortunado”.
A la salida de la audiencia, el propio Cardozo enfrentó a los medios. “Tomé conocimiento el 7 de junio, impartí directivas inmediatas y eso está probado. Gracias a esas decisiones no tuvimos que lamentar ningún hecho más”, insistió, marcando su posición de que su gestión actuó con rapidez y eficacia una vez que supo lo que ocurría.
El exministro también se defendió de las acusaciones sobre ocultamiento: “La orden de denunciar se dio y está probada. El esqueleto de la denuncia se elaboró y se presentaba el 28. Pero apareció una denuncia anónima que derivó en la intervención de la Justicia”.
Consultado sobre si se arrepentía de algo, Cardozo evitó hablar de errores. “En su momento hicimos lo que había que hacer. No hubo ocultamiento. Lo que hubo fue un análisis técnico y una respuesta inmediata cuando se tuvo certeza de que algo grave ocurría”.
Por su parte, ante los medios, el abogado Matheu también cuestionó el accionar del Ministerio Público Fiscal. "Las denuncias que se hicieron el 7 de junio ya contenían elementos suficientes para actuar. Pero la fiscalía no hizo nada", lanzó. Y agregó: “Hoy se juzga todo con el diario del lunes, con elementos que antes no estaban disponibles. Pero las decisiones se tomaron con lo que se sabía entonces”.
La defensa centró su alegato en destacar que hubo dos denuncias hechas el mismo día que los funcionarios de salud tomaron conocimiento de las muertes y que, a las 72 horas, los informes toxicológicos confirmaban niveles altos de potasio. Según sostienen, fue entonces cuando se ordenó investigar.
Con el alegato de la defensa de Cardozo culmina una etapa clave del juicio que se inició en enero. Lo que sigue será decisivo: el lunes 9 y martes 10 de junio se escuchará la penúltima palabra de las madres. A partir del miércoles 11 hablarán por última vez los acusados, entre ellos la enfermera Brenda Agüero, principal sospechosa como autora material de los hechos. Finalmente, el 18 de junio, el tribunal dará a conocer su veredicto.
Mientras tanto, la polémica sigue viva dentro y fuera de la sala. Las palabras de la defensa, técnicas por momentos, controversiales por otros, dejan una pregunta flotando: ¿fue suficiente lo que se hizo cuando se supo? El tribunal deberá definir si Agüero es realmente una asesina serial, pero también decidir si hubo desidia o reacción tardía, y si esa demora puede cargarse sobre los hombros del entonces ministro y los otros diez funcionarios acusados en la causa más oscura de la historia de la Justicia cordobesa.