Un juicio no tan público

La Cámara Primera del Crimen desalojó de la sala de audiencias a los periodistas que se negaron a entregar su teléfono celular, que tenían apagado. En la sala de prensa no había wifi.

Las autoridades de los tribunales de Río Cuarto y la Cámara Primera del Crimen hicieron ayer nuevamente los deberes para ensanchar la brecha que hoy los separa del resto de la sociedad, al imponer restricciones en materia de seguridad y acceso a la información que alteraron el trabajo tanto de los empleados del Poder Judicial como de los periodistas. Con llamativo desconocimiento de la lógica de los medios digitales en la era de internet y las redes sociales –donde la inmediatez alimenta la insaciable voracidad del ecosistema comunicacional-, solo se permitió la permanencia en la sala a aquellos periodistas que se apegaran al viejo método de la libretita y la birome.

Se le explicó una vez más –ya lo había hecho el Cispren el viernes- al presidente de la Cámara del Crimen que los celulares son una herramienta imprescindible para los periodistas.

Se asumió el compromiso de mantenerlos apagados y guardados y activarlos recién una vez abandonada la sala. Se le recordó que a los periodistas que habitualmente cubren juicios en los tribunales locales nunca –pero nunca- los obligaron a desprenderse de sus teléfonos celulares para cubrir una audiencia.

Pero no hubo caso: el tribunal se mostró inflexible. Quienes nos negamos a entregar nuestra herramienta de trabajo fuimos desalojados de la sala de audiencias y tuvimos que subir resignados a una de las dos salas de prensa acondicionadas para la ocasión. Ya con los celulares encendidos –y colapsados por los mensajes que llegaban sin tregua de distintos puntos del país, quisimos informar de la mala nueva por las redes sociales pero… ¡oh, sorpresa! En ninguna de las dos salas de prensa había wifi. El espectáculo de cronistas, reporteros gráficos y camarógrafos caminando bajo el sol en la afanosa búsqueda de una señal de wifi abierta que les permitiera transmitir –la preferida fue la del Centro Cívico- contrastó con el aislamiento en que quedaron los protagonistas del caso que hace 15 años conmocionaba al país.

¿Por qué los magistrados no les confiscaron los celulares a los periodistas que cubrieron el juicio contra Sergio Medina, el albañil de Las Albahacas condenado sin pruebas por el homicidio de Claudia Muñoz? Macarrón pareciera gozar de algunas prerrogativas.

¿Es concebible que en pleno Siglo XXI el Poder Judicial asigne una sala de prensa sin wifi a los periodistas? Parece una broma de mal gusto. Pero en el contexto del caso Dalmasso –uno de los mayores bochornos judiciales en la historia de la provincia de Córdoba-, es difícil atribuir el yerro a mera negligencia o impericia de las autoridades del desacreditado Poder Judicial mediterráneo. Peor aún: abona la sospecha de que no todos somos iguales ante la ley. O, en todo caso, que algunos son más iguales que otros. En un país signado por la desigualdad resulta doblemente irritante que se apañen privilegios desde un poder del Estado que debería garantizar equidad y transparencia.

¿Por qué los magistrados no les confiscaron los celulares a los periodistas que cubrieron el juicio contra Sergio Medina, el albañil de Las Albahacas condenado sin pruebas por el homicidio de Claudia Muñoz? ¿Por qué nadie impidió que los periodistas cronicaran con sus naturales herramientas de trabajo –los celulares- las alternativas del juicio a los Vargas Parra en el mediático caso Sabena? ¿A nadie se le ocurrió confiscarle los teléfonos a los periodistas que confirmaron el encubrimiento policial en el juicio abreviado al excomisario Oyarzábal, realizado hace apenas 30 días? ¿Qué cambió desde entonces?

Marcelo Macarrón pareciera gozar de algunas prerrogativas que no tuvo ni tendrán otros imputados en los Tribunales de Río Cuarto. Llegó libre al juicio oral y público, pese a que sobre él pesa una acusación tan gravosa –instigador del crimen de su esposa- que prevé una pena de prisión perpetua. Tampoco estuvo preso cuando el fiscal anterior, Daniel Miralles, lo imputó como autor material del homicidio de Nora Dalmasso.

Por disposición de la administración de tribunales, el domingo a la noche se valló la calle que enfrenta al Palacio de Justicia con el Centro Cívico para que el traumatólogo pudiera ingresar sin ser molestado por los periodistas. Rápido de reflejos, su abogado Marcelo Brito lo hizo recorrer el interminable corredor que separa el ingreso al Palacio de la puerta de acceso a la sala de audiencias. Estoico, el viudo enfrentó el vía crucis mediático con su mejor cara de circunstancia. Contestó las preguntas sin enojarse, escoltado por sus fieles escuderos Facundo y Valentina.

Fue una puesta en escena que contrastó con la ruidosa ausencia de los familiares de la víctima, que dejaron un ostensible vacío en la amplia sala de audiencias, cubierta apenas por los 16 jurados populares suplentes, tres periodistas que accedieron a desprenderse de su celular y un pequeño grupo de curiosos que se acercó a presenciar el histórico juicio oral y público menos público de la historia contemporánea de la ciudad.