Condena unánime: el Jury destituyó a los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro

En una condena unánime, el Jury destituyó a los fiscales Javier Di Santo, Miralles y Pizarro. Según el veredicto, fue por negligencia grave y mal desempeño.

El 20 de mayo a las 9 se darán a conocer los fundamentos.

La fiscal adjunta Bettina Croppi había pedido la destitución y las defensas de los acusados, la absolución.

Facundo Macarrón dijo que “hubo justicia” y agregó que fue “una reivindicación a Nora Dalmasso”. Las defensas dijeron que se removieron fiscales sin haberle hecho juicio a Roberto Bárzola.

En la recta final del Jury de Enjuiciamiento, este miércoles a las 8.30 comenzaron los alegatos en la Legislatura, en un clima de expectativa por el veredicto final.

Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro están acusados de presunto mal desempeño por el caso Nora Dalmasso.

Primero presentó su alegato la fiscal adjunta Bettina Croppi, quien pidió la destitución de los funcionarios judiciales y luego fue el turno de los defensores de los fiscales, quienes solicitaron absoluciones.

El jury estuvo presidido por la legisladora Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba) e integrado por sus pares Facundo Torres (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (UCR) y Walter Gispert (Frente Cívico) y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti.

La fiscal general adjunta Bettina Croppi fue la primera en hablar en la ronda de alegatos del jury. Durante su planteo sostuvo la acusación contra Di Santo, Miralles y Pizarro.

En muy duros términos, Croppi se preguntó «¿por qué Di Santo descartó como sospechoso a Barzola si todos lo señalaban?». Además, añadió que, al iniciarse la investigación, «el fiscal Di Santo ya había abandonado la única línea investigativa sobre un obrero (Gastón Zárate) y se dedicó a investigar a Facundo Macarrón, a quien imputó inmediatamente».

La fiscal señaló que Di Santo decidió imputar a Facundo Macarrón a partir de «una leve sospecha», pese a que había «hipótesis fáctica contra Bárzola». Además, Croppi resaltó que tampoco se tomó en cuenta ninguna otra línea investigativa contra los operarios que trabajaban por la zona ni contra ningún cualquier otro agresor sexual. Sin embargo, los fiscales «siempre fueron contra la familia».

Croppi sostuvo que en todo el proceso los funcionarios judiciales no tuvieron perspectiva de género y fueron contra Nora como una «mala víctima», tal como había dicho Facundo Macarrón en su declaración en el jury. «La víctima de este homicidio era el pobre viudo, engañado por una casquivana promiscua. Esta fue la línea sobre la que se basó la investigación», declaró tajantemente.

La fiscal profundizó en la falta de perspectiva de género durante la causa y en el poco respeto que había hacia la víctima: «No había ningún resquicio de la intimidad de Nora que no haya quedado sin investigar, hasta los tratamientos de belleza que se realizaba».

En ese sentido, Croppi aseguró que, tras la imputación al hijo de Nora, desde la Fiscalía se pasó de la «mala víctima» a cuestionarse la sexualidad de Facundo, como si hubiera sido un conflicto entre madre e hijo que motivó el asesinato. La fiscal sostuvo que durante la investigacion se tuvo más en cuenta el escándalo que provocaba el caso en la sociedad el caso que la búsqueda por conocer la verdad: «se alejó de la evidencia científica y se acercó a un juicio moral».

Durante su alegato la acusadora detalló que, a dos meses del asesinato, Roberto Bárzola fue citado a declarar en calidad de testigo pero nunca fue investigado en profundidad cómo dicen los fiscales. «¿Le preguntan sobre las cosas que quedaron sin investigar? ¿Bárzola qué hiciste esa noche? ¿dónde estuviste antes de ir a lo de Macarrón? No, señora presidenta, ninguna pregunta de esas le hicieron. Sólo le preguntaron qué hicieron los pintores, dónde trabajaban. Evidentemente estaban tras Zárate», sostuvo, en referencia al pintor acusado de ser el asesino.

En esa línea, Croppi rechazó la versión de los fiscales que sostiene que Bárzola estuvo en el foco de la investigación en algún momento. «Nadie escuchó los 21 casettes que se grabaron de la intervención telefónica a Bárzola. Nadie. ningún comisionado ni nadie de la Fiscalía», dijo, a lo que agregó que tampoco se tuvo en cuenta con quién se comunicó el carpetista: «¿Qué pasó con la lista sábana de las llamadas? Nada. Está el oficio en el que se piden. No hay ninguna constancia en la causa de que se haya cumplimentado el oficio, que se haya analizado con quién hablaba en un primer momento, nada».

«Yo me pregunto: ¿por qué no se investigó a Bárzola con la misma exhaustividad con la que se investigó a Zárate?», fustigó la fiscal ante la sala. De manera contundente, Croppi planteó que «los pilares sobre los que los tres fiscales se apoyan para señalar enfáticamente que investigaron a Bárzola, se derrumban».

Durante el final de su alegato, la acusadora planteó que Di Santo, Miralles y Pizarro ejercieron «omisiones precisas y concretas, que se traducen en una actitud de evidente desidia en el cumplimiento del rol que la ley les asigna».

Croppi aseguró que en el obrar de los acusados se realizaron «inexplicables anormalidades, que se perpetraron a lo largo de los más de 13 años de los que fueron responsables de la tramitación de la causa y que importaron una renuncia deliberada ante el cubrimiento de la verdad real».

Por último, la fiscal general adjunta indicó que tanto Miralles, Di Santo y Pizarro «abocaron su esfuerzo en un sin número de medidas, algunas de ellas carentes de toda verosimilitud, racionalidad y otras con una declarada falta de respeto por los derechos de la víctima».

Durante la tarde fue el turno de uno de los defensores de Daniel Miralles, Daniel Fernández. El letrado manifestó sentirse sorprendido por la acusación de Croppi contra su defendido y dejó en claro que esa imputación se enfunda «en lo que hoy se sabe, bien o mal, sobre Bárzola».

Fernández sostuvo que le causó sorpresa que la fiscal general adjunta se expresara «con tremenda contundencia y certeza» sobre la culpabilidad de Bárzola, considerando que Croppi pretendió desde un principio construir esa imputación «como una obviedad».

Ante la acusación de la fiscal general adjunta de la ausencia de perspectiva de género en la investigación y del debate por el consentimiento de la víctima, el abogado de Miralles aseguró creer que esas cuestiones no se corresponden con la acusación, «que lesiona el derecho de defensa y, por lo tanto, no pueden ni siquiera ser consideradas».

En otro pasaje de su alocución, el defensor se refirió a la actuación en el caso del fiscal general de ese momento Gustavo Vidal Lascano, sobre quien aseguró que la muestra acredita que supervisó y dio directivas específicas sobre la instrucción. En ese sentido, Fernández añadió que Javier Di Santo, «no podía discutir la actuación de un superior», por lo que «en ningún momento, el fiscal general visualizó que la investigación debiera dirigirse hacia Bárzola», trasladando de esta manera la culpabilidad sobre la máxima autoridad judicial de la provincia.

Por último, dejó en claro que durante la actuación de Miralles «la pista Bárzola no era visible ni posible con los elementos reunidos».

El otro defensor de Miralles, Emilio Andruet, argumentó que el fiscal tuvo que imputar a Marcelo Macarrón porque tenía «elementos suficientes para hacerlo» y que, de no acusarlo, le habrían realizado un jury por mal desempeño.

Al igual que Fernández, Andruet aseguró que Vidal Lascano había intervenido en la causa y que claramente «omitió algo». El abogado también sostuvo que Croppi «se olvidó del triunvirato que se formó a partir de la disposición de la Fiscalía General en noviembre del 2006, porque si ellos actuaron mal, acá no debería haber más gente».

Carlos Pajtman, representante legal de Luis Pizarro, volvió a rechazar la acusación de Croppi y manifestó tajantemente que los abogados «no defendemos de opiniones, no defendemos de supuestos, nos defendemos de hechos», refiriéndose a la participación de Bárzola en el crimen y su presunta autoría. En ese punto coincidió con el letrado Fernández sobre la violación de la garantía de la defensa.

El defensor de Pizarro argumentó que la acusación de la Fiscal General Adjunta no tiene asidero, alegando que Croppi «no explica muy bien cómo es esa desatención, en qué consiste, en qué tiempo, en qué parte de este expediente y cómo se hizo», porque para la defensa «no existió esa desatención».

Por último, Pajtman repudió la comparación de la actuación de Pizarro y la de Pablo Jávega en la causa, aludiendo que esa equiparación «tampoco nos lleva a nada, porque comparar lo incomparable no tiene noción jurídica».

Luego el mismo fiscal Pizarro fue quien pidió el derecho a réplica, donde rechazó la relevancia del informe del FBI y lo consideró un «cachivache», alegando que ese documento fue hecho «de compromiso» y que no aportó nada a la investigación.

Más tarde, la fiscal general adjunta Bettina Croppi respondió a la acusación de Pajtman y alegó que la tarea «de los representantes del Ministerio Publico Fiscal es justamente esa, la de emitir opiniones y en esta causa el Ministerio Publico Fiscal emitió opinión cuando los acusó».

Ante la acusación de imparcialidad por parte de la defensa de los fiscales, Croppi argumentó que la «imparcialidad de actuación es sólo exigible a los jueces, los miembros del Ministerio Publico Fiscal no debemos ser imparciales y no lo somos porque somos una parte del proceso», agregando que a quienes ejercen su función se le deben exigir «objetividad y lealtad procesal». La funcionaria detalló que este último punto se caracteriza por que las «conclusiones tienen que estar conforme a los argumentos y a la prueba reunida».

La fiscal general también impugnó la acusación de la defensa de los fiscales y señaló que la Fiscalía General «en ningún momento pretendió hacer una defensa de la forma de actuar del fiscal Jávega». Además, señaló que no hubo «prejuicio clasista» en sostener que Bárzola tenía que ser investigado, ya que fue una de las personas que estuvo en el domicilio del crimen.

Por último, Croppi rechazó que la cuestión de género no haya estado desde un principio en la acusación contra los fiscales. «No es cierto, les recomiendo la lectura de la acusación, que en un gran párrafo se refiere sobre la falta de apertura de género en el modo en que se condujo la investigación”.