El corazón de este nuevo modelo reside en la creación de la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFF), un cuerpo de nueve fiscales con dedicación exclusiva que trabajarán las 24 horas del día para procesar el 85% de los delitos que hoy ingresan al sistema penal cordobés. Para optimizar el trabajo, la ciudad ha sido dividida operativamente en dos grandes sectores que funcionarán como filtros de recepción: la Sede Norte, ubicada en la ex Comisaría 13 de Diagonal Ica, y la Sede Sur, situada en el Polo Judicial de barrio Observatorio. Es importante aclarar que estos espacios no funcionarán como centros de alojamiento o detención permanente, sino como puntos de recepción ágil donde, tras un control médico e identificación, se definirá rápidamente el destino del aprehendido.
Esta división territorial permitirá que un patrullero que realiza una detención en un barrio periférico recorra una distancia mucho más corta para entregar el procedimiento, realice una carga de datos estandarizada y regrese a su tarea de prevención de manera casi inmediata. Además, se garantiza que los derechos de los involucrados se respeten desde el primer minuto: la Defensa Pública contará con equipos profesionales con horarios extendidos en ambas sedes para brindar asistencia legal temprana a quien lo necesite.
La agilidad del sistema se basa en la oralidad y en la toma de decisiones tempranas. A diferencia del modelo anterior, donde cada expediente pasaba por un sinfín de decretos escritos, ahora los fiscales y los defensores buscarán salidas proporcionales a cada conflicto, incorporando incluso mecanismos de negociación y justicia restaurativa. Esto significa que no todos los casos terminarán en un juicio largo o en el encierro preventivo, sino que se priorizarán soluciones que reparen el daño de manera efectiva y busquen recuperar la convivencia social.
Complementando esta estructura de respuesta rápida, el sistema se apoya en una fuerte bajada al territorio a través de las nuevas Unidades Territoriales Integradas. Estas dependencias, que comienzan a operar en los barrios Los Boulevares y Santa Isabel, buscan que el mapa de la justicia coincida finalmente con el mapa de la prevención policial. Aquí es donde el vecino recupera protagonismo, ya que podrá conocer con nombre y apellido quiénes son las autoridades responsables de su seguridad. En estas sedes, los fiscales trabajarán cara a cara con los comisarios y jefes de investigación de cada sector, permitiendo que la información sobre la conflictividad de cada barrio se analice en tiempo real. La intención es que el servicio de justicia deje de ser un trámite anónimo y lejano para convertirse en una cara visible en la comunidad, facilitando el acceso a denuncias y el seguimiento de casos sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad.
Esta herramienta permite que cualquier ciudadano sepa exactamente a quién acudir y quién tiene la obligación legal de investigar lo que sucede en su cuadra, rompiendo con el histórico anonimato institucional que muchas veces alimentaba la sensación de impunidad. Sin embargo, el éxito de esta "justicia exprés" plantea un desafío logístico ineludible: la presión sobre el sistema carcelario. Al acelerarse los procesos y multiplicarse las condenas efectivas en tiempos tan cortos, la tensión sobre el Servicio Penitenciario de Córdoba será extrema, dada la sobrepoblación que ya registran los penales.
A partir de este lunes, el mensaje para la ciudadanía y para quienes delinquen es que el Estado ha decidido profesionalizar su respuesta: si el delito es flagrante, la justicia también lo será.
