La impunidad sigue siendo una carga que avergüenza a la democracia argentina
Bajo la consigna "Que la Justicia no se lave las manos. Este año el acto es virtual pero el reclamo es tan real como siempre", se realizó el pasado sábado el acto por los 26 años del atentado terrorista a la Amia, que dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 personas heridas.
Desde el 18 de julio de 1994, a las 9.53 de la mañana, el tiempo de la justicia está detenido. Desde entonces, la democracia argentina tiene una carga que avergüenza y agobia: la impunidad.
El saldo de destrucción y muerte que provocó el peor atentado terrorista que sufrió la Argentina en toda su historia es una herida que todavía no puede cicatrizar.
A 26 años de la explosión de la bomba en la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), estremece tener que repetir el mismo reclamo.
Produce mucho dolor que nadie haya pagado por la masacre cometida, por un delito de lesa humanidad que fue ideado, planeado y ejecutado para destruir y sembrar el horror.
Los responsables
A pocas semanas de ocurrida la explosión, la investigación judicial ya había establecido que el atentado había sido perpetrado mediante el uso de un coche-bomba, y que Irán y sus diplomáticos destacados en la Argentina, así como la organización terrorista Hezbollah, fueron los responsables del ataque, junto a una conexión local de la que el reducidor de autos robados Carlos Telleldín sin dudas había formado parte.
La Justicia argentina ha emitido órdenes de captura internacional contra exfuncionarios del gobierno de ese país, pero no se ha podido arrestarlos para que fueran traídos a la Argentina para ser juzgados, a pesar de que una y otra vez viajan a otros países donde reciben cobijo y se mantienen al margen de la ley.
Es importante destacar que Hezbollah no es una amenaza del pasado. Es una amenaza presente que debe ser neutralizada y rechazada enérgicamente.
Por eso, la insistencia de nuestro pedido a las autoridades nacionales para que extremen sus esfuerzos políticos y diplomáticos para que los pedidos de capturas internacionales sigan vigentes en Interpol, y para que la comunidad internacional colabore con el reclamo argentino de justicia: se debe seguir exigiendo que si uno de los acusados del crimen de 85 personas viaja fuera de Irán, sea inmediatamente detenido y puesto a disposición del juez y los fiscales de la causa.
Registro de terroristas
El año pasado se creó en la Argentina el primer registro nacional de personas y agrupaciones vinculadas con el terrorismo, que sigue vigente hoy.
El hecho reviste suma importancia porque designa a Hezbollah como organización terrorista y porque comenzó a marcar el rumbo en la región, que ya siguieron Paraguay, Honduras, Guatemala y Colombia.
Para combatir en serio el flagelo del terrorismo es hora de que todos llamemos las cosas por su nombre: Hezbollah es una agrupación terrorista, y su vinculación con el atentado a la Amia está completamente probada en el expediente judicial.
También está confirmado que, para concretar su plan asesino, los imputados no pudieron actuar solos, sin apoyo local.
Sin embargo, 26 años más tarde y a pesar de todas las pruebas existentes, no hay una sola persona condenada y cumpliendo pena por el crimen de lesa humanidad perpetrado en la terrible mañana del 18 de julio de 1994.
La impunidad
Conocemos al menos gran parte de la verdad de lo ocurrido entonces, pero la impunidad sigue presente.
A 26 años del atentado, hacer justicia es una deuda que el Estado argentino mantiene con la memoria de las 85 personas que fueron asesinadas.
Sus familiares aún esperan un acto de justicia que repare, en parte, el sufrimiento con el que conviven desde hace más de un cuarto de siglo.
Necesitamos un Poder Judicial que sea efectivo, que dé respuestas de manera rápida, que con decisiones concretas ponga punto final a la impunidad que llevamos denunciando en este largo y penoso tiempo.
Hasta que la Justicia se haga presente, seguiremos de pie con nuestro reclamo y honrando la memoria de las 85 personas que fueron asesinadas aquel 18 de julio de 1994.
Perseguir justicia es un imperativo moral e irrenunciable que no abandonaremos.