La Justicia de EE.UU. falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones al fondo Burdford Capital, tras la expropiación de la petrolera, en 2012.
Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
La decisión del tribunal revisor fue dividida, con una votación de 2 a 1. En sus fundamentos, la mayoría de los jueces determinó que las reclamaciones por incumplimiento de contrato presentadas por los demandantes no eran reconocibles bajo los códigos civiles y el derecho público argentino, que son las normas que rigen el estatuto de la petrolera.
Este punto es crucial, ya que revierte el criterio anterior de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 había sentenciado que la Argentina violó los estatutos de YPF al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) durante el proceso de estatización liderado por el entonces ministro Axel Kicillof.
Con este nuevo fallo, la Justicia estadounidense reconoce la preeminencia de las leyes locales sobre el contrato comercial en disputa.
El presidente Javier Milei celebró la noticia con euforia, destacando que el trabajo conjunto entre la Procuración del Tesoro y la conducción de YPF, encabezada por Horacio Marín, permitió evitar un desembolso que, sumado al caso Woodford, alcanzaba los US$ 18.000 millones.
Si bien el fallo es un alivio inmediato para las reservas del Banco Central y provocó una fuerte suba en las acciones de la petrolera, el proceso no está cerrado definitivamente. Los fondos demandantes, liderados por Burford Capital, tienen como último recurso apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque el sólido argumento jurídico de la Cámara de Apelaciones debilita significativamente su posición.
El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones.

