La Justicia impuso una multa diaria al Gobierno por incumplir la cautelar sobre financiamiento universitario

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, titular del Juzgado N° 11, firmó este miércoles una resolución que establece multas diarias de 100.000 pesos al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a implementar aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las sanciones, denominadas jurídicamente astreintes, recaen sobre Santilli en su carácter de titular de la Jefatura de Gabinete, con sustento en el artículo 100 inciso 1 de la Constitución Nacional y el artículo 5 de la Ley 27.798. El magistrado aclaró que tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrán modificarse si el incumplimiento persiste. Entre quienes podrían quedar comprendidos en una eventual ampliación figuran la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

El origen del conflicto

La causa fue iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades públicas, para cuestionar el decreto 759/2025. Con esa norma, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.795 pero condicionó su aplicación a que el Congreso identificara las fuentes de financiamiento. La ley contempla la recomposición de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, la actualización de las becas estudiantiles y el incremento de los recursos destinados al funcionamiento del sistema universitario.

La cautelar, dictada por el propio Cormick en diciembre de 2025 y referida a los artículos 5 y 6 de la ley, fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y quedó firme en junio de este año, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Gobierno.

Plazos vencidos y multas efectivizadas

En septiembre, Cormick intimó al Estado a cumplir la medida en un plazo de cinco días, que venció el 22 de ese mes. Ante la ausencia de registros de pago, el magistrado prorrogó el plazo por igual término. El CIN presentó un escrito el martes 13 de octubre señalando que los pagos aún no se habían concretado y solicitó que se hiciera efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre. Al día siguiente, el juez hizo lugar al planteo.

La resolución también se dicta en concordancia con el fallo que el mismo Cormick emitió el 6 de octubre en la causa principal, donde declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 y ordenó aplicar la ley de manera inmediata. Aunque el Gobierno apeló ese fallo y el expediente principal está bajo estudio de la Cámara, el juez subrayó que la medida cautelar continúa activa y de cumplimiento obligatorio.

La administración nacional sostiene que los incrementos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaron el 226,80%, cifra que, según sus cálculos, supera levemente la inflación del período tomado como referencia. Sin embargo, Cormick consideró que esa documentación no acredita la recuperación del poder adquisitivo exigida por la norma. Respecto de las becas, el juez reconoció avances en la beca Manuel Belgrano pero señaló que otras obligaciones establecidas por la ley permanecen pendientes.

La decisión se conoció un día antes de la quinta marcha federal universitaria convocada para este jueves en todo el país.