Los titulares de planes de autoahorro se manifestaron ayer frente al edificio de Tribunales y dirigieron su reclamo a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia, que se encontraban en la ciudad para una visita institucional. El TSJ tiene que resolver sobre una causa en la que se discute la competencia de la Justicia provincial en estos conflictos, además de la vigencia y legitimidad de las medidas cautelares adoptadas oportunamente por los jueces cordobeses.
El máximo órgano judicial de la provincia “tiene en estudio, a fallo, una causa que ha venido en apelación, donde debe resolver acerca de la competencia de la Justicia ordinaria en esta problemática. Y también sobre la vigencia y legitimidad de las medidas cautelares adoptadas oportunamente”, indicó el abogado Carlos Gasó, vocero del grupo de los titulares de planes de autoahorro que se manifestaron frente a los Tribunales locales.
“En el petitorio, solicitamos que se resuelva lo antes posible la cuestión que está bajo análisis del Tribunal. Lo que está en estudio es la competencia de la Justicia para resolver sobre esta cuestión, como primer punto. Y el segundo tema es precisamente la vigencia y aplicación de las cautelares. Esto es lo que tienen que resolver hoy. Además, les solicitamos que nos den una audiencia para que les informemos de las nuevas situaciones que se han dado”, detalló Gasó.
Los ahorristas pretenden que el TSJ resuelva esta situación en tiempo prudente, ya que “cada día que pasa genera mayor incertidumbre, mayores problemas y una angustia terrible en cada uno de los ahorristas”.
Consultado respecto al número de afectados en la ciudad, el letrado indicó que estiman que en Río Cuarto hay más de diez mil afectados por este tipo de problemas, suscriptos a planes con diferentes empresas.
“Hay gente que empezó, hace tres años, pagando 5 mil pesos y hoy, con la cautelar, están pagando 40 mil de cuota”, graficó.
Gasó precisó que las administradoras pretenden ahora que además se pague “todo lo que ellos dicen que se debe”.
De acuerdo con el caso, esa diferencia que pretenden cobrar oscila entre los 300 y los 900 mil pesos y se lo exigen de una sola vez, explicó el abogado. “Y, si no, le ofrecen alguna facilidad de pago, pero a cambio de que renuncien a su derecho de reclamar en la Justicia. Es una trampa, una estafa”, amplió.
Desobediencia
Paralelamente, los ahorristas pidieron una audiencia con los vocales del TSJ para interiorizarlos de estas novedades, que consideran como una conducta de incumplimiento de las órdenes judiciales por parte de las empresas. En este sentido, denuncian que las administradoras desobedecen las órdenes judiciales, al exigir a los ahorristas que paguen la diferencia entre el valor pleno de la cuota y el determinado en cada caso por los jueces, y lo establecen como condición necesaria para levantar la prenda y disponer del vehículo.
Además, señalan que todo esto se hace mediante un verdadero acoso a los garantes y familiares de los titulares de los planes de ahorro.
“Los acosan”
Carlos Gasó, vocero del grupo de los ahorristas, resaltó que el padecimiento de los adjudicatarios está lejos de terminar.
“Las administradoras de los planes amenazan con rematar los vehículos, acosan a las garantías, y todo esto en el marco de la pandemia. Y lo último, lo más inverosímil, es que reclaman una deuda por la aplicación de la medida cautelar. ¿Qué significa esto? El juez dictó oportunamente una medida cautelar diciendo que, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, los ahorristas van a pagar una cuota reducida. Eso debieron hacer las administradoras. El problema ahora es cuando alguien quiere pagar la cuota 84, estas le dicen que tienen que abonarla junto a todo lo que no pagaron por aplicación de la medida cautelar”, puntualizó.
¿Esto ocurre con todas las empresas?
La pretensión de querer cobrarle al usuario la diferencia que surge de haber cumplido la cautelar es común a todas las compañías. Ha habido otros casos en los cuales dijeron que dejaban de aplicar la medida cautelar porque hubo un fallo de segunda instancia que las favoreció. Pero eso es absolutamente ilegal, ilegítimo, tanto es así que otras compañías lo están cumpliendo. Salvo lo de la cuota 84, todo el resto está en estudio, a fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

