Prevén un Juzgado Federal específico para narcotráfico
El proyecto que envió la Nación al Congreso establece la creación de un nuevo juzgado en Río Cuarto. El proceso de selección del juez tardaría hasta 2 años
Río Cuarto está cerca de tener un segundo Juzgado Federal, un reclamo que se viene planteando desde hace años. La ciudad está incluida en el programa que el gobierno nacional lanzó hace días en el Centro Cultural Kirchner y que contempla la creación de 94 nuevos juzgados en el interior del país, con una particularidad: tendrán competencia específica y estarán exclusivamente dedicados a combatir los delitos vinculados al narcotráfico.
En total, serían siete los juzgados en Córdoba; cinco de ellos se concentrarían en la ciudad capital mientras que Bell Ville sumaría uno al que ya tiene y lo mismo ocurriría con Río Cuarto.
En los hechos, se trata de un desdoblamiento del actual juzgado. La secretaría en materia penal se transformará, subirá de rango y se concentrará en ese tipo de delitos, según explicaron en el Consejo de la Magistratura. Así, se buscará descomprimir el trabajo del juzgado que está a cargo de Carlos Ochoa y que hoy no solamente tiene que abocarse a las causas de un amplio territorio sino que, además, es multicompetencia.
De todas formas, si bien hay fuertes chances de que el proyecto avance, todavía quedaría un amplio camino por recorrer.
Con apoyo político
En el Consejo de la Magistratura de la Nación consideran que la iniciativa llegó al Senado con amplio apoyo político, principalmente porque no sólo está firmada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, sino además por representantes de sectores del justicialismo, como Miguel Ángel Pichetto, lo que le garantizaría los votos necesarios para ser aprobada en la Cámara Alta.
Sin embargo, después de la votación y de la promulgación, se llamará a concurso público para que los postulantes puedan rendir para el cargo de juez federal. Después, debe producirse el acuerdo del Senado y el decreto del Ejecutivo para efectivizar el nombramiento y la asunción del nuevo magistrado.
Cuando se presentó el proyecto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, manifestó que el objetivo es terminar todo el proceso, hasta el nombramiento, en un máximo de dos años.
“La lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y hay un compromiso de todo el poder político, del Presidente, de los ministros, de los gobernadores para respaldar la labor que desarrollan los jueces, que muchas veces ponen incluso en riesgo su vida”, puntualizó el ministro de Justicia.
El plan enviado por el gobierno nacional contempla la creación de 94 juzgados federales en todo el país, excepto en Ciudad de Buenos Aires. La meta principal es reforzar las zonas de frontera para combatir el narcotráfico y el interior del país.
Según las previsiones del gobierno nacional, los concursos públicos para elegir a los nuevos jueces federales durarán seis meses y los exámenes se harán en directo por la web para sumar un elemento de transparencia al proceso.
En total, serían siete los juzgados en Córdoba; cinco de ellos se concentrarían en la ciudad capital mientras que Bell Ville sumaría uno al que ya tiene y lo mismo ocurriría con Río Cuarto.
En los hechos, se trata de un desdoblamiento del actual juzgado. La secretaría en materia penal se transformará, subirá de rango y se concentrará en ese tipo de delitos, según explicaron en el Consejo de la Magistratura. Así, se buscará descomprimir el trabajo del juzgado que está a cargo de Carlos Ochoa y que hoy no solamente tiene que abocarse a las causas de un amplio territorio sino que, además, es multicompetencia.
De todas formas, si bien hay fuertes chances de que el proyecto avance, todavía quedaría un amplio camino por recorrer.
Con apoyo político
En el Consejo de la Magistratura de la Nación consideran que la iniciativa llegó al Senado con amplio apoyo político, principalmente porque no sólo está firmada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, sino además por representantes de sectores del justicialismo, como Miguel Ángel Pichetto, lo que le garantizaría los votos necesarios para ser aprobada en la Cámara Alta.
Sin embargo, después de la votación y de la promulgación, se llamará a concurso público para que los postulantes puedan rendir para el cargo de juez federal. Después, debe producirse el acuerdo del Senado y el decreto del Ejecutivo para efectivizar el nombramiento y la asunción del nuevo magistrado.
Cuando se presentó el proyecto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, manifestó que el objetivo es terminar todo el proceso, hasta el nombramiento, en un máximo de dos años.
“La lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y hay un compromiso de todo el poder político, del Presidente, de los ministros, de los gobernadores para respaldar la labor que desarrollan los jueces, que muchas veces ponen incluso en riesgo su vida”, puntualizó el ministro de Justicia.
El plan enviado por el gobierno nacional contempla la creación de 94 juzgados federales en todo el país, excepto en Ciudad de Buenos Aires. La meta principal es reforzar las zonas de frontera para combatir el narcotráfico y el interior del país.
Según las previsiones del gobierno nacional, los concursos públicos para elegir a los nuevos jueces federales durarán seis meses y los exámenes se harán en directo por la web para sumar un elemento de transparencia al proceso.