Río Cuarto
La causa que defendía Darío Peralta: Por vender droga, piden prisión para una pareja riocuartense
El fiscal Julio Rivero solicitó 4 años y medio de cárcel para el hombre acusado de comercialización de estupefacientes y tenencia de arma, y 4 años para su pareja, que está con reclusión domiciliaria.
Una pareja riocuartense acusada de montar un kiosco de drogas en su domicilio podría recibir esta semana penas de prisión efectiva cuando se dé a conocer el veredicto, en los tribunales riocuartenses.
Así lo pidió el fiscal de la Cámara Primera del Crimen, Julio Rivero, en la última audiencia, durante los alegatos. Rivero solicitó 4 años y medio de cárcel para Eduardo Alberto Escudero, en tanto que para su pareja, Cintia Guadalupe Marietti, pidió 4 años de cárcel. A ambos los acusó de ser coautores de los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego.
Escudero llegó a juicio en libertad, en tanto que su mujer está cumpliendo prisión preventiva, en su vivienda. En su alegato, Rivero no pidió que se detenga a Escudero, por lo tanto, si se lo condena, el tribunal podría mantener su libertad hasta que el fallo quede firme.
La duda quedará despejada el jueves que viene, cuando la jueza Nora Sucaría emita su veredicto.
Funcionario cuestionado
Esta causa tuvo implicancias que van más allá de la comprometida situación de los acusados, pues uno de los abogados defensores era Darío Peralta, quien al inicio del proceso se desempeñaba como delegado del Ministerio de Justicia en Río Cuarto.
Cuando tomaron nota en Córdoba capital de la doble función que estaba desempeñando la cara visible del ministerio provincial, la noticia cayó como un baldazo de agua fría.
Rápidamente, se dispuso desplazar a Peralta de su cargo y colocar en su lugar a la directora de Protección de Derechos del Niño de la Senaf, la abogada Rosa Bazán. La funcionaria adelantó que su labor será provisoria hasta que se defina si se designa un reemplazante a Peralta.
Entretanto, en el Ministerio de Justicia de la Provincia iniciaron una investigación interna para evaluar si el funcionario que tenían como delegado en Río Cuarto infringió alguna ley al actuar como defensor en una causa por venta de drogas o si le cabe algún reproche ético, teniendo en cuenta que Córdoba ha hecho de la lucha contra el narcomenudeo una de sus banderas de gestión.
A los pocos días de hacerse pública esta situación, el hombre que se encuentra imputado de comercialización de drogas solicitó cambiar de abogado defensor. Así, Peralta dejó de intervenir en el proceso y en su reemplazo fue designado Fernando Arnaudo.
El pedido de los defensores
Tras tomarse un plazo para interiorizarse de la causa, Arnaudo intervino en la instancia de los alegatos que se cumplieron el 12 de abril pasado.
En esa oportunidad, el defensor pidió que su cliente, Eduardo Escudero, sea absuelto por el principio in dubio pro reo, es decir, por el beneficio de la duda, pues a su criterio no se encontraba acreditada la participación del acusado en los hechos.
Tanto Escudero como Marietti están acusados de haber participado de seis transas con cocaína entre los meses de agosto y noviembre de 2016, en la vivienda que la pareja tiene en el sector sur de Río Cuarto.
El defensor de la mujer, Benjamín Valverde, adhirió a la acusación que formuló Rivero, pero pidió a la jueza Nora Sucaría que se declare la inconstitucionalidad del mínimo de la escala penal para este tipo de delitos con drogas y le imponga la pena de 3 años de prisión de cumplimiento domiciliario.
Así lo pidió el fiscal de la Cámara Primera del Crimen, Julio Rivero, en la última audiencia, durante los alegatos. Rivero solicitó 4 años y medio de cárcel para Eduardo Alberto Escudero, en tanto que para su pareja, Cintia Guadalupe Marietti, pidió 4 años de cárcel. A ambos los acusó de ser coautores de los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego.
Escudero llegó a juicio en libertad, en tanto que su mujer está cumpliendo prisión preventiva, en su vivienda. En su alegato, Rivero no pidió que se detenga a Escudero, por lo tanto, si se lo condena, el tribunal podría mantener su libertad hasta que el fallo quede firme.
La duda quedará despejada el jueves que viene, cuando la jueza Nora Sucaría emita su veredicto.
Funcionario cuestionado
Esta causa tuvo implicancias que van más allá de la comprometida situación de los acusados, pues uno de los abogados defensores era Darío Peralta, quien al inicio del proceso se desempeñaba como delegado del Ministerio de Justicia en Río Cuarto.
Cuando tomaron nota en Córdoba capital de la doble función que estaba desempeñando la cara visible del ministerio provincial, la noticia cayó como un baldazo de agua fría.
Rápidamente, se dispuso desplazar a Peralta de su cargo y colocar en su lugar a la directora de Protección de Derechos del Niño de la Senaf, la abogada Rosa Bazán. La funcionaria adelantó que su labor será provisoria hasta que se defina si se designa un reemplazante a Peralta.
Entretanto, en el Ministerio de Justicia de la Provincia iniciaron una investigación interna para evaluar si el funcionario que tenían como delegado en Río Cuarto infringió alguna ley al actuar como defensor en una causa por venta de drogas o si le cabe algún reproche ético, teniendo en cuenta que Córdoba ha hecho de la lucha contra el narcomenudeo una de sus banderas de gestión.
A los pocos días de hacerse pública esta situación, el hombre que se encuentra imputado de comercialización de drogas solicitó cambiar de abogado defensor. Así, Peralta dejó de intervenir en el proceso y en su reemplazo fue designado Fernando Arnaudo.
El pedido de los defensores
Tras tomarse un plazo para interiorizarse de la causa, Arnaudo intervino en la instancia de los alegatos que se cumplieron el 12 de abril pasado.
En esa oportunidad, el defensor pidió que su cliente, Eduardo Escudero, sea absuelto por el principio in dubio pro reo, es decir, por el beneficio de la duda, pues a su criterio no se encontraba acreditada la participación del acusado en los hechos.
Tanto Escudero como Marietti están acusados de haber participado de seis transas con cocaína entre los meses de agosto y noviembre de 2016, en la vivienda que la pareja tiene en el sector sur de Río Cuarto.
El defensor de la mujer, Benjamín Valverde, adhirió a la acusación que formuló Rivero, pero pidió a la jueza Nora Sucaría que se declare la inconstitucionalidad del mínimo de la escala penal para este tipo de delitos con drogas y le imponga la pena de 3 años de prisión de cumplimiento domiciliario.