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La Justicia suspendió el pago de un subsidio de $ 5.000 para desocupados

La jueza María Servini ordenó al gobierno nacional abstenerse de entregar 114.000 planes sociales antes de las elecciones presidenciales porque “se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades”.
 
La jueza electoral María Romilda Servini dictó una medida cautelar por la cual ordenó al gobierno nacional abstenerse de hacer entrega de 114.000 planes sociales para desocupados, tal cual habían solicitado desde el Frente de Todos.

El Frente que lleva de candidato a presidente a Alberto Fernández había denunciado que con el otorgamiento de los planes se pretende "condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio".

Por ello el apoderado del PJ, Jorge Landau, había realizado denuncia penal contra el ministro de Trabajo y la Producción, Dante Sica, así como el secretario de Empleo Fernando Prémoli.

Señalaron que la resolución, firmada el 3 de octubre, y “no publicada en el Boletín Oficial”, consiste en un “plan social” para 114.000 desocupados, con subsidios de $ 5.000 por “única vez” para personas mayores de 18 años que no percibieran otros ingresos vía prestaciones sociales o previsionales.

Paralelamente se pidió una cautelar, a partir de la cual Servini ordenó restricción en forma preventiva "al señor ministro Sica a solo efecto de que se abstenga a disponer de los fondos de dicho Ministerio para dar cumplimiento con la resolución 117 hasta pasadas las elecciones generales previstas para el 27 de octubre".

Primero fue conocido a partir de noticias periodísticas que daban cuenta de planes sociales por $ 5.000 en una única vez, y que el mismo iba a ser distribuido por intendentes afines a Macri y la fórmula oficialista. Luego fue plasmado en la Resolución 1117 de la Secretaría de Empleo, que no fue publicada en el Boletín Oficial, y con un presupuesto de 570 millones.

La fecha de pago estaba prevista entre el 18 y 22 de octubre. Los únicos que se podían registrar para cobrarlo eran aquellas personas que estuvieran desempleadas en situación de emergencia alimentaria y no recibieran ningún plan.

La jueza en su fallo dijo que el otorgamiento de planes "podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años, es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social".

En definitiva, podría ser "un condicionante" ante la proximidad de las elecciones del 27 de octubre.



30.000, a Lomas de Zamora



También señalaron los apoderados que presentaron la denuncia, Jorge Landau y Gerónimo Ustarroz, que el Gobierno tenía un listado armado con los distritos y los montos en los que se entregaría el subsidio: “Más de una cuarta parte irá a Lomas de Zamora, con 153 millones de pesos para el pago de unos 30.000 subsidios. El Partido de San Martín es el segundo en importancia, con 62 millones presupuestados para 12 mil planes… y otros distritos destacados son la provincia de Chaco, con 37 millones de pesos y 7 mil subsidios; Formosa, con 34 millones para 6.800; Rosario, con 30 millones y 6 mil; Santa Fe ($ 28 millones y 5.600); Mar del Plata ($ 27 millones y 5.400); Corrientes (26 millones y 5.300). También fueron asignados recursos para La Plata, San Juan, Viedma, Neuquén, Entre Ríos, La Matanza, Catamarca y hasta la Capital Federal, con un monto de 10 millones para el pago de 2.000 subsidios".